Nombramiento en Interior

Marlaska ficha para su núcleo de confianza a la mano derecha de Lesmes en plena tormenta por el bloqueo del CGPJ

Los ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (i), e Interior, Fernando Grande-Marlaska, conversan durante un Pleno del Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha fichado para su equipo a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en medio del pulso que mantiene el Gobierno con el órgano de gobierno de los jueces por el bloqueo en su renovación y tras los nombramientos de seis puestos clave en el Tribunal Supremo a pesar de llevar casi dos años en funciones.

Según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras del nombramiento, Crisóstomo será designada por el Consejo de Ministros este martes como nueva jefa de gabinete de Grande-Marlaska después de la salida de su antecesora, Rocío García, el pasado mes de septiembre. De este modo, el ministro continúa configurando un equipo con personas vinculadas al mundo de la Justicia.

Crisóstomo se incorporará así al núcleo duro que rodea a Grande-Marlaska, quien desde las elecciones de noviembre de 2019 y la conformación de gobierno posterior ha ido haciendo un equipo más próximo y de su entera confianza en el que ya aupó al que fue el jefe de gabinete de Interior en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, el también juez Rafael Pérez Ruiz, a número dos del departamento, esto es, secretario de Estado de Seguridad.

Susana Crisóstomo había ejercido como asesora del gabinete de Presidencia del órgano de gobierno de los jueces hasta la primavera de 2019, cuando la anterior directora, la fiscal Ana Murillo, dejó el puesto. Así, accedió al cargo en una institución ya en funciones, pues los vocales y su presidente Carlos Lesmes debían haber sido renovados en diciembre de 2018.

Justicia y Educación

Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y por tanto con un perfil muy técnico alejado de la política, la futura jefa de gabinete de Grande-Marlaska estuvo desde finales de los noventa vinculada a la Secretaría de Estado de Justicia, con gobiernos de distinto signo, cubriendo diferentes áreas. Ejerció como coordinadora del Área de Apoyo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y vocal asesora del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Justicia, entre otras ocupaciones.

En 2008 fue designada por la entonces ministra socialista de Educación Mercedes Cabrera como integrante del Consejo Escolar del Estado, cargo en el que permaneció justo un año: cesó en junio de 2009, ya con Ángel Gabilondo al frente del departamento. Tres años después, y de vuelta en el Ministerio de Justicia que acababa de empezar a dirigir Alberto Ruiz-Gallardón en el primer gobierno de Mariano Rajoy, fue nombrada directora de gabinete del secretario de Estado Fernando Román.

Lo llamativo del nombramiento de Crisóstomo en Interior es que desde hace algo más de un año ejercía como jefa de gabinete y antes de eso como asesora en Presidencia del CGPJ, un órgano que ha sido recientemente puesto en cuestión por el Gobierno a raíz de los nombramientos que ha realizado a pesar de que desde hace casi dos años tiene el mandato caducado al no haber sido renovados los 20 vocales elegidos a finales de 2013. Lesmes ha dirigido varios mensajes a las fuerzas políticas y a las presidencias de Congreso y Senado para que cumplan con el mandato constitucional de elegir un nuevo Poder Judicial, pero las negociaciones entre los dos principales partidos, PSOE y PP, permanecen enquistadas.

Tras varios meses sin realizar nombramientos a la espera de conocer si los partidos se ponían de acuerdo, los vocales del CGPJ, con Lesmes a la cabeza, votaron la semana pasada, con un consenso pocas veces visto, seis plazas clave en el Supremo: tres de magistrado en lo Penal y tres presidencias de Sala. Siendo un Poder Judicial salido de la configuración del Parlamento cuando el PP tenía mayoría absoluta, estas designaciones mantienen la mayoría conservadora en el alto tribunal, muy lejos de la fotografía que arroja en 2020 el Poder Legislativo, mucho más plural que hace siete años.

Indignación en el Gobierno

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había manifestado públicamente y en varias ocasiones su oposición a que se llevaran a cabo estos nombramientos dado el carácter de interinidad en que se halla el CGPJ, por lo que la votación en el Pleno del pasado miércoles causó enfado e indignación en las filas del Gobierno, tanto en la parte socialista como en la de Unidas Podemos. El partido morado llevaba tiempo presionando para acometer una reforma en la designación de los vocales del Poder Judicial que no dependiera de las mayorías que ahora son necesarias, tres quintos de Congreso y Senado.

Así, los nombramientos han acelerado que desde el Ejecutivo se plantee una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que doce de los miembros del CGPJ puedan ser elegidos por mayoría absoluta y no de tres quintos. También se ha sugerido que la aplicación de la nueva norma tenga efectos retroactivos para que los últimos nombramientos en el órgano que preside Carlos Lesmes no sean confirmados, aunque este último punto es el más conflictivo.

Las relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial no pasaban por su mejor momento cuando se produjeron los nombramientos en el Supremo, pues justo unos días antes la ausencia del rey Felipe VI en la ceremonia de entrega de los despachos a la nueva hornada de jueces en la escuela judicial de Barcelona ya provocó fuertes críticas desde el CGPJ y el propio Lesmes así lo dijo en el mismo acto, en presencia del ministro: "Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de su majestad el rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".

La polémica se intensificó cuando Lesmes reveló tras la ceremonia que el monarca le había llamado para comunicarle que le "hubiese gustado" acompañarle en el acto de entrega de despachos, lo que desató las críticas de miembros del Gobierno de las filas de Unidas Podemos como el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Alberto Garzón, quienes acusaron a Felipe VI de faltar a la “neutralidad política” propia del jefe del Estado.

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