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Crisis del coronavirus

Los expertos cifran en 21 millones el coste de bajar "al máximo" la aparición de brotes en las residencias madrileñas hasta mayo

  • El Observatorio ActuarCovid, del que forman parte varios colectivos sanitarios, estima que con 4,38 millones se podría hacer pruebas de antígenos de forma periódica durante medio año a casi todos los residentes y trabajadores
  • "Es muy poco dinero en una comunidad como Madrid para quitarnos de encima un problema tan importante, que afecta a una población de casi 100.000 personas, entre trabajadores y residentes", explica la experta en Salud Pública y autora del informe María Victoria Zunzunegui
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Publicada el 14/11/2020 a las 06:00
Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde.

Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde.

EFE

Si dos de cada diez euros de lo que ha costado levantar el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal se hubieran destinado a contener el avance del coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid, estos centros sociosanitarios podrían estar blindados hasta el próximo mes de mayo, cuando el Gobierno central prevé que pueda dar comienzo a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Es una de las conclusiones a las que llega el Observatorio ActuarCovid, integrado por entidades sanitarias de la región, en un informe reciente en el que plantea un plan para proteger a los más mayores basado en un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, un impulso de la formación en control de infecciones de los trabajadores y una potenciación de la mano de obra altamente capacitada y estable. Una estrategia para prevenir la aparición de brotes que tendría un coste mínimo para los próximos seis meses de 21,88 millones de euros, el equivalente al 21,8% de lo que ha costado en total sólo levantar la estructura de la nueva joya de la corona del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso: el hospital de pandemias de Valdebebas, que funcionará con sanitarios procedentes de otros centros.

La propuesta para blindar estos centros sociosanitarios del Observatorio, del que forman parte entidades como la Asociación Madrileña de Salud Pública, la Sociedad Madrileña de Enfermería o la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, entre otras entidades, se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la monitorización de la epidemia. “El principal determinante de la propagación de brotes en las residencias de personas mayores es la incidencia en la localidad donde se encuentran”, explica el estudio. Si es baja, “menor de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días”, se puede ir monitorizando el impacto prestando atención a la sintomatología. Pero si es mayor, es necesario dar un paso al frente y sacar músculo diagnóstico realizando PCR o test de antígenos de forma periódica tanto a los trabajadores como a los residentes. En este sentido, ponen como ejemplo el caso del Estado de Nueva York, donde una orden del 8 de septiembre marca la obligatoriedad de que los empleados de estos centros se hagan pruebas una o dos veces por semana o una al mes dependiendo de la positividad que exista en la localidad.

“En caso de que no haya capacidad diagnóstica para cubrir a los dos grupos, al menos hay que centrarse en los trabajadores, que suelen ser la principal puerta de entrada del virus”, explica en conversación con este diario María Victoria Zunzunegui, experta en epidemiología del envejecimiento, exmiembro del Comité Editorial de Gaceta Sanitaria, la publicación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y autora del estudio. En este sentido, ponen sobre la mesa una simulación del coste. Si se realizasen pruebas de antígenos, con un precio de unos 4,5 euros, a los 41.000 residentes que existen ahora mismo y a unos 35.000 profesionales –más del 60% del total de plantilla en estos centros–, con una frecuencia de 2 veces al mes para la plantilla y de una para los ancianos, y pagando 25 euros a la hora a los profesionales sanitarios encargados, el desembolso ascendería a 4,384 millones para los próximos seis meses. Es decir, es lo que costaría mantener vigilada a toda esta población hasta el próximo mes de mayo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estima que pueda comenzarse con la campaña de vacunación contra el coronavirus si no hay imprevistos.

Los expertos, no obstante, explican que este primer punto debe ir acompañado de otros esfuerzos asociados. Primero, señalan que en caso de que se detecte un positivo dentro del centro, es necesario llevar a cabo una estrategia eficaz de rastreo. Y segundo, sostienen que se debe “prohibir” que un empleado “trabaje en más de un centro residencial” para cortar las cadenas de transmisión, algo que ya se hizo en la provincia canadiense de la Columbia Británica. “Por las conversaciones que hemos mantenido con empleados, es algo muy común dentro del sector”, detalla Zunzunegui. En este sentido, detalla que una medida de estas características debería ir acompañada de una compensación económica a los trabajadores que les ayude a cubrir el agujero que dejaría en sus cuentas mensuales la prohibición. Sin embargo, la falta de datos concretos sobre el número de empleados que se encuentran en esa situación hace imposible que los expertos puedan estimar con exactitud el desembolso al que tendría que hacer frente el Ejecutivo madrileño para asumir el coste de dicha compensación salarial.

Formación y refuerzo de plantillas

En segundo lugar, la estrategia planteada se apoya sobre un pilar formativo. En concreto, los colectivos de profesionales de la región consideran necesario que se ponga en marcha una formación “activa, realizada por pares y ofrecida de forma continua” a todo el personal de las residencias en materia de control de infecciones y, específicamente, del coronavirus. “Se deben evitar las conferencias magistrales de expertos o la entrega de protocolos de higiene y desinfección, sin el entrenamiento práctico y las evaluaciones continuas que aseguran el aprendizaje. El material audiovisual puede estar fácilmente accesible en las dependencias de la residencia y ser actualizado y repasado con frecuencia”, sostiene el Observatorio ActuarCovid en el informe. Calculan que este programa podría tener un coste de unos 5.000 euros por centro. En la actualidad, existen en suelo madrileño unas 475 residencias –335 con ánimo de lucro, 77 sin ánimo de lucro y 63 públicas–, por lo que el desembolso en base a estos cálculos se situaría en unos 2,375 millones de euros, una cifra que los expertos redondean en el estudio hasta los 2,5 millones de euros.

A este par de partidas, los especialistas ponen sobre la mesa una tercera orientada a “asegurar suficiente mano de obra altamente capacitada y estable mediante cursos de formación intensivos y remunerados” que permitan “reponer las deserciones ocurridas en la primera ola de la pandemia”. “Desde marzo se han perdido alrededor del 20% de las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería”, sostiene el estudio, elaborado en base a información que la Consejería de Políticas Sociales facilitó a los especialistas a través del Portal de Transparencia. Para suplir este agujero, la plataforma propone formar a unos 10.000 nuevos trabajadores para los centros a través de un “proceso de formación intensiva y remunerada”, una suerte de curso de entre 300 y 400 horas en el que se ofrezca a los estudiantes “seguridad laboral” en caso de superar una prueba final. Los expertos cifran el coste aproximado de dicho programa en unos 1.500 euros por persona formada, por lo que el desembolso total ascendería a unos 15 millones de euros.

“Para asegurar su permanencia en el puesto de trabajo una vez concluida su formación, se podría establecer la obligación de reintegrar una cantidad de lo invertido si abandonan su trabajo en un plazo de seis meses después de completar el curso”, proponen desde ActuarCovid. “Si tenemos poca mano de obra y mucho trabajo, actuar con todas las precauciones muchas veces no es posible. En las entrevistas con algunas empleadas, estas me trasladaban que tenían un tiempo limitado para cambiar los pañales, para duchar o para dar de comer a los residentes. Cuando el personal es escaso, se producen muchas más infecciones”, explica Zunzunegui. El planteamiento que ponen sobre la mesa no es novedoso. De hecho, proponen un programa similar al que ya se puso en marcha en suelo canadiense entre junio y septiembre para reclutar a diez millares de nuevos trabajadores para los centros residenciales y de atención a largo plazo. Allí, el Gobierno del quebequés François Legault ofreció a los estudiantes 760 dólares por semana durante la formación, un sueldo que una vez entrenados se incrementaba hasta los 940 semanales.

El daño físico, cognitivo y emocional del aislamiento

El coste de estas tres medidas pensadas para blindar estos centros sociosanitarios durante, al menos, el próximo medio año asciende a 21,8 millones de euros. “Ese es el desembolso que se necesitaría para reducir al máximo posible la posibilidad de que proliferen brotes. Lógicamente, el riesgo cero no existe, pero cuando se produzcan vamos a poder detectarlos con mayor rapidez. Es muy poco dinero en una comunidad como Madrid para quitarnos de encima un problema tan importante, que afecta a una población de casi 100.000 personas, entre trabajadores y residentes”, señala al otro lado del teléfono la experta en Salud Pública. En este sentido, pone en contraste este desembolso con otros tantos que se hacen a nivel regional. Por ejemplo, supone sólo el 0,25% del gasto que el Ejecutivo regional dedica a la Sanidad –unos 8.389 millones–. O el 21,8% del dinero que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa –100 millones– para levantar la estructura del Enfermera Isabel Zendal, un hospital de pandemias que se nutrirá con los profesionales de otros centros, que ya acumula sobrecostes y cuya construcción los colectivos sanitarios siempre consideraron innecesaria.

Zunzunegui no quiere acabar la conversación sin criticar las restricciones de las visitas y el encierro al que se han visto abocados los mayores ante la imposibilidad de controlar la explosión de los brotes en los centros. “Cuando se aísla a una persona mayor, se deteriora física, cognitiva y emocionalmente”, señala. Algunas personas que podían caminar, poco a poco van viendo cómo su movilidad se va reduciendo en la soledad de sus habitaciones, un aislamiento que incrementa tanto el riesgo de “demencia” como de “ansiedad”. Por eso, los expertos plantean que es necesario buscar un equilibrio “entre la reducción del riesgo de introducción de covid-19 en residencias y el permitir visitas esenciales que dan significado a la vida de las personas mayores y las ayudan a mantener su bienestar”. Un colectivo al que la pandemia está castigando con dureza en la región. Desde que arrancó la crisis sanitaria, han fallecido en centros sociosanitarios madrileños por coronavirus 4.935 personas, lo que equivale al 27,3% del total, según datos del Ejecutivo regional –cifra que no incluye las muertes de residentes en un hospital–. Y en lo que va de octubre, se han detectado en las residencias 425 nuevos positivos.

 

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3 Comentarios
  • Androide paranoide Androide paranoide 15/11/20 01:52

    Mejor se lo gastan en un hospitales,k no son necesarios. Para que luego los exploten, fondos buitres.

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  • Aguilera Aguilera 14/11/20 12:52

    No entiendo cómo a estas alturas de la pandemia las residencias no estén debidamente protegidas, sobre todo teniendo en cuenta que, según la OMS, más del 50% de las muertes de la primera ola en Europa fueron en residencias de ancianos. Y esto no es solo cosa de Madrid, esto es a nivel nacional e incluso europeo.

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  • Alberto p Alberto p 13/11/20 23:59

    840€ por cada muerto

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