"No hay un solo Diego, hay muchos": la LGTBIfobia es el tipo de acoso más frecuente en las escuelas

Diego está por fin en casa. El pequeño de once años se recupera de los golpes que hace una semana le propinó un compañero de clase y que terminaron con el menor en urgencias. El chaval acaba de iniciar su andadura en secundaria, pero en el camino se tropezó con un tipo de acoso mayoritario en las escuelas: la LGTBIfobia. La violencia comenzó primero en forma de insultos y amenazas, pero la agresión terminó con una paliza que le provocó una fractura nasal. El grito de "maricón" que acompañó al ataque evidenciaba ya el tinte homófobo de una agresión que se ha zanjado mediante la condena social más rotunda, el apoyo de la comunidad educativa y el respaldo de las instituciones. Y de su máximo representante: Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno envió una misiva al joven de Cartagena (Murcia), una suerte de declaración de intenciones que deja un mensaje claro: "El odio no tiene futuro en nuestro país".

La historia de Diego representa una de tantas y sobre todo pone rostro a muchas agresiones que quedan sumidas en el más absoluto silencio. La madre del joven denunció los hechos a la policía, pero no todas las víctimas dan el paso de denunciar: la infradenuncia es el principal problema de los delitos de odio. La vergüenza, la falta de apoyo y la inseguridad acompañan cuando las víctimas son menores y las agresiones se producen en el entorno escolar.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) afirma que el acoso por motivos vinculados a la orientación sexual e identidad de género sigue siendo el "primer motivo de acoso en las escuelas españolas" y según un estudio presentado el año pasado por la propia entidad, el 58% del alumnado trans de entre 16 y 24 años ha sufrido transfobia en el ámbito escolar. Un informe encargado por el Ministerio de Sanidad hace cinco años concluyó que tres de cada cuatro estudiantes habían presenciado agresiones homófobas en forma de insultos o burlas. El 6,4% admitió haber sido testigo de palizas. De acuerdo a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 26% de los alumnos LGTBI españoles de entre 15 y 17 años esconde su orientación sexual en la escuela.

Según el Colectivo LGTBI de Madrid COGAM, "de entre las principales consecuencias derivadas de la violencia que recibe la población LGBT en las aulas, destaca el alejamiento de la institución educativa al transformarse esta en una expresión de agresión y acoso". El alumnado que lo sufre, añade la organización a través de un informe, "ve resentidos sus derechos al impedírsele una vida libre de violencia y el acceso a la educación".

José María García es miembro del colectivo Galactyco de Cartagena. La entidad tuvo conocimiento del caso de Diego por redes sociales y enseguida se puso en contacto con la familia. "Parece que hay LGTBIfobia, pero los implicados son unos críos", de manera que es difícil de determinar. Lo que sí está claro es que la base del acoso se asienta sobre estereotipos. La FELGTB lo explicaba en septiembre con la vuelta a las aulas: "A una niña de siete años, por ejemplo, no se la agrede porque sea lesbiana, pues ni siquiera habrá descubierto probablemente su orientación sexual, se la agrede por llevar el pelo corto y jugar al fútbol".

García recuerda la importancia de trabajar no sólo con las víctimas, sino también con los centros educativos, las familias y con los propios agresores. Así lo están haciendo desde el colectivo. "El problema añadido es que el chico que le propinó el puñetazo es magrebí, ahí empezaron los comentarios", señala el activista, quien rechaza con rotundidad cualquier actitud racista: "No podemos defender los derechos de unas personas para atacar a los de otras". Desde entonces, el agresor "está arrepentido por lo que ha hecho" así que la organización ha optado por tenderle la mano. "¿Qué hacemos?, ¿lo apartamos del sistema con once años? Él precisamente está en la edad propicia para reinsertarlo", defiende.

Arantxa Miranda, vocal de delitos de odio de la FELGTB, recuerda que el silencio, en lo que respecta al acoso escolar, lo inunda todo: el 82% de los afectados no comparte el ataque con ningún adulto responsable. Y la mayoría actúa así por vergüenza. En cuanto a las personas trans, no sólo más de la mitad sufre acoso, sino que además el 28% abandona su centro escolar como consecuencia. Un 81% de las personas trans recuerdan su etapa escolar apelando a alguno de estos términos: horrible, agobiante, infierno, incómodo, complicado. "No hay un solo Diego, hay muchos. Podemos taparnos los ojos y decir que son casos aislados, pero yo creo que no", afirma.

José María García insiste además en la responsabilidad de los adultos, quienes tienden a escudarse bajo la premisa de que "son cosas de críos". Para el activista, fenómenos como el veto parental han supuesto un retroceso evidente a la hora de combatir este tipo de acoso. "Muchos de los padres que se niegan" a recibir formación en las aulas son precisamente quienes más herramientas necesitan, argumenta el activista.

Pedro Sánchez y su misiva: un gesto simbólico

Respecto a la carta remitida por el presidente socialista, Arantxa Miranda reconoce que es "muy interpretable: hay quien puede pensar que es propaganda y a otros les puede parecer importante que un presidente se pronuncie ante un caso de acoso". A su juicio, el gesto es positivo pero meramente simbólico. "Se debería ir mucho más allá, lo que necesitamos es que haya una ley estatal que defienda los derechos del colectivo, con contenido y que tenga detrás una implementación de medidas", sostiene.

José María García rompe una lanza a favor del presidente. "Desde el colectivo nos ha parecido toda una declaración de intenciones y una carta llena de esperanza". Además, señala, el líder socialista la envió a la madre del menor y esta la incluyó en su estado de whatsapp. Al verla, fue el propio García quien le pidió hacerla pública. "Ellos no la han promocionado", incide el activista.

Toño Abad, presidente del colectivo Diversitat y director del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, celebra el gesto. La política es un ámbito que "históricamente ha estado muy ajeno a la situación de sufrimiento" del colectivo, por lo que el hecho de que un presidente "se ponga en contacto con la persona menor agredida es un buen gesto que supone un cambio de paradigma". Hasta ahora, lamenta, las instituciones "miraban para otro lado y eso dolía casi tanto como la agresión".

Delitos de odio

Fuera de las aulas, la hostilidad contra las personas LGTBI es también una realidad latente. Así lo expone Abad: "Hay un problema social importante que hay que abordar desde muchos frentes, no sólo desde el educativo, porque esa violencia nos acompaña durante toda nuestra vida". En las calles, en los centros de trabajo y en el propio seno familiar, las personas LGTBI aprenden a convivir con la violencia en cualquiera de sus formas.

El Ministerio del Interior efectúa cada año un análisis de los delitos de odio cometidos en el país. Los últimos datos al respecto datan de 2019 e indican que los incidentes de delitos de odio registrados y relacionados con la identidad u orientación sexual de las víctimas suponen un total de 278, un 7,3% más que el año anterior. Este tipo de delitos se sitúa únicamente por detrás de los ataques por motivos ideológicos (596) y del racismo y la xenofobia (515).

Las organizaciones LGTBI llevan años trabajando por consolidar un seguimiento pormenorizado de las agresiones que habitualmente permanecen silenciadas. La Federación Estatal LGTB recopila los datos en un informe global, donde concluye que en el año 2018 se recogieron 971 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género, todos los sucesos registrados por las entidades LGTBI a través de sus servicios u observatorios.

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Varias comunidades han ido actualizando sus datos anualmente, de manera que los últimos balances dibujan un panorama todavía preocupante. Durante 2019, un total de 40 incidentes de odio fueron recogidos por el Observatorio de A Coruña, una cifra que en la Comunidad Madrid asciende a los 321 casos. Durante el mismo año se produjeron 160 incidentes en Cataluña. Desde el 1 de enero de 2020, esta última comunidad ya ha contabilizado 162 agresiones, que se suman a las 761 desde 2014. En 2018, el Observatorio Valenciano, cuyos informes son bianuales, registró un total de 79 incidentes de este tipo.

El desfase entre las cifras oficiales y las recolectadas por los observatorios tiene varias lecturas. Por un lado, el ministerio sólo recoge presuntos delitos, mientras que las organizaciones amplían el campo a incidentes discriminatorios que tal vez no son constitutivos de delitos. Además, los datos oficiales reflejan denuncias en comisarías, en cambio la federación se hace eco de las quejas planteadas ante los colectivos, aunque no terminen en denuncia. Arantxa Miranda, que además participa en una unidad policial de delitos de odio, explica que "el delito de odio no es tangible" pero se tiene que demostrar. "Hablamos de cualquier delito en el que la motivación es un prejuicio hacia un colectivo vulnerable o grupo diana", de manera que para que "se pueda entender que es un delito de odio necesitamos unos indicadores de polarización: indicios recopilados por los primeros intervinientes", ya sean entidades especializadas, policías u oficinas de atención a víctimas. Es necesario "recopilar estos indicios para motivar el prejuicio que ha habido para acosar", una tarea que no siempre es sencilla. "Entran en conflicto muchos elementos y no siempre llegamos a tiempo, sino cuando la agresión es grave".

Toño Abad explica que "desde el momento en que ocurre la agresión" la víctima entra en un "espacio de impunidad donde los demás miran a otro lado" y en cierto modo "culpabilizan a la propia víctima". Eso genera incluso "ciertas complicidades entre los testigos" y conduce a una suerte de normalización de la violencia. En ese proceso, el paso de denunciar no siempre es una opción y cuando sí lo es implica "incomprensión por parte de las autoridades y sentencias irrisorias". Todo eso "contribuye a que no existan denuncias" y de ahí el desfase de los datos. Sin embargo, el problema se mantiene tangible y es sangrante: significa que "en una sociedad democrática no se presta la suficiente atención a delitos que ocurren contra parte de su población".