El rey emérito pasará las Navidades en Abu Dabi y dice que no regresa a España por la pandemia

El rey emérito no regresará finalmente a España por Navidad a causa de la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo, según ha adelantado este jueves la Cadena Cope y recoge Europa Press. Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura, siempre según la emisora, que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra antes de que la situación sanitaria mejore.

Por su parte, la Casa Real ha desmentido que el ex jefe del Estado esté ingresado por coronavirus ante las informaciones divulgadas por varios medios de comunicación la mañana de este jueves, y que situaban a Juan Carlos I en una clínica de Abu Dhabi.

El monarca se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, a donde viajó después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.

Ante la llegada de las fiestas navideñas, el monarca habría trasladado a sus allegados un mensaje que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra hasta que la situación sanitaria mejore. No obstante, en los últimos días se han sucedido las presiones políticas para que el Rey Emérito no regresara en estas fechas, en vísperas del discurso de Nochebuena de Felipe VI.

La posibilidad de regresar a España había polarizado en los últimos días el debate político nacional. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a preguntas de periodistas, contestó que era una decisión sobre la que debía pronunciarse únicamente Casa Real.

Un regreso relacionado con el pago a Hacienda

En el origen de este debate se encuentra la investigación del patrimonio del exjefe del Estado, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene hasta tres diligencias de investigación abiertas contra él mientras analiza la regularización tributaria que presentó la semana pasada por impuestos de sociedades impagados en relación con una de estas pesquisas. En concreto, Juan Carlos presentó ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014.

Los fiscales responsables de la investigación comunicaron a través de una nota oficial de la Fiscalía General del Estado que la citada declaración voluntaria a la Hacienda autonómica -se trataría del impuesto de sociedades-- debía ser analizada para confirmar que es espontánea, veraz y completa.

Hay que tener en cuenta que el propio Ministerio Público notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de las diligencias de investigación relacionadas el asunto en cuestión, en el que se investigan posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, tiene su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Así, el pago a Hacienda está siendo valorado por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la citada declaración en base al artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Contra el exjefe del Estado no se ha presentado denuncia ni querella alguna ante el Tribunal Supremo, que es el órgano ante el que está aforado, si bien hay que tener en cuenta, según fuentes fiscales consultadas, la última parte del artículo, relativa a "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.

El origen del dinero

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Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales. El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de "inteligencia financiera" -Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)-. Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales. Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un trust en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.