Igualdad blinda en su Ley Trans el cambio legal de sexo sin necesidad de un informe médico

Identidad de género y autodeterminación sobre el cuerpo. Son los pilares sobre los que se construye la nueva Ley Trans que ultima el Ministerio de Igualdad y a cuyo borrador ha tenido acceso infoLibre. La norma permitirá que toda persona tenga derecho al reconocimiento de su "identidad de género libremente manifestada" sin que medie una prueba psicológica o médica. Levantar esta barrera permitirá a las personas trans solicitar un cambio registral sin más requisito que su declaración expresa. El reconocimiento de la identidad de género, además, pone fin al tradicional debate entre sexo y género en torno a los derechos de las personas trans.

El texto bebe de las propuestas trazadas por las organizaciones pero también de la ponencia que en 2019 proponía una modificación de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. No es inocente. Aquella propuesta llegó en marzo de hace ahora dos años a la Cámara Baja y contó con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios. También el Partido Socialista. El borrador, ya en manos de las organizaciones, ha sido aplaudido por la FELGTB y la Plataforma Trans. Mar Cambrollé, presidenta de esta última, subraya que el texto respeta las peticiones de su organización y supone una protección integral para las personas trans y sus derechos. Cambrollé confía en que se cumplan los plazos y durante la primera quincena de febrero el borrador llegue al Consejo de Ministros. "Vamos a seguir trabajando de forma firme, contundente y si hace falta subiendo el tono de nuestra reclamación dependiendo de lo que no encontremos enfrente", señala en conversación con este diario.

El borrador de la ley habla de "la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y se autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer". A partir de esta primera definición, lo cierto es que la ley se construye sobre una base: la identidad y expresión de género. Este hecho supone un ligero matiz respecto a proyectos anteriores, en los que se incorporaba además el término de identidad sexual. El polémico argumentario socialista sobre los derechos trans, hecho público el pasado año, ya hablaba de la "manipulación interesada" que suponía el uso indistinto de ambos conceptos como sinónimos. El nuevo texto corrige la redacción para hablar mayoritariamente de identidad y expresión de género. Tampoco incluye la autodeterminación sexual, un término que los socialistas criticaban por "carecer de racionalidad jurídica", sino que gira en torno a la "autodeterminación sobre el cuerpo" y la "libre determinación de la identidad de género".

Este matiz, explican fuentes jurídicas consultadas por este diario, viene a zanjar el debate de sexo vs género y consolida la idea de que "la transición no tiene que estar enfocada a la genitalidad". Además de ir en consonancia con los tratados internacionales, cualquier reforma en materia de derechos trans "tiene que hablar de género".

La norma interpela en todo momento a personas trans como todas aquellas cuya "identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer" y se refiere a expresión de género como "la manifestación que cada persona hace de su identidad de género". Desde el primer capítulo, la ley elimina la necesidad de prueba psicológica o médica para el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada.

La futura ley, que incluye medidas específicas para los menores, los mayores y las personas migrantes, recoge en su título segundo las principales claves de la ponencia en torno a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. De esta manera, la solicitud para rectificar la mención relativa al sexo "no precisa de más requisitos que la declaración expresa" del nombre propio y el sexo registral. Este derecho, blinda la ley, en "ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios". Los menores de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud a través de sus representantes legales. En cualquier caso, la ley incluye también la opción de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales de identificación.

Como ley integral, la norma traza medidas concretas para ámbitos como el deporte, la educación y la sanidad. En este último terreno, se establece que el Sistema Nacional de Salud "incluirá la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico en la cartera de servicios comunes", siempre con un "acompañamiento en todos los aspectos de la salud física y mental de la persona". Las personas menores podrán acceder a tratamientos –hormonales o bloqueadores hormonales– específicos y las personas trans con capacidad de gestar tendrán garantizado "el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos".

El borrador se concede el plazo de un año para determinar el encaje legal de las personas no binarias, a travé sde un informe que remitirá a las Cortes Generales sobre las "eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del reconocimiento del género no binario".

Ley de Igualdad LGTBI

Junto a la Ley Trans, la Ley de Igualdad LGTBI conforma una de las grandes apuestas del Ministerio de Igualdad. Su borrador, también consultado por este diario, prevé la creación de un Comisionado para la igualdad de las personas LGTBI y una Estrategia cuatrienal para el desarrollo de medidas transversales. Asimismo, se impulsará la creación de un Centro de Memoria Histórica LGTBI destinado al "reconocimiento y memoria de aquellos colectivos sometidos históricamente a prácticas discriminatorias y persecución".

La norma dipone una serie de medidas destinadas a la asistencia y protección "frente a la violencia intragénero". En añadido, las fuerzas y cuerpos de seguridad recabarán datos sobre el componente discriminatorio por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales de las denuncias cursadas, con el objetivo de nutrir las estadísticas y estudios relativos a la discriminación del colectivo. Además de vetar las terapias de conversión, también prohíbe todas aquellas prácticas de modificación genital para las personas intersexuales recién nacidas, salvo aquellos supuestos que busquen proteger su salud. Respecto a las personas instersexuales, al inscribir su nacimiento "los progenitores, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año".

Para Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, los textos son "rigurosos, razonables y con garantías jurídicas" además de suponer una "base sólida, fruto de un trabajo minucioso por parte del Ministerio de Igualdad". Ambas normas, estima, "servirán para construir una legislación fuerte en favor de la igualdad de derechos".

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Polémica en el Gobierno

Las diferencias entre los dos equipos de Gobierno, sin embargo, suponen el principal escollo en la andadura de las normas. Respecto a la ley específica para las personas trans, fuentes gubernamentales han precisado este martes que aún no ha consensuado el borrador del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Igualdad. El citado borrador responde, según el Ejecutivo, a los postulados que defiende Unidas Podemos, no el conjunto del Gobierno. El borrador por tanto deberá seguir la "tramitación habitual" en la que participen distintos ministerios, principalmente Justicia y Sanidad. Las mismas fuentes han incidido en que el anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros ha de tener dos principios: seguridad jurídica y calidad normativa. Asimismo, recuerdan que la pasada semana tuvo lugar una reunión entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para comenzar a trabajar en esta materia. Tras esa reunión, la dirigente morada reconoció diferencias entre ambas, pero auguró que los plazos previstos se cumplirían.

El pasado 21 de enero, los socialistas registraban su propia Ley para la Igualdad de Trato, bautizada como ley Zerolo. Se trata de una de las normas clave en el acuerdo de Gobierno. Y también de la ley que presentarían, según el mismo pacto, PSOE y Unidas Podemos de manera conjunta. El grupo socialista se adelantó en el registro, lo que sembró desconfianza en el equipo morado. Las acusaciones cruzadas terminaron por zanjar un conflicto que parece avivarse con el paso de los días.