José Luis Concepción, el presidente de TSJ que arremetió contra la exhumación de Franco, el estado de alarma y ahora Pablo Iglesias

"La democracia se pone en solfa cuando el Partido Comunista, al que pertenece este señor (en referencia al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias), está en el Gobierno". Esta es la última de las numerosas polémicas afirmaciones que ha vertido el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, en los medios de comunicación. No ha sido el único titular que ha dado en los últimos años, pues la hemeroteca arroja otros comentarios de este magistrado cuestionando el estado de alarma de la primavera pasada por la pandemia de coronavirus o la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco en octubre de 2019.

En la entrevista que el lunes por la noche concedió a la cadena de televisión La 8 de Burgos, perteneciente al ente público de Castilla y León Televisión, no sólo se pronunció en esos términos sobre el vicepresidente Iglesias, sino que también puso en duda los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña por la alta abstención, indicando que ésta no los "legitima". "La lectura más negativa que se puede sacar de las elecciones es la escasísima participación, que yo creo que no legitima los resultados", manifestó al ser preguntado por los comicios del pasado domingo, dado que el magistrado ejerció durante años en Barcelona.

Concepción ingresó en la Escuela Judicial en 1989 y ha pasado por distintos órganos judiciales en Asturias y Cataluña. En 2005 fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidente del TSJ de Castilla y León, cargo que ha revalidado y ocupa desde entonces. No ha sido hasta hace poco que sus declaraciones en distintos medios de comunicación o intervenciones públicas han salido a la palestra por verter opiniones sobre asuntos actuales del panorama político. Fue a raíz de una de estas entrevistas, concretamente en Onda Cero el pasado mes de mayo, cuando el órgano de gobierno de los jueces se dirigió a él por escrito instándole a la "moderación, prudencia y mesura".

En esas declaraciones, Concepción dijo que se estaba utilizando el estado de alarma decretado por la pandemia "para algo más de lo que permite la ley de 1981, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia". Al día siguiente, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le remitió una misiva para trasladarle el criterio mayoritario de la Comisión Permanente, que era recordarle su "responsabilidad institucional" dada su condición de "máximo representante del Poder Judicial" en Castilla y León. 

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, consideramos necesario recordar también que, en el caso de los miembros del Poder Judicial, éste está sometido a unos límites específicos y más estrictos, derivados de la naturaleza de la función jurisdiccional que desempeñan. En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a jueces y magistrados la prohibición de dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos felicitaciones o censuras por sus actos, habiendo establecido la doctrina del Tribunal Supremo que la libertad de expresión de los miembros de la Carrera Judicial debe ejercerse con una prudencia y moderación que permita preservar su imparcialidad y autoridad como jueces", decía Lesmes en su carta.

"La verdad nunca es imprudente"

En una entrevista de hace pocos meses en la televisión pública de Castilla y León, Concepción remarcó que el CGPJ no le había "reprobado, ni censurado, ni abierto diligencias informativas" por sus declaraciones, sino que se había limitado a recomendarle "prudencia y mesura". "Que yo sepa, la verdad nunca es imprudente", añadió no obstante.

Pero no era la primera vez que Concepción hacía declaraciones polémicas. En octubre de 2019 se pronunció sobre la exhumación de los restos de Franco, una iniciativa que, en su opinión, "reverdece el odio que los españoles ya habíamos olvidado". Pero no sólo eso, en la misma entrevista, que se hizo tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista catalán y en el marco de los graves incidentes ocurridos en Cataluña durante las protestas por esa resolución, afirmó que había "motivo suficiente" para reactivar el artículo 155 de la Constitución.

Un año después, durante el acto en el TSJ por la apertura del año judicial, el magistrado resaltó que "lo peor no es la covid ni la crisis económica, sino el negro panorama político", al tiempo que denunció el "ataque larvado y constante" al rey "desde sectores incrustados en las instituciones".

No es descabellado ver a Concepción concediendo entrevistas en la televisión pública de Castilla y León, donde ha opinado de todos los temas sobre los que se le han planteado. El pasado 20 octubre, al ser preguntado por el nuevo estado de alarma a causa de la pandemia, criticó abiertamente la actuación del Gobierno en esta materia durante la primavera, afirmando que "prorrogó unilateralmente ese estado de alarma, sin mayor requisito que una mayoría en el Congreso que ratificara posteriormente el decreto ley que salió del Consejo de Ministros". También censuró la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que habían presentado en ese momento el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías de la elección de los doce vocales judiciales del CGPJ.

Un año antes también se pronunció sobre los planteamientos de Vox que cuestionan la violencia de género. Concepción no criticó la tesis del partido de ultraderecha, sino que recalcó que admite y respeta "las opiniones de todo el mundo", al tiempo que equiparó la violencia intrafamiliar con la machista y calificó de ineficaz la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. "La violencia de género, como cualquier clase de violencia, porque parece que nos centramos en una y nos olvidamos de las restantes, como la de Cataluña, porque los catalanes están sometidos a una violencia terrible. La violencia es una lacra que tenemos que eliminar entre todos. La violencia intrafamiliar o de género, nos tenemos que comprometer todos los ciudadanos sin fisuras para acabar con este cáncer que a mediados del siglo XXI no debería existir. Pero esto no se ataja con el endurecimiento de la legislación penal, ya hemos visto la ineficacia de la Ley de Violencia de Género. Se ataja con educación, debemos formar a nuestros hijos y estudiantes e inculcarles la igualdad sin un solo titubeo", afirmó.

Posible apertura de expediente

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Las declaraciones del magistrado de este lunes sobre Pablo Iglesias no han pasado desapercibidas. Desde la dirección de Podemos en Castilla y León han pedido su dimisión y una vocal del CGPJ, la designada a propuesta de IU Concepción Sáez, ya ha adelantado a infoLibre que va a solicitar a Lesmes un pronunciamiento institucional exigiendo una rectificación así como la adopción de medidas que pasen por la apertura de diligencias informativas por unos comentarios que considera "absolutamente insorportables en términos democráticos". 

Como ya expuso la Comisión Permanente del CGPJ en la misiva que remitió al presidente del TSJ de Castilla y León en mayo del año pasado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 418, establece como falta grave para los miembros de la Carrera "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición".

No han sido muchas las veces en que el CGPJ ha abierto diligencias informativas a jueces y magistrados por declaraciones públicas que excedían sus atribuciones. En todas estas ocasiones, el expediente terminó en archivo: fueron los casos del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por decir en un acto público en Tolosa que "la tortura se ha producido de manera clara" y que él ha tenido "muchos casos de sospecha fuerte"; el magistrado y exsenador Santiago Vidal por unas declaraciones contra el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, al acusarle de hacer todo lo necesario, "fuera legal o no", en la causa en la que investigaba la organización del referéndum del 1-O; y la magistrada Mercedes Alaya, instructora de la causa de los ERE de Andalucía, por poner en duda la actuación de la Fiscalía, a la que acusó de seguir directrices políticas, y por el recurso que interpuso contra ella Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, por haber nombrado administrador judicial del club al abogado de su marido.