Judicializarlo todo, siempre: los otros recursos con los que Vox quiere tumbar al Gobierno

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el primer estado de alarma ha dado aliento a Vox en la guerra jurídica con que busca derribar la coalición de Gobierno. De hecho, la formación ultraderechista anunció este viernes que presentará un nuevo recurso ante el tribunal de garantías, este contra el decreto del Ejecutivo balear que abre la puerta a la vacunación forzosa del personal sanitario como medida profiláctica. Una vez cosechadas en el TC dos victorias desde mayo, Vox sumará este nuevo ataque jurídico a otros cinco ya presentados ante el tribunal de garantías. Y se apresta a interponer otros tres. 

Excepto el de Baleares, todos los recursos se dirigen contra normas estatales muy visibles en el andamiaje legal que ha ido construyendo el Ejecutivo. En la mochila de los recursos sobresalen los que pretenden tumbar tres normas de fuerte impacto: la recién aprobada ley de eutanasia, que consagra el derecho a una muerte digna a petición expresa del enfermo, algo que Vox considera "inmoral"; la denominada 'Ley Celáa', que refuerza la educación pública y que la extrema derecha califica de "sectaria y excluyente"; y la reforma de la Ley del Poder Judicial (CGPJ), que limita el margen de actuación del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato ya ha expirado.

En un momento dulce de querellas contra sus dirigentes archivadas por distintos jueces, como las que se han ido encadenando bajo la acusación de promover el odio contra los inmigrantes con carteles como el que falsamente atribuía pagos de 4.700 euros a los menores inmigrantes o la afirmación de que los extranjeros son más propensos a violar, Vox defiende esto: que el CGPJ siga dibujando el mapa judicial con sus nombramientos discrecionales una vez haya expirado su mandato. 

En el paquete de recursos ya elevados al Constitucional se integran también la Ley Rider, que obliga a contratar a los repartidores y eliminar así la figura del falso autónomo; y el decreto ley que prohibió durante el estado de alarma los desahucios de población vulnerable cuando la ocupación de una vivienda se hubiera producido sin intimidación ni violencia. 

Los anteriores son los recursos presentados. Pero en lista de espera se encuentran otros tres ya anunciados por Vox: uno contra la futura Ley de Seguridad Nacional bajo el argumento de que atenta contra las libertades; el segundo, contra la futura Ley de Memoria, porque en su actual redacción prohíbe la exaltación franquista y la Fundación Franco ha pedido expresamente a los correligionarios de Santiago Abascal que eviten su ilegalización; y la Ley Trans, aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de junio y pendiente de tramitación parlamentaria. Aquí, la ultraderecha aduce que estamos ante una ley "antihumana" que pretende "imponer" la visión de que "el hombres es irrelevante".

El primer éxito de Vox en el tribunal de garantías se produjo este mes de mayo, cuando con una sentencia que tuvo como ponente al mismo magistrado que la de ahora sobre el estado de alarma, el pleno del TC tumbó el decreto que permitió a Pablo Iglesias incorporarse a la Comisión del CNI.  En el recurso contra la entrada del fundador y cabeza visible de Podemos, el ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional fue Pedro González-Trevijano, elegido a propuesta del PP. Se trata del mismo magistrado que ahora ha redactado la resolución que declara inconstitucional el primer decreto del estado de alarma. 

El recurso contra la designación de Iglesias para la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia llegó al Tribunal Constitucional en marzo de 2020 y la sentencia vio la luz en mayo de este año. El planteado contra el decreto del estado de alarma desembarcó en el tribunal en abril de 2020 y la resolución del tribunal se conoció este miércoles. En ambos casos, el Constitucional ha tardado poco más de un año en emitir dictamen. Otros recursos, como el interpuesto por el PP contra el matrimonio homosexual en 2005 requirieron más tiempo: aquí, siete años. El caso más extremo conocido lo constituye el también formulado por el PP contra otra ley de la etapa Zapatero: la del aborto. El recurso llevaba varado desde junio de 2010 y el TC lo consideró caducado en 2020.

En buena parte de los casos, como en el que afectaba al exvicepresidente, Vox c0incide en sus recursos con el PP. Pero Abascal y los suyos han logrado mayor protagonismo. Y la sentencia que anula el estado de alarma lo refuerza.

Y el Supremo, también en primer plano

Tampoco en el Supremo ha permitido nunca Vox que se corte el hilo de las querellas y recursos contra ministros o decisiones adoptadas por el Gobierno. La actuación más relevante a día de hoy y en la que también coincide con el PP es el recurso que persigue la nulidad de los indultos a los condenados por el procés.

En primavera y tras el intento fallido de asestar un mazazo judicial al Ejecutivo por la gestión de la pandemia, Vox fracasó en su intento de que el Supremo imputase al presidente, Pedro Sánchez, y a dos ministras –las de Hacienda e Industria– por las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.  Los magistrados recordaron al partido ultraderechista que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal".

Vox inunda de recursos el Tribunal Constitucional con una media de casi dos por mes en lo que va de legislatura

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Ahora, la extrema derecha parlamentaria se encuentra también a la espera de que el alto tribunal resuelva sobre la querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de prevaricación por haber destituido al comandante de la Guardia Civil en Madrid, el polémico Diego Pérez de los Cobos.

La querella contra Marlaska fue alimentada por la decisión de la Audiencia Nacional, que obligó a restituir en su puesto al polémico mando del Instituto Armado. Y ello pese a que se trata de un cargo de libre designación que perdió la confianza de Interior a raíz de su comportamiento en un caso finalmente archivado y donde una juez había imputado con gran celeridad al entonces delegado del Gobierno en Madrid  por permitir la manifestación del 8M de 2020.