El Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, debe servir como un momento para visibilizar y recordar la necesidad de la integración social de las personas desplazadas por cualquier motivo, pero también es una ocasión para reivindicar sus derechos y denunciar aquellos elementos, ya sean estructurales o coyunturales, que son causa de su exclusión. Más si se toma en consideración que acabamos de celebrar, el pasado 10 de diciembre, el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una buena guía de acción para articular la integración como una cuestión de igualdad en los derechos para conseguir la justicia social.
Son muchos, lamentablemente, los temas que pueden tratarse en este ámbito. Sin embargo, centraremos aquí la atención en uno de ellos cuya relevancia está marcada por su relativa novedad y por su cada día mayor repercusión en la experiencia de integración con la población migrante. Se trata del uso de las tecnologías y la brecha digital vivida por quien desconoce los entresijos del mundo virtual o carece de dispositivos electrónicos para acceder a él. Conforme avanzan los tiempos, la realidad nos arrastra al mundo digital. El ocio, el entretenimiento, la comunicación, pero también la información y el conocimiento e incluso el trabajo han ocupado su lugar en ese nuevo espacio. Quien no puede entrar o ignora cómo manejarse en él se queda fuera de un sinfín de posibilidades. No es una panacea, ya que dicho lugar no está exento de riesgos. El peligro es inherente a cualquier rincón habitado por el ser humano y en el virtual también hay desigualdad y exclusión. No resulta paradójico ni sorprendente que las personas y grupos que sufren dichas situaciones sean las mismas que las experimentan en el mundo físico. Además, la discriminación online puede incrementar la vivida offline, ya que, retroalimenta las condiciones para su mantenimiento.
Nuestra llegada y permanencia en ese espacio digital es irremediable sobre todo con motivo de la pandemia y unas medidas de distanciamiento social que brindaron una excelente oportunidad a herramientas ya existentes, pero estaban inexploradas por la población en general, y sirvieron como justificación para instaurar con carácter permanente vías de comunicación telemáticas entre la ciudadanía y las administraciones públicas. La brecha existente antes de la crisis sanitaria entre quienes tenían acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías y quienes carecían de dispositivos o recursos para emplearlos ha incrementado desde entonces. La pandemia supuso un punto de inflexión a partir del cual el mundo virtual cobró vida propia para extenderse aún más. Mostró quién estaba listo para ese nuevo escenario y quién se hallaba fuera de él, como fiel reflejo de la desigualdad y discriminación en el mundo tangible, solo que, esta vez, en un escenario virtual también con consecuencias para la integración social.
En la era digital actual, que el triunfo de la inteligencia artificial afianza, es imperativo recordar que una de las destacadas virtudes de este entorno es su capacidad para universalizar el acceso a bienes y servicios. Este fenómeno propicia el establecimiento de un modelo social horizontal, donde se democratiza el acceso a la información y los recursos, creando un marco de oportunidades equitativas para el desarrollo integral de las diversas facetas individuales. En este contexto, los colectivos en una mayor situación de vulnerabilidad gozan de la posibilidad de mejorar su situación de desventaja mediante el aprovechamiento de los medios digitales, ampliando así sus opciones de vida, fomentando el desarrollo personal y accediendo a mejores oportunidades educativas y laborales. Este proceso contribuye de manera significativa a mitigar las brechas sociales existentes.
El acceso y conocimiento de herramientas digitales conllevan una serie de beneficios fundamentales que repercuten positivamente en la sociedad. En primer lugar, la integración social se puede fortalecer, ya que el uso adecuado de estas herramientas facilita la conexión entre personas, rompiendo barreras y propiciando un mayor sentido de comunidad y de pertenencia. La participación activa en la sociedad digital permite crear lazos y conexiones que trascienden las fronteras físicas, promoviendo una mayor cohesión social. A ello va estrechamente ligado el hecho de que la comunicación e interacción sociales se ven enriquecidas, pudiendo fomentar relaciones significativas y de cooperación. Además, el acceso al mercado laboral y el desarrollo del trabajo se ven potenciados, generando nuevas oportunidades profesionales y promoviendo la movilidad social. Por otro lado, el acceso al conocimiento, la formación y el aprendizaje se expande, lo cual permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos de forma más accesible. Asimismo, conviene destacar también que el aumento en las fuentes informativas contribuye a una comprensión más amplia y crítica del entorno.
Todas estas ventajas del espacio virtual se ven truncadas cuando la persona o las comunidades carecen de los recursos para entrar en él o para, una vez dentro, saber moverse por ese universo aparentemente intuitivo, pero a menudo difícil de comprender por su impersonalidad y rigidez. Es así como se abre una grieta entre personas y comunidades, entre quienes están y quienes permanecen ausentes. Entre quienes pertenecen y quienes son excluidas. Nace así la brecha digital que aviva aún más si cabe la desigualdad social.
La brecha digital
Se pueden establecer diferentes etapas o pasos en la exclusión digital. Así, se habla de una primera brecha relacionada con el acceso; es decir, con la capacidad de las personas para tener a su disposición una herramienta informática y a la posibilidad de que dicho objeto les permita conectarse a internet. Se trata, por tanto, de una brecha de acceso relacionada con la disponibilidad y la conectividad. Un segundo paso lo constituiría la brecha vinculada al uso, en la cual entrarían en juego el conocimiento, las actitudes y la motivación, y sobre la cual se han estudiado diversos indicadores que manifiestan su riesgo de aparición. Se incluyen entre ellos la frecuencia en el uso de los dispositivos o el número de servicios de Internet utilizados, entre los que se incluye la banca electrónica, la compra online, o herramientas de trabajo, educativas o formativas, o el uso de la administración electrónica, pero también aquellos relacionados con el aspecto más puramente competencial como son contar con un nivel básico de habilidades digitales o de habilidades en información y datos, en cuestiones relacionadas con la seguridad en Internet o para resolver problemas informáticos o de acceso y uso de las herramientas.
Asimismo, se ha denunciado la existencia de una brecha de género también en el mundo virtual. El mayor acceso y uso de dispositivos, bienes y servicios electrónicos por parte de los hombres es una imagen de la desigualdad en el mundo real como consecuencia de la limitación del tiempo disponible de la mujer, centrada en el ámbito de los cuidados, de la exclusión en la educación y formación en este ámbito, así como debido a normas sociales que dictaminan que este espacio, como un nuevo lugar público, debe ser exclusivo del hombre.
Estos pasos y estas brechas nos permiten aseverar que la estratificación social se reproduce fielmente en la esfera digital, en la que se crean nuevos focos y espacios para la desigualdad y la discriminación. En efecto, esta situación perpetúa y profundiza desventajas preexistentes y se erige como un factor de exclusión social adicional capaz de distanciar a personas y familias de su plena participación social y política. La exclusión social y digital van de la mano.
Conforme avanzábamos anteriormente, la situación de vulnerabilidad se ve agravada ante la brecha digital en un mundo cada día más digitalizado, sobre todo con motivo de la pandemia y las consecuencias para el distanciamiento social físico que dicha crisis sanitaria requirió. En efecto, se han destacado como factores determinantes de dicha brecha la situación administrativa, la barrera del idioma o la falta de acceso a herramientas digitales, tal y como veíamos en el anterior apartado. Las situaciones de vulnerabilidad hacen más proclive la dificultad de tener a disposición un dispositivo electrónico con conexión a Internet, que se agrava, como observábamos, en el caso de mujeres que carecen de tiempo por dedicarse exclusivamente a los trabajos de cuidados o en situaciones de sinhogarismo. Asimismo, los terminales móviles no son suficientes para realizar muchas tareas para las cuales se requieren equipos informáticos completos de mayor dificultad en su acceso.
Esta brecha digital priva a la población migrante que la sufre de oportunidades de ocio compartidas en su entorno, de comunicación permanente con sus familiares y amistades, así como de productos culturales en su idioma que produce aislamiento, falta de pertenencia y añoranza. Asimismo, dificulta o impide su comunicación con las administraciones públicas y la realización de trámites requeridos por estas por su condición de persona desplazada. Si el empleo de herramientas telemáticas para llevar a cabo estas tareas era una de las opciones previstas como alternativas a la interacción presencial, se está convirtiendo en la única, en algunos casos, como muestra el hecho de que en ocasiones se deba pedir cita previa por teléfono o por Internet sin posibilidad de hacerlo de otra forma.
La administración electrónica es un foco de problemas que alejan aún más a las personas, ya de por sí distanciadas por la exclusión social. Son constantes los problemas electrónicos que dejan sin servicio temporal a la ciudadanía y para los cuales las administraciones no ofrecen una rápida solución, ya que o bien necesitan de personal informático específico que lo resuelva o es ella misma quien obstaculiza el servicio como ocurre en aquellas instancias en las que se ofrece la posibilidad de obtener citas de forma telemática solo a una hora determinada en un día concreto de la semana, ante lo cual el colapso y la falta de atención es lo esperado. Son precisamente las personas migrantes quienes más trámites realizan por motivos relacionados con su situación administrativa y son, por ello, las más afectadas por este desajuste. En ocasiones se ven incluso obligadas a pagar a personas o empresas para recibir ayuda y el servicio que podrían y deberían poder hacer ellas solas, pero que se imposibilita por la exclusión digital o la barrera del idioma. Todo ello ha sido denunciado de forma reiterada por organizaciones de la sociedad civil, quienes informan de la problemática de las citas previas y de los procedimientos telemáticos para conseguirlas, lo cual dificulta sobremanera los esfuerzos de la población migrante para atender a los requerimientos o para conocer el estado de sus expedientes. También incluso para la fundamental consideración de la condición de solicitante de asilo de personas con necesidades de protección internacional, sin la cual personas refugiadas en espera de su mero reconocimiento se hallan en un limbo jurídico provocado por barreras administrativas o burocráticas que les sitúa en serio peligro de ser expulsadas a su país de origen en clara violación del principio de no devolución consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos.
La brecha digital supone una traba a menudo insuperable también para buscar empleo e implica un serio riesgo de ser objeto de desinformación ante la falta de alfabetización digital, lo cual ahonda en la inseguridad de personas que se hallan en mayor riesgo de ser víctimas de fraudes o estafas electrónicas. Todo lo referido no hace más que enfatizar que las comunidades con problemas para su plena inclusión social son muy sensibles a los obstáculos inherentes a un escenario digital que a menudo desconocen. “Una brecha de brechas que no solo es reflejo de la fractura social en el mundo digital, sino que, además, representa un factor que incrementa las desigualdades”.
Abordada la importancia del espacio digital para fomentar los lazos comunitarios y familiares o para promover el conocimiento, pero también la desigualdad de oportunidades sociales que una brecha en su acceso y uso conlleva, especialmente para los colectivos más desfavorecidos, es posible concretar una serie de recomendaciones.
Con el fin de poner remedio al problema en el acceso a las herramientas necesarias para entrar en el mundo digital, es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar la disponibilidad y conectividad de personas y comunidades. En el primer caso, facilitando el acceso a herramientas actualizadas y seguras mediante la puesta en marcha de modelos de adquisición para rentas bajas, economía circular o de un bono social digital. Por lo que respecta a la segunda, pero también vinculado a la disponibilidad, conviene hacer énfasis en ofrecer lugares de acceso gratuito a equipos informáticos y a una conexión a Internet de calidad. Es importante también que se publiciten esos espacios de manera adecuada para que las personas en situación de vulnerabilidad sensibles a la brecha digital y sus consecuencias tengan conocimiento de ellos.
Una vez asegurado el acceso, es imprescindible abordar el uso de dichas herramientas. Por ello, se destaca la necesidad de establecer talleres dentro de un plan de formación de competencias digitales que alcance a toda la población y que dote de capacitación en habilidades digitales a personas migrantes mediante itinerarios formativos o espacios de aprendizaje comunitario.
Más allá de esos dos componentes de la brecha digital, es básico incidir en la necesidad de fomentar la participación de mujeres y de migrantes en el diseño de las nuevas tecnologías que tenga en cuenta una perspectiva de género y de desplazamiento, así como en la relevancia de sensibilizar a la población general sobre las consecuencias de la exclusión digital y sobre las barreras que la promueven.
Por último, y dada la presencia de la administración electrónica en el día a día de la población migrante, es imperativo crear un sistema que combine el acceso al procedimiento y a la información, tanto en formato digital como presencial, para todos los trámites relacionados con su situación administrativa. Ello pasa irremediablemente por la ampliación de la disponibilidad de citas presenciales, el empleo de un lenguaje accesible que permita acceder a la información a las personas destinatarias de forma efectiva, y el uso de canales de información públicos que genere confianza en los colectivos de personas desplazadas y que evite que deban acudir a fuentes alternativas para conocer la normativa o reglas procedimentales. Sin estas y otras medidas que permitan corregir la evidente desigualdad, la brecha digital se convierte en una frontera más para las personas migrantes en el ejercicio de sus derechos.
AlRevésyAlDerecho es un blog sobre derechos humanos. Y son derechos humanos, al menos, todos los de la Declaración Universal. Es un blog colectivo, porque contiene distintas voces que desde distintas perspectivas plantean casos, denuncias, reivindicaciones y argumentos para la defensa de esos bienes, los más preciados que tenemos como sociedad. Colectivo también porque está activamente abierto a la participación y discusión de los lectores.
Coordinado y editado por Ana Valero y Fernando Flores.
