Los militares estamos en riesgo

En los datos publicados en los últimos días por el CIS, un 86,9 % de los encuestados considera que la actual guerra entre EEUU-Israel e Irán supone un riesgo importante para la paz internacional, y el 58,5 por ciento responde que la guerra en Irán le está afectando personalmente. Ese CIS, que también en la última encuesta de “Calidad de la Democracia” otorga a las Fuerzas Armadas —en realidad lo otorgan los ciudadanos encuestados, aunque suele ser una muestra representativa— el mérito de ser la institución mejor valorada, además son percibidas como una herramienta fundamental para la protección y defensa de los derechos y libertades que goza la ciudadanía, amén de la consabida garantía de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Más que probable es que, para llegar a esta valoración óptima, el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, principalmente desde los 90, se ha fundamentado en su preparación y profesionalidad, en la participación de distintas misiones internacionales y, cómo no, en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) que proyecta un servicio directo al ciudadano.

Desde hace mucho tiempo los militares venimos reclamando que nuestra profesión sea considerada como una profesión de riesgo. Esto, aunque parezca baladí, a la vista de las consideraciones anteriormente reflejadas, no lo es en absoluto. Si siguiéramos con las encuestas y preguntásemos a la ciudadanía sobre qué profesiones considera que conllevan un riesgo más alto en el desempeño de sus funciones, es más que probable que la inmensa mayoría de los encuestados respondan con que la profesión militar estaría entre el “pódium” final de la clasificación. Pero la realidad es muy tozuda y lo cierto es que los militares seguimos sin ese reconocimiento oficial.

La penosidad y la peligrosidad, principalmente, son dos de las circunstancias que engloban el trabajo diario del colectivo militar

Nos encontramos por tanto ante una paradoja significativa: la profesión militar en España se encuentra en una encrucijada histórica. Mientras las misiones internacionales aumentan en complejidad y la sociedad española deposita una confianza ciega en sus Fuerzas Armadas ante catástrofes naturales (DANAs, volcanes, incendios, etc.) o crisis sanitarias (COVID, peste porcina africana...) la profesión militar a día de hoy no está considerada oficialmente profesión de riesgo.

Para intentar ponernos en situación diremos que una profesión de riesgo es aquella que está declarada como tal en distintos textos legislativos y en la que se desarrolla una actividad (laboral) que, por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, presenta elevados índices de morbilidad o mortalidad. Esta definición puede ser claramente aplicable al conjunto de trabajadores militares, ya que la penosidad y la peligrosidad,  principalmente, son dos de las circunstancias que engloban el trabajo diario del colectivo militar. Los militares se ven inmersos en el manejo de armamento y explosivos de forma cotidiana y se adiestran en condiciones muchas veces extremas para simular situaciones que se puedan encontrar en caso de conflicto bélico, o sin necesidad de la declaración del mismo, en el ejercicio de las misiones encomendadas para garantizar la paz y la seguridad, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. Un ejemplo muy reciente lo tenemos con las misiones internacionales de Irak, que tuvo que ser replegada ante el peligro inminente a nuestros compañeros del contingente desplegado en aquel país, al igual que la situación que viven actualmente los componentes del contingente UNIFIL en Líbano, bajo mandato de las Naciones Unidas, situación agravada por el conflicto en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel, y los constantes ataques de este último al Líbano, y que han tenido como consecuencia el asesinato de varios miembros de la misión de Naciones Unidas o la reciente detención ilegal y el maltrato sufrido por uno de nuestros compatriotas en manos del ejército israelí.

Por cierto, no es la primera vez que el Estado de Israel atenta contra uno de los nuestros, y desde aquí me gustaría recordar al cabo Francisco Javier Soria Toledo, quien falleció el 28 de enero de 2015, víctima del ataque con artillería lanzado por el ejército israelí contra la posición de Naciones Unidas en la que estaba destacado. Quiero igualmente recordar la lucha por la verdad que emprendió su madre, Margarita Toledo, una madre coraje.

Esta reivindicación de profesión de riesgo no es un capricho corporativo, sino una necesidad urgente de justicia laboral y social

Además de este tipo de situaciones descritas en los párrafos anteriores, no puede quedar alejado del pensamiento del lector el riesgo de las actividades diarias desempeñadas por los militares en su día a día. Son ejemplos de ello los ejercicios, comúnmente llamados “maniobras”, que se desarrollan durante varias jornadas en las que se ponen al límite la resistencia humana y las condiciones de estrés, acompañado del uso y manejo de armamento y explosivos y/o de vehículos, embarcaciones o aeronaves que requieren una gran concentración y preparación para su uso de manera fiable y eficaz. Súmense saltos en paracaídas y operaciones de buceo de combate, todo ello exponiendo al personal a una siniestralidad más elevada que en otras profesiones.

Desde el punto de vista asociativo, tal y como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva haciendo desde hace muchos años, esta reivindicación de profesión de riesgo no es un capricho corporativo, sino una necesidad urgente de justicia laboral y social.

Detallemos a continuación lo que supondría un reconocimiento legal de esta situación y las ventajas que podría transformar el día a día del colectivo de los miles de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde las Fuerzas Armadas.

El principal resultado de ser declarada profesión de riesgo radica en los coeficientes reductores para la jubilación disfrutando de la protección social específica, algo de lo que otros colectivos disfrutan y que no es ni más ni menos que la consecuencia de estar sometidos a esos factores de peligrosidad, penosidad, toxicidad o morbilidad imposibles de separar del ejercicio de las funciones propias de su profesión.

Históricamente hemos visto como los trabajadores de la minería se jubilaban en edades tempranas, y la sociedad lo ha reconocido con plena normalidad. Las condiciones en las que extraían el entonces tan afamado carbón conllevaba enfermedades crónicas y un alto número de accidentes en las minas, muchos de ellos con el resultado muerte.

Más recientemente otros colectivos se han sumado al abanico de las profesiones de riesgo: bomberos, agentes forestales, policías autonómicos o policías locales, lo que les ha hecho disfrutar de ese estatus. Entre las profesiones de riesgo también podemos encontrar toreros y ciertos artistas.

La ley debe dejar de tratar al militar como un trabajador con un "deber heroico" para empezar a tratarlo como un profesional con derechos laborales específicos frente a un entorno laboral intrínsecamente peligroso

El beneficio de los coeficientes reductores supone de facto un adelanto de la edad de jubilación manteniendo las pensiones, ya que cada año trabajado se multiplica por el coeficiente reductor dando como resultado un menor número de años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión de jubilación.

Otro beneficio es el relativo a la protección laboral con una definición de las enfermedades profesionales de esa actividad, y una adecuación de las posibles indemnizaciones por los accidentes ocasionados en acto de servicio.

En definitiva, nos encontramos ante una anomalía democrática. La ley debe dejar de tratar al militar como un trabajador con un "deber heroico" para empezar a tratarlo como un profesional con derechos laborales específicos frente a un entorno laboral intrínsecamente peligroso, y en ese punto nos encontramos.

Esta anomalía parece que toca a su fin, ya que las pasadas semanas el Ministerio de Defensa convocó a las asociaciones más representativas de militares a una reunión para informales que finalmente se inician esos trámites. El primer punto pasa por solicitar al organismo responsable de ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el comienzo del desarrollo normativo. Debemos destacar que el trámite va a llevarse a cabo en el ámbito del Ministerio del Interior con relación a los componentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, otras dos profesiones que hasta ahora tampoco tienen el reconocimiento de profesión de riesgo.

Un país que valora a sus Fuerzas Armadas y presume de ellas en los desfiles y ante las catástrofes no puede permitirse dar la espalda a la salud y al futuro de sus militares

Las asociaciones profesionales de militares han de estar, hemos de estar, muy atentos a los proyectos normativos en esta materia, para que se cumpla sin discriminación alguna con independencia del régimen de cotización al que se pertenezca, bien sea del sistema de Clases Pasivas o del régimen general de la Seguridad Social para quienes hayan ingresado en las Fuerzas Armadas con posterioridad al 1 de enero de 2011.

No debe dejarse fuera de la norma al colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad, personas que se vieron obligadas a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad, habiendo permanecido en muchos casos en servicio activo por más de 25 años. Habrá que hacer una revisión del personal que se encuentre en situación de Reserva, incluso modificando la ley de la carrera para establecer la necesidad o no de mantener esta situación administrativa, ya que no parece muy adecuado mantener el pase a la situación de Reserva, para las escalas de suboficiales y oficiales en los 61 años, si con el desarrollo de los coeficientes reductores se pudiera pasar a la jubilación, por ejemplo, a los 60 años.

Aún es pronto para sacar conclusiones, ya que no existe documento alguno sobre el contenido de la norma, solamente sabemos del mandato de Defensa a Seguridad Social de comenzar los trabajos, pero ello no debe ser obstáculo para que los representantes legítimos de los trabajadores militares, las asociaciones profesionales, participen y colaboren activamente en este importante paso en beneficio de quienes dan lo mejor de sí mismos, incluso su vida, para proteger a sus conciudadanos.

Estamos ante un momento crucial. Parece que existe voluntad política de avanzar, y es una cuestión de reconocimiento a la lealtad del colectivo. No se trata de otorgar privilegios, sino de eliminar discriminaciones.

Un país que valora a sus Fuerzas Armadas y presume de ellas en los desfiles y ante las catástrofes, no puede permitirse dar la espalda a la salud y al futuro de sus militares. La seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la inseguridad laboral de quienes la garantizan. El camino marcado es claro: igualdad de derechos para quienes asumen riesgos extraordinarios.

Hasta entonces, seguimos en riesgo.

 

En los datos publicados en los últimos días por el CIS, un 86,9 % de los encuestados considera que la actual guerra entre EEUU-Israel e Irán supone un riesgo importante para la paz internacional, y el 58,5 por ciento responde que la guerra en Irán le está afectando personalmente. Ese CIS, que también en la última encuesta de “Calidad de la Democracia” otorga a las Fuerzas Armadas —en realidad lo otorgan los ciudadanos encuestados, aunque suele ser una muestra representativa— el mérito de ser la institución mejor valorada, además son percibidas como una herramienta fundamental para la protección y defensa de los derechos y libertades que goza la ciudadanía, amén de la consabida garantía de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Más que probable es que, para llegar a esta valoración óptima, el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, principalmente desde los 90, se ha fundamentado en su preparación y profesionalidad, en la participación de distintas misiones internacionales y, cómo no, en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) que proyecta un servicio directo al ciudadano.