Plaza Pública

Asalto y defensa de la sanidad pública

Convocatoria Cívica

La tardía publicación del barómetro sobre la opinión de la ciudadanía en relación al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, aunque mantiene una de las más altas valoraciones de nuestro entorno, sin embargo muestra ya los efectos de los recortes y la involución del modelo sanitario provocado por el gobierno del Partido Popular con la excusa de la crisis económica.

Para ello el Gobierno no ha permitido siquiera el debate democrático. Le ha bastado con un Decreto (RD 16/2012) y con vaciar de contenido las leyes existentes. Como la reciente Ley General de Salud Pública que incumple en todos sus extremos. El primero de ellos la universalización de la asistencia sanitaria o el principio de la salud en todas las políticas.

Aplicando el dicho de los gobiernos autoritarios de que “algunas normas se escriben con tinta invisible” el Ministerio de Sanidad por segunda vez retrasa y manipula los datos del barómetro obviando la rebaja significativa en la valoración de los ciudadanos, no sólo con las listas de espera disparadas como consecuencia de la amortización y el recorte de profesionales sanitarios, sino también a la atención hospitalaria e incluso a la atención primaria, lo que muestra ya la intensidad del daño de la política de recortes al sistema de salud.

En las mismas fechas veraniegas el Gobierno hace público el coste del convenio de atención en el Sistema Nacional de Salud para aquellos ciudadanos que con motivo de la involución de un modelo universal a un modelo de seguro, quedan fuera del mismo. Una exclusión que afecta a un millón de personas (inmigrantes, personas con algún recurso que impide su declaración de pobreza y aquellas con rentas superiores a 100.000 euros al año).

A esta medida de exclusión total del derecho a la salud pública hay que sumar una serie de exclusiones parciales, como el caso de las mujeres embarazadas y menores inmigrantes, a las que sólo se reconoce la cartera básica, pero quedan excluidas, salvo que realicen aportación económica de las carteras complementarias (farmacia, prótesis, dietas) ni a la de servicios accesorios como los que se aplican a las dolencias de carácter crónico, pero que se ampliarán para los nacionales a medida que se desarrolle la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Otro de los capítulos fundamentales del RD 16/2012 del que ahora se cumple un año de vigencia es el llamado copago (mejor dicho repago) que ha incrementado la factura farmacéutica de pago directo por parte de los ciudadanos y en particular por los pensionistas, pero también de otros productos sanitarios, del transporte no urgente, los ortoprótesicos o las dietas, doblado la aportación directa de los usuarios al sistema.

Una política de recortes, repagos y exclusiones, que junto a la acelerada privatización del sistema sanitario en las Comunidades Autónomas, significa un asalto sin precedentes a una de las joyas de nuestro estado del medioestar, en beneficio del sector privado multinacional y, a tenor de los últimos datos del caso Bárcenas también del propio partido del Gobierno, bien mediante una financiación irregular o mediante la puerta giratoria con la presencia de sus cargos políticos en los Consejos de Administración de las empresas.

La misma especulación y corrupción que niega el derecho a la vivienda, la movilidad y el medio ambiente, se ensaña ahora con el derecho a la salud de los ciudadanos.

Hablamos de ensañamiento porque tanto las exclusiones como el repago y los recortes aumentan la desprotección de los sectores más débiles ante la crisis económica: los inmigrantes son total o parcialmente excluidos, los ancianos con pensiones bajas encuentran barreras económicas adicionales para acceder al sistema sanitario, las mujeres sufren la reducción y amortización del empleo en los servicios sanitarios y amenazadas también por la restricción anunciada de la interrupción voluntaria del embarazo, etc.

Ensañamiento también con las estructuras más débiles del Sistema Nacional de Salud como es la salud mental, la salud laboral o la salud pública, precisamente cuando se incrementan las depresiones, el estrés y los suicidios entre los parados sin prestaciones y los trabajadores más precarios o cuando se relajan los compromisos de las empresas con la salud de sus trabajadores o cuando son peores los problemas de equidad.

En definitiva, que la austeridad enferma y mata y la sanidad y sus recortes son solo una parte: porque el desempleo, la desprotección, la precariedad laboral y social y la desigualdad en salud, empeoran con las políticas neoliberales.

No es de extrañar que a lo largo del año 2012 la esperanza de vida frene su incremento o haya datos de sobre-mortalidad en el primer semestre. Datos preocupantes que deben ser objeto de investigación, aunque esta se encuentre también bajo mínimos, como consecuencia de los recortes.

La austeridad, pues, tiene víctimas, y en sanidad enferma y mata.

Sin embargo, como contraste el programa máximo de desmantelamiento y privatización del Sistema Nacional de Salud se ha visto frenado bruscamente y no solo en Madrid, como consecuencia de la movilización ciudadana, profesional y sindical, unidos en las mareas blancas en Castilla La Mancha, País Valenciano, etc.

El freno a la involución sanitaria bien puede anunciar la recuperación del sistema sanitario universal, porque aunque las heridas son profundas, no en vano los ciudadanos, los profesionales y los sindicatos han demostrado que están dispuestos a defenderlo.

Los decretos también se derogan.

Gaspar Llamazares Trigo (Diputado de IU) e Ildefonso Hernández Aguado(Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Universidad Miguel Hernández) son miembros de Convocatoria Cívica.

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