Las seis falacias del Gobierno Ayuso que humillan a las víctimas de las residencias
Enrique Ossorio, vicepresidente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), humilló de forma inhumana a las víctimas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid y a sus familiares con unas declaraciones propias de alguien entumecido mentalmente que no siente la más mínima empatía por el dolor de quien ha perdido a su padre, a su abuela o a su hermana en unas circunstancias terribles.
Pero más allá de la rabia e indignación que pueda sentir cualquier persona decente al escucharle, es fundamental analizar fríamente lo que dijo por una razón clave: Ossorio será más o menos torpe dialécticamente, pero sus palabras son la esencia del discurso que el aparato de propaganda y manipulación de Ayuso lleva repitiendo desde hace dos años y medio para ocultar lo que ocurrió y librarse así de cualquier responsabilidad política o penal. Un aparato de propaganda y manipulación que, no lo olvidemos, está formado por dos comandos: el de los comunicadores que diseñan las campañas desde el Gobierno regional y el de los periodistas que difunden ese falso relato a través de sus medios. Ambos, comunicadores y periodistas, son cómplices necesarios de los autores materiales de la barbarie sufrida por miles de personas inocentes en Madrid.
Veamos antes de nada qué afirmó Ossorio cuando le preguntaron por qué se opone el Gobierno de Ayuso a crear una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid que analice lo ocurrido en las residencias.
Primero: “Pensamos que no tiene sentido [crear la comisión] porque mandamos un mensaje falso a los familiares. Parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto”.
Segundo: “Esto sucedió igual en todo el mundo, esas muertes sucedieron igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores”.
Tercero: “Ahora esta comisión solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar: ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Y volver a esto por interés electoral de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente”.
Analicemos ahora los hechos, la verdad que se busca ocultar con ese discurso perfectamente elaborado. Ossorio no improvisó, sino que iba mirando cada poco las notas que llevaba escritas. Un relato que se sostiene sobre seis falacias.
Primera falacia: no es verdad que “en todo el mundo” se aprobase un Protocolo como el de Madrid para impedir el traslado de residentes a hospitales
La Comunidad de Madrid aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. [Puedes consultar aquí los documentos íntegros con las cuatros versiones que se aprobaron del Protocolo].
Es fundamental recordar un elemento que no se suele destacar lo suficiente: el Protocolo afectaba tanto a personas con covid como a personas con otras patologías. Por tanto, el elemento clave que utilizó el Gobierno de Ayuso para decidir si un residente podía recibir o no asistencia en un hospital fue si esa persona era capaz de moverse por sí misma o si entendía los mensajes que recibía.
El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores. Unos centros que tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato, de forma que esas personas fallecieron sin la atención médica adecuada. En aquellos dos meses perdieron en total la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.
Es falso que en “todo el mundo” se aprobasen Protocolos como el de Madrid. Incluso si Ossorio entendiese que “todo el mundo” es España, tampoco es cierto. Por supuesto, esto no es cuestión de opiniones. Y el debate es facilísimo de resolver: si Ossorio conoce algún Protocolo como el de Madrid, que lo enseñe.
¿Significa eso que no hubo Protocolos en otras comunidades o que en otros territorios no se impidió de forma masiva el traslado a hospitales?
En otras comunidades, como Cataluña, se aprobaron también Protocolos que suponían una discriminación de las personas mayores. Pero en ningún caso establecieron unos criterios de no derivación hospitalaria como los de Madrid, que afectaban a una buena parte de la población residente.
En cuanto a las personas fallecidas en las propias residencias, Madrid también encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos aquellos dos meses sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene ese dato, el porcentaje también se situó en torno al 70% según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en las residencias.
Pero esa cifra se situó en el 6% en Canarias, en el 37% en Cantabria y en el 50% en Galicia, de forma que miente quien diga que ocurrió lo mismo “en todo el mundo”.
Segunda falacia: no es verdad que “en todo el mundo” existiese un hospital de emergencia para tratar a los enfermos de covid y que los residentes fuesen excluidos de ese recurso sanitario
Es cierto que, en aquellas fechas, la propia Ayuso acusó de mentir a quien afirmase que los hospitales madrileños estaban colapsados. Pero supongamos que era ella quien mentía y que realmente los hospitales estaban desbordados. ¿Qué sentido tenía llevar a los mayores a un hospital donde tampoco iban a poder recibir un tratamiento?, como preguntan los defensores de la presidenta madrileña.
El problema es que esa pregunta se olvida de lo que el Gobierno regional bautizó como el “hospital milagro”, el centro creado en Ifema con capacidad para tratar a 5.500 personas con covid, según los datos oficiales del equipo de Ayuso.
El hospital de campaña estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril, y en ese periodo sólo fueron trasladados allí 23 personas que vivían en residencias. Todas ellas tenían síntomas leves. Ifema atendió finalmente a 3.811 personas, así que esos 23 residentes supusieron el 0,6% del total.
Es más, Ayuso decidió cerrar Ifema con el argumento de que los contagios en la región se habían reducido y la presión sobre los hospitales era menor. La realidad es que en los nueve días anteriores al cierre perdieron la vida 960 mayores que vivían en geriátricos de la Comunidad de Madrid.
Es completamente falso que “en todo el mundo” se decidiese no atender en los recursos hospitalarios creados para combatir el virus a las personas mayores de las residencias. En realidad, lo cierto es lo contrario: no se conoce ningún otro ejemplo en el mundo –entendido aquí “mundo” como todo el planeta y no sólo España– donde se crease un hospital de emergencia para tratar a los pacientes enfermos de covid y no se llevase a dicho hospital a los enfermos de covid que más necesitaban el tratamiento para sobrevivir.
Durante el tiempo que estuvo abierto Ifema, murieron en las residencias de Madrid más de 5.000 mayores con covid. Ninguno fue llevado a ese hospital-milagro.
Dos años y medio después de aquellos hechos, el Gobierno de Ayuso aún no ha sido capaz de explicar por qué no se utilizó Ifema para tratar allí a los residentes y por qué se cerró dicho recurso cuando cientos de ellos seguían muriendo cada día.
Tercera falacia: no es verdad que “en todo el mundo” se permitiese el traslado a los hospitales a quienes tenían un seguro privado y se prohibiese a quienes no lo tenían
El sistema ideado por el Gobierno de Ayuso para evitar que las personas mayores que vivían en residencias llegasen a los hospitales se basaba en tres pilares: el Protocolo que establecía los criterios de no derivación, la creación de la figura de los “geriatras de enlace” en los hospitales que eran quienes tenían que autorizar cualquier traslado, y la prohibición de que las ambulancias de la sanidad pública fuesen a recoger a una persona a una residencia si no contaba con el visto bueno previo del geriatra de enlace.
De esa forma, si la directora o el médico de la residencia pretendía saltarse el veto del geriatra de enlace llamando directamente a una ambulancia, fracasaría ya que esta no iba a la residencia.
Pero esas eran las normas para las personas con una tarjeta sanitaria pública. Si el residente contaba con un seguro privado, entonces podía llamar a una ambulancia privada que iría a recogerlo a la residencia y lo trasladaría a un hospital privado.
Es más, con los hospitales privados ocurrió lo mismo que con Ifema. Ni una sola persona fue trasladada desde una residencia a un hospital privado si era usuario de la sanidad pública. Y ello a pesar de que, el 29 de abril de 2020, Ayuso afirmó lo siguiente en la Asamblea de Madrid: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].
Puede que ese sistema “histórico” haya salvado muchas vidas, pero desde luego no de quienes vivían en las residencias de Madrid, puesto que ni un solo usuario de la sanidad pública fue trasladado desde una residencia a un hospital privado.
Es falso, de nuevo, que “en todo el mundo” se discriminase a los residentes según su capacidad económica, de forma que quienes tenían un seguro privado si recibían asistencia hospitalaria y quienes no lo tenían se quedaban sin ella. De hecho, al igual que ocurre con Ifema, lo cierto es exactamente lo contrario: no se conoce ningún caso en el mundo de una discriminación similar. Y, por supuesto, también aquí Ossorio tiene fácil resolver el debate : basta con indicar en qué país del planeta o en qué comunidad autónoma de España se implantó un sistema similar.
Cuarta falacia: no es verdad que los 7.291 residentes hubiesen fallecido igual si hubiesen recibido asistencia sanitaria
Ossorio se opone a enviar el “mensaje falso a los familiares” de que “las muertes que sucedieron se pudieron evitar" porque "eso no es cierto”.
La primera pregunta es obvia: ¿cómo lo sabe Ossorio? ¿Ha tenido acceso a los expedientes médicos de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias? ¿Tiene poderes adivinatorios para saber qué habría ocurrido con esos 7.291 mayores si hubiesen recibido tratamiento médico adecuado?
Obviamente, nadie podrá saber jamás cuántos se habrían salvado y cuántos habrían fallecido igual. Pero hay dos cuestiones esenciales a tener en cuenta en relación con este tema.
La primera es de pura lógica. ¿De verdad alguien puede afirmar que si un sistema sanitario avanzado como el madrileño hubiese tratado a 7.291 personas, unas con covid y otras no, habrían fallecido las 7.291? ¿Los médicos y enfermeras de la sanidad madrileña no habrían podido salvar la vida ni de una sola de esas personas?
La segunda es que existe ya una prueba clara de lo contrario. Los traslados a los hospitales en Madrid estuvieron paralizados básicamente entre el 16 de marzo y el 5 de abril. infoLibre publicó los datos tanto de fallecimientos diarios de residentes como de derivaciones hospitalarias. Pues bien, en cuanto se recuperan los traslados a partir de la segunda semana de abril, se reducen de forma notable los fallecimientos. Una prueba de que, efectivamente, parte de los pacientes que son trasladados a un hospital salvan la vida.
Quinta falacia: el PP rechazó la comisión al comienzo de la legislatura y la rechaza cuando se acerca el final, de forma que es falso relacionar esa negativa con el calendario electoral
Esta mentira de Ossorio es quizá la más sencilla de desmontar.
La actual legislatura se inició tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Una de las primeras iniciativas de la oposición fue pedir que se reactivase la comisión de investigación sobre las residencias, que estaba funcionando antes del adelanto electoral. El PP y Vox lo rechazaron y enterraron aquella comisión de investigación. Eso ocurrió el 16 de julio, a los pocos días de constituirse la Asamblea de Madrid. Los familiares lo consideraron “una puñalada trapera a las víctimas”.
Ahora, Vox plantea crear una comisión de estudio, que tiene un rango y una posibilidad de actuación mucho menor que el de una comisión de investigación. Faltan menos de siete meses para las próximas elecciones autonómicas y el PP también se opone.
Es fácil de entender que si alguien rechaza una comisión justo cuando comienza la legislatura y también cuando esta se aproxima a su fin, el calendario electoral no tiene nada que ver.
Pero, una vez más, hay una salida fácil para Ossorio: que explique en qué momento de la legislatura se puede constituir una comisión sobre lo ocurrido en las residencias sin que sea “electoralismo”. Y una vez localizada esa fecha, seguro que no habrá problema para que el Gobierno de Ayuso se comprometa a apoyar la creación de dicha comisión en el día elegido por el propio PP.
Sexta falacia: es falso que los familiares ya hayan “superado” la muerte de sus seres queridos
Esto es una cuestión de Perogrullo: si alguien quiere saber qué opina el señor Ossorio sobre algún tema, lo lógico es preguntarle al señor Ossorio. Pues con los familiares de las víctimas de las residencias ocurre lo mismo. Si Ayuso, Ossorio o cualquier otro miembro del PP de Madrid desea saber lo que opinan, basta con que se pongan en contacto con ellas [aquí se lo explican, por cierto].
En Madrid hay tres asociaciones de familiares de residentes: Pladigmare, Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Ni Ayuso ni ningún otro dirigente del PP madrileño las ha recibido en estos dos años y medio.
Otro hecho que llama notablemente la atención, ¿verdad? Si la gestión ha sido tan excelente, ¿por qué no se lo explican cara a cara a los familiares de las víctimas? ¿Por qué no se reúnen Ayuso y Ossorio con esos familiares para convencerles de que intentar conocer la verdad de lo que ocurrió es “electoralismo”? ¿Por qué no les explican cómo saben ellos que ni una sola de las 7.291 personas se habría salvado en un hospital? ¿Por qué no les cuentan las razones por las que tenían recursos hospitalarios para tratar a los mayores, como Ifema y los centros privados, pero no los pusieron a su disposición? ¿Por qué no les indican los motivos para permitir la derivación de las personas con seguro médico privado y prohibírsela a las demás? ¿Por qué no les hablan de las bondades de no atender en un hospital a un enfermo si va en silla de ruedas o tiene deterioro cognitivo?
El pasado domingo, El Periódico publicó una entrevista con Ayuso y le preguntó sobre este tema. El diálogo fue el siguiente:
– ¿Tiene previsto recibir a las asociaciones de familiares de las víctimas después de dos años?
– La Consejería de Sanidad se reúne con numerosas asociaciones de toda índole.
– Digo usted como presidenta.
– Bueno, dependiendo… No me dejo llevar por la presión ni por el relato político. En este caso lo que hago es atender a muchos ciudadanos que no tienen por qué ir vía asociación y respondo al 100% de ellos, por cierto.
La Consejería de Sanidad quizá se reúna con asociaciones de toda índole, pero desde luego no lo ha hecho ni con Pladigmare, ni con Marea, ni con Verdad y Justicia. Y los familiares de las víctimas de las residencias no merecen ser recibidos porque tienen un “relato político”. ¿Queda ya claro por qué lo de Ossorio no ha sido un desliz?
Es difícil de creer, pero es así: tuvieron alternativas para tratar médicamente a esas 7.291 personas y no las utilizaron. Llevan dos años humillando a los familiares de las víctimas con mentiras como que el Protocolo era “un borrador” que no se llegó a firmar. Y ahora ya se atreven incluso a hablar en su nombre. ¿Qué será lo siguiente?
