Quién se frota las manos con la bronca por la reforma laboral

Es sobradamente conocida la gran capacidad de la izquierda para autolesionarse. Que todos los focos estuvieran puestos en la bronca por la reforma laboral el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba la Ley de Vivienda cuya negociación tanto ha desgastado a los dos miembros de la coalición de gobierno es sólo el último ejemplo. Es cierto que estos tiempos acelerados en los que el gran titular de las once de la mañana se queda en una nota a pie de página a primera hora de la tarde contribuyen a distorsionar la realidad inmediata y a confundir lo accesorio con lo importante. Pero no deja de sorprender el hecho de que asuntos de tan profundo calado como es el compromiso de la derogación/contrarreforma o reforma de la reforma laboral del PP se dibujen en el marco de debate público que interesa mayormente a la derecha y a los defensores del dogma neoliberal, en ningún caso a quienes pueden verse beneficiados por las decisiones de un gobierno progresista.

Me explico (o al menos lo intento) proponiendo algunas formas de mirar la realidad que se desvían de ese discurso casi único.

1.- La legislación del mercado laboral impuesta unilateralmente por la mayoría absoluta del PP ha sido un absoluto fracaso respecto a sus objetivos declarados: reducir la temporalidad y acabar con la famosa “dualidad” que divide el empleo en España entre trabajadores fijos y parados o empleados precarios. El único objetivo (no declarado) que consiguió esa reforma fue la mayor devaluación salarial de la democracia, que derivó en el crecimiento galopante de la desigualdad, del número de trabajadores pobres y de jóvenes desempleados.

2.- La reforma laboral vigente desde 2012 no pasó por la Mesa de Diálogo Social que tanto defienden ahora sus autores, y sólo contó con el aplauso cerrado de la patronal. Convendría que tanto la derecha como los empresarios asumieran (como muy bien explicaba aquí Pilar Velasco) que gran parte de ese fracaso que ha situado a España a la cabeza de la temporalidad y la precariedad es suyo. No pueden culpar a los sindicatos ni al socialcomunismo ni al tiempo soleado del sur mediterráneo. Pongan sus relojes en la hora europea, porque aquellas recetas de austeridad que se aplicaron tras la crisis financiera de 2008 han sido descartadas frente al tsunami de la pandemia. Aunque algunos no se quieran enterar, la respuesta a esta megacrisis es keynesianismo puro adaptado a la realidad global del siglo XXIkeynesianismo. Se diría que un virus socialdemócrata ha contagiado incluso a Estados Unidos o Alemania. Se hace de la necesidad virtud: o nos salvamos todos o no se salva ni dios. La brecha de desigualdad puede seguir disparando los populismos extremistas y llevarse por delante el mismísimo proyecto de la Unión Europea.

3.- Que hay un compromiso firmado por PSOE y Unidas Podemos para derogar los elementos más dañinos de la reforma laboral de 2012 no tiene duda. Sobran las disquisiciones acerca de si la derogación es completa o no, porque ninguna normativa con casi diez años en vigor puede ni debe suprimirse totalmente. Es técnicamente absurdo. Se trata de corregir lo que no funciona, de devolver derechos colectivos que se perdieron y de abordar fórmulas que permitan de verdad modernizar el mercado de trabajo, aprovechando además la oportunidad que ofrece la llegada en los próximos años de fondos multimillonarios garantizados por la UE para la transición a una economía verde sostenible y digitalizada.

4.- Decir que Bruselas pone como condición para entregar los fondos que no se toque la reforma laboral del PP es simplemente falso. Decir que la Comisión Europea no va a aceptar que los convenios colectivos tengan prevalencia sobre los de empresa o que se limite la temporalidad de los contratos también es falso, o al menos nadie ha mostrado un solo documento que afirme tal cosa. Basta con repasar las legislaciones laborales en los distintos Estados de la UE para comprobar la diversidad de las mismas, adaptadas a sus propias necesidades y rasgos estructurales. (Ver aquí lo que dice y no dice Bruselas sobre la reforma laboral).

5.- Que la batuta en las negociaciones de la Mesa de Diálogo Social corresponde al Ministerio de Trabajo tampoco ofrece dudas, lo cual no significa que no deban estar coordinadas sus propuestas con otros ministerios, especialmente el de Economía. Así ha sido en todas las reformas laborales que se recuerdan (ver aquí), y que contaran con acuerdo de los agentes sociales (que no es el caso, insisto, de la vigente). Si el mayor problema era esa coordinación y alguien temía que Yolanda Díaz acaparase el protagonismo de una reforma consensuada con sindicatos y patronal o tomara decisiones de espaldas al resto del Gobierno, parece que esa duda ya ha quedado despejada (ver aquí).

6.- Si las discrepancias son de fondo y hay presiones, vengan de donde vengan, para alterar el sentido de los compromisos alcanzados por PSOE y Unidas Podemos, más pronto que tarde vamos a comprobarlo, y no hay encuesta sobre la materia que no refleje un altísimo grado de coincidencia sobre la materia en los electorados del PSOE y de ese espacio a su izquierda que aspira a liderar Yolanda Díaz superando las siglas que actualmente lo identifican en los distintos territorios.

Sánchez considera "fundamental" acordar con sindicatos y empresarios la "actualización" del modelo laboral

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7.- La alta tensión indisimulada por los socios de coalición sobre la reforma laboral contribuye a instalar un marco de debate distorsionado, como advertía Unai Sordo hace unos días en la clausura del XII Congreso de Comisiones Obreras: parece que la reforma que se pretende sea “radical”, cuando es más bien muy moderada. Nadie ha planteado, por ejemplo, que se vuelva al despido de 33 días en lugar de 20. ¿De qué hablan la derecha y los empresarios cuando piden más flexibilidad? Hasta Bruselas apoya la idea de los ERTE permanentes que contribuyan a suavizar las curvas del empleo, cuya eficacia se ha demostrado durante la pandemia.

8.- Empieza a resultar cansino examinar toda discrepancia en la coalición de gobierno como un enfrentamiento entre la vicepresidenta de Economía y la de Trabajo. Con la primera mantienen hondas diferencias también algunos ministros del PSOE, y a la segunda no la aman precisamente algunas responsables de Unidas Podemos. Ambas patas de la coalición se juegan mucho de su porvenir en un riesgo común: el de que se pierdan de vista logros indiscutibles (subidas del SMI, implantación del Ingreso Mínimo Vital, ayudas públicas para vivienda, ley de eutanasia, proceso de vacunación contra el covid, etcétera) y cale una impresión de impotencia de la política respecto a poderes económicos y financieros u oligopolios empresariales. Será infinitamente más dañino para la coalición ceder ante Sánchez Galán que ante los sindicatos. Y a Nadia Calviño (y al PSOE) le vendría bien no jugar tanto el papel de “vigilante” de Bruselas y utilizar más precisamente su agenda europea para vencer resistencias a los acuerdos que aquí sostienen al Gobierno al que pertenece.

Mucho más importante que disimular las evidentes diferencias en el seno del Ejecutivo sería evitar las posibles decepciones de una ciudadanía ilusionada por la prometida recuperación justa tras la pandemia, harta del ruido de la (falsamente equidistante) polarización y perpleja ante la prepotencia de importantes sectores del poder judicial. Lo de “hacerse portugués” quizás ya no sea una opción.