La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.
¿Cómo se come que la trama Kitchen (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después de conocerse! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo? Se dirá que tal diferencia de tiempos se debe a la gran complejidad de la primera causa y a la sencillez de la segunda. Pero es más fácil creer en la santísima trinidad que descartar el hecho de que la esencia de la Kitchen es precisamente la obstrucción de la justicia por todos los medios, incluidos los que aportaba la mismísima cúpula del ministerio del Interior y de la Policía; o la ya experimentada capacidad del PP y sus servicios jurídicos para dilatar las causas en las que se ve involucrado el partido (que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, instructor de la primera causa de la Gürtel, la de los discos duros destrozados a martillazos…).
Déjenme incluso que sea malpensado: ¿cómo habrá influido en la investigación de la Kitchen el hecho de que su instructor fuera Manuel García-Castellón, el mismo juez que mantuvo durante más de dos años una causa abierta contra el núcleo dirigente de Podemos sin una sola prueba (ver aquí), pero facilitando día sí día también portadas y tertulias que debatían en torno a documentos más falsos que un euro de madera? Sí, es el magistrado que concluyó que el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a intentar robarle documentos que podían implicar al partido por financiación ilegal y salpicar a sus dirigentes en diferentes delitos. Pero es el mismo magistrado que se negó a ampliar la investigación de la Kitchen a la cúpula del PP o a los ‘habitantes’ de la Moncloa, donde “reportaba” el ministro Jorge Fernández Díaz de forma permanente. Deberán acudir a declarar como testigos Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno. Pero sólo como testigos, puesto que García-Castellón decidió perimetrar la investigación al departamento de Interior, como si este hubiera actuado como una especie de comando independiente tanto del resto del Gobierno como del partido al que toda la trama se dedicó a proteger.
El caso es que todas estas obviedades (documentadas y comprobables) permiten que hoy Feijóo, Ayuso y compañía repitan con enorme displicencia que “esto es algo de hace trece años” (ver aquí), y se quedan tan panchos, sin responder a la pregunta siguiente: ¿y por qué la trama político-policial-mediática seguramente más grave –en mi opinión– que ha afectado a la democracia en estas últimas cuatro décadas ha tardado trece años en ser juzgada? ¿Quizás porque esa trama consistía precisamente en obstruir a la justicia? ¿Quizás porque desde el propio Partido Popular y el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo todo lo que se pudo por dilatar esa causa? Mienten descaradamente cuando dicen –o insinúan– que en todo caso ya se pagó el precio político de “los errores de Fernández Díaz y su número dos” cuando Rajoy fue sacado del Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. Hacen la trampa de meterlo todo en la misma coctelera, olvidando que aquella moción se tramitó por una sentencia que no tenía nada que ver con la Kitchen, sino con la Gürtel, la que incluía los papeles de Bárcenas en los que figuraba un tal “M. Rajoy” cobrando sobres en efectivo, la que condenaba al PP por beneficiarse “a título lucrativo” de todo un entramado de financiación irregular que pasaba por el manejo de dinero negro para el reparto de sobresueldos a sus dirigentes o para pagar la sede nacional del partido (la misma que hoy mantiene Feijóo, pese a aquel anuncio de venta inmediata que hizo Pablo Casado en un ataque pasajero de ética política, como el que tuvo –y le honra– al denunciar la millonaria comisión por mascarillas del hermano de Ayuso, lo que le costó la presidencia del PP).
¿Cómo se come que la trama 'Kitchen' (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo?
Como también apuntaba Cristina Monge, no se trata de comparar la “gravedad” de unos y otros casos de corrupción. Allá cada cual con la calificación que le merezcan. Se trata –si somos mínimamente objetivos– de analizar el contenido de cada trama, su objetivo, sus consecuencias y también la reacción que ha merecido en el partido al que afectaba. No comulguemos con ruedas de molino: la Kitchen consiste en toda una cúpula de Interior y de la Policía dedicadas a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del partido político de Gobierno, y el caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Grave? Gravísimo a mi juicio, y por tanto merecedor de las condenas que procedan para Koldo, Ábalos, Aldama…, también aplicables a todos aquellos que se lucraron de manera absolutamente especulativa con la contratación de partidas de mascarillas, guantes, etc, en las distintas administraciones. No hace falta dar nombres. Pero no hay rastro alguno de financiación ilegal del PSOE en toda la trama en la que participaban Ábalos, Koldo y Aldama, ni con las mascarillas ni con los contratos públicos por los que también está imputado Santos Cerdán.
Lo innegable a día de hoy es que Ábalos fue expulsado del PSOE, mientras Jorge Fernández Díaz (el ministro con “un ángel de la guarda que se llama Marcelo”) solo fue suspendido de militancia en 2021 y hoy sigue perteneciendo al PP. Del mismo modo que Mariano Rajoy continúa disfrutando todos los honores en el partido y en las campañas de elecciones generales, como los disfruta José María Aznar, el del “sí a la guerra”, el presidente con más ministros imputados y encarcelados. Resulta inimaginable en cualquier otra democracia con la que queramos homologarnos que políticos con la ‘mochila’ de Aznar o de Rajoy pudieran seguir paseándose por los Hormigueros respectivos. Pero en este país nuestro el ecosistema mediático tiene un sesgo diestro anterior a la época de la desinformación y los bulos. Vemos hoy mismo cómo cabeceras de la aún llamada prensa seria fuerzan casos sin sostén documental alguno para intentar establecer una especie de “equilibrio” o “equidistancia” entre corrupciones de distinto signo.
Si no lo escribo, reviento: a la vista de actuaciones judiciales como la condena sin pruebas del fiscal general del Estado García Ortiz o la investigación descaradamente prospectiva de Peinado contra Begoña Gómez, ¿se imaginan qué habría sido del Gobierno de coalición actual si en algún momento hubiese aparecido un documento en el que un tal “P. Sánchez” firmara la percepción de un sobresueldo en negro? “La hoguera, la hoguera, la hoguera”, como cantaba Javier Krahe.
P.D. Este lunes hemos conocido algunas encuestas con un estribillo común: el ascenso de Vox parece frenarse, lo cual beneficia al PP, mientras el PSOE rentabiliza el ‘no a la guerra’ y la negativa de Pedro Sánchez a actuar como “vasallo” de Trump. Pero si se observan las transferencias de voto, las ganancias del PP vienen de Vox como las del PSOE vienen del espacio a su izquierda. No hay novedades en las fortalezas y debilidades de cada bloque. Hoy por hoy, las derechas extremas o extremadas suman mayoría, mientras las izquierdas no podrían repetir coalición ni siquiera con apoyos nacionalistas. Hay materia para un próximo análisis, pero los datos cantan: ni hay una “derechización” en España, como presumen diferentes voces –el bloque conservador suma unos 12 millones de votos, los mismos que en 2011 sumaban PP y la UPyD de Rosa Díez (ver aquí)–, ni está escrito que las izquierdas no puedan reeditar coalición de Gobierno. Todo depende de lo que hagan en estas próximas semanas las fuerzas a la izquierda del PSOE y de si aquellas y este entienden que un futuro de progreso democrático exige gestionar la realidad de un Estado plurinacional. Con todas las consecuencias.
La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.