Lo que sabemos: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por “revelación de datos reservados” a una “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Ayuso y defraudador confeso a través de su abogado, por “daños morales” (ver aquí). Tendrá el fiscal general que pagar incluso las costas de la defensa de González Amador, un señor que tiene pendiente ser juzgado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal.
Sabemos que la designada como ponente de la sentencia de este disparatado juicio acorde con una surrealista instrucción realizada por Ángel Hurtado –el juez que no vio el menor indicio de que M.Rajoy fuera Mariano Rajoy en el caso Gürtel– es relevada en la redacción de la sentencia porque ella, Susana Polo, considera que García Ortiz es inocente, lo mismo que opina la magistrada Ana Ferrer. Ambas presentarán un voto particular discrepante que promete sonrojar la argumentación jurídica de los otros cinco magistrados. Y será el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, quien se convierta en nuevo ponente.
Sabemos también que la pareja de Ayuso, presunto delincuente que proclama que el fiscal general le ha “destrozado la vida”, anda celebrando con Miguel Ángel Rodríguez, alias MÁR, jefe de gabinete de la presidenta madrileña a quien todos pagamos un sueldo para –como él mismo ha confesado– dedicarse a lanzar bulos capaces de destrozar la vida (y la hacienda personal) de todo un fiscal general. Brindarán por su éxito procesal, que además le puede servir para provocar la nulidad de su presunto (y palmario) fraude fiscal, producto de comisiones millonarias con las mascarillas durante el covid y gracias a sus chanchullos con el grupo sanitario Quirón, principal beneficiario del grifo de recursos públicos que Ayuso abre a su antojo hacia el negocio privado (ver aquí). Hoy, la pareja podrá seguir durmiendo a pierna suelta en un ático de lujo en Chamberí pagado –siempre presuntamente– con dinero ocultado al fisco y por tanto robado (de nuevo presuntamente) a la caja común de todas y todos los madrileños.
De igual modo sabemos que durante las seis jornadas del juicio oral ha quedado claro, hasta para el más tonto de los legos, que no ha aparecido una sola prueba de que el fiscal general filtrara el tan manoseado correo del abogado del novio de Ayuso en el que este confesaba dos delitos fiscales y mostraba su disposición a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la cárcel. Al contrario: hemos escuchado los testimonios de al menos cuatro periodistas de otros tantos medios que manifestaron haber conocido ese correo horas o días antes de que le llegara al fiscal general. Incluso tres han afirmado expresamente que no fue García Ortiz quien se lo filtró. Lo han hecho como testigos obligados a decir verdad o a asumir las consecuencias (no como un Mazón cualquiera que se permite mentir una y mil veces ante cualquier instancia).
Lo que no sabemos aún exactamente es por qué estos cinco magistrados (nombres y apellidos: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela) de una Sala que lleva ya unos cuantos años inspirada mayoritariamente por ese cerebro incomparable de la ciencia jurídica llamado Manuel Marchena (aquel que el PP esperaba nombrar presidente del Supremo y del Poder Judicial para controlar precisamente la Sala Penal “desde detrás” –ver aquí–) deciden ejecutar al fiscal general y anunciarlo precisamente el 20-N (¡qué enorme sensibilidad democrática!). Ya no está claro que la percha de la condena sea la filtración de ese correo. Porque el lenguaje no es inocente, ni en la política, ni en el periodismo ni mucho menos en la justicia. El fallo ya no cita la “revelación de secretos” sino que habla de “revelación de datos reservados”. No puede ser gratuito. No se han atrevido a decretar prisión, así que se inclinan por arropar una condena de inhabilitación y multa.
Cabe deducir que vuelve a otorgarse un peso “delictivo” a aquella nota informativa que salió de la Fiscalía General y cuyo contenido ha sido asumido desde el minuto uno por García Ortiz, puesto que tenía el sentido único de desmentir el bulo lanzado desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid, que –no dejemos que nos despisten– intentó colarnos la especie de que todo era al revés de como era: “Es Hacienda quien debe 600.000 euros” a este “particular” (ver aquí).
El propio Estatuto de la Fiscalía (artículo 4.5) exige que se facilite a la opinión pública la información de acontecimientos de interés general de su ámbito, con transparencia y veracidad. Esa nota informativa fue el motivo por el que el Tribunal Superior de Madrid elevó el asunto al Supremo, y resulta que fue esta Sala Segunda –y en concreto el propio Manuel Marchena, entre otros– quien dictó el auto que rechazaba la existencia de indicios delictivos en la misma (“se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”) y, eso sí, ordenó investigar directamente al fiscal general por presunta revelación de secretos. No a cualquiera de las decenas o incluso centenares de fiscales, abogados del Estado o funcionarios de distintas instancias que tuvieron acceso al maldito correo, sino al fiscal general en persona.
Manuel Marchena ha demostrado sobradamente una capacidad creativa en su interpretación del derecho que debería dar para unas cuantas tesis doctorales. Del mismo modo que después de presidir el tribunal que condenó por sedición a los independentistas del procés –algunos con penas más altas que las que tuvieron los protagonistas del 23-F– tuvo la ocurrencia de interpretar el delito de malversación de forma que pudiera bloquear la aplicación de la ley de amnistía decidida por el Parlamento, no podemos descartar que la nota informativa pase de considerarse irrelevante y lícita a convertirse en la base de la ejecución del fiscal general. Que el mismo magistrado que puso en marcha el proceso contra García Ortiz haya formado parte (esencial) del tribunal juzgador sin que nadie haya movido una ceja (ni siquiera el propio acusado, por temor a que además se le tachara de incurrir en una falta de respeto a la Sala), es un enigma que algún día debería aclarar –si es que puede y se atreve a hablar alguna vez ante los medios– la presidenta del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, digna de otras labores menos entregadas a una falsa equidistancia.
Se engañan Feijóo, Ayuso, MÁR, Amador o Marchena si se consideran triunfadores por haber liquidado al fiscal general. Algún día este proceso se estudiará como un atropello constante a la presunción de inocencia
Y lo que sí sabemos, con casi absoluta seguridad, es que se engañan Feijóo, Ayuso, MÁR, González Amador o el propio Marchena si se consideran triunfadores por haber liquidado al fiscal general. Algún día este proceso se estudiará como un atropello constante a la presunción de inocencia, pero también como el pisoteo del “derecho a una información veraz” establecido en la Constitución, artículo 20.1.D. Pierde el (ya escaso) crédito de la justicia, pierde el prestigio del más alto tribunal penal de nuestra democracia… perdemos todos. Si Feijóo cree que “García Ortiz ha sido un peón del Ejecutivo…”, habrá quien con todos los sólidos indicios acumulados pueda dudar si hay magistrados del Supremo que responden al antidemocrático llamamiento a “quien pueda hacer, que haga” soberbiamente repetido por Aznar. Desde el Supremo se ha dado un golpe (y no blando) en la mesa: no podemos nombrar al fiscal general, pero sí cesarlo. Y un aviso a navegantes: si se puede ejecutar a todo un fiscal general, ¿qué creen que puede pasar con el hermano o la pareja del presidente del Gobierno? Por algo el propio Aznar, y Feijóo, y Tellado… vienen anunciando el destino de Sánchez hacia el banquillo o más allá.
Llevamos mucho tiempo advirtiendo desde este mismo Buzón que lo que está ocurriendo en algunos sectores (decisivos) de la cúpula judicial es lo más grave en términos democráticos que hemos vivido desde la crisis de 2017. Precisamente a raíz de la crisis constitucional provocada por el independentismo unilateralista catalán, hay estamentos decididos a “salvar España”, como sea, el que pueda hacer que haga. Un falso patriotismo que inclina la balanza de la justicia hacia un solo lado, el que satisface a quienes vienen exigiendo la dimisión del Gobierno legítimo y la “inmediata” (desde 2018) convocatoria de elecciones generales.
Leeremos atentamente la sentencia, y también los votos particulares, que forman parte del acervo jurídico y que a veces sirven para desnudar al completo intereses ajenos a la estricta aplicación de la ley.
P.D. Una vez más se demuestra que uno es excesivamente ingenuo en la confianza hacia los principales actores del sistema democrático. Pensé (sin ninguna certeza, es verdad) que esta vez era imposible condenar a un presunto inocente sin pruebas sólidas y con testimonios contrarios a la acusación, y que asistiríamos a una absolución con recursos creativos que señalaran ese “borrado” del dispositivo móvil realizado por el fiscal general. Una decisión que regalara titulares de “inocente pero culpable” (ver aquí). No ha sido así. Sin pudor y sin complejos. Así que uno se atreve a proclamar honestamente: “culpable… pero inocente”.
Lo que sabemos: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz por “revelación de datos reservados” a una “inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años”, a una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Ayuso y defraudador confeso a través de su abogado, por “daños morales” (ver aquí). Tendrá el fiscal general que pagar incluso las costas de la defensa de González Amador, un señor que tiene pendiente ser juzgado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal.