En la Comunidad de Madrid hay cerca de 300.000 menores que fueron concebidos y que, además, nacieron, y ahora tienen entre cero y tres años según el censo del Instituto Nacional de Estadística, pero solo un 13% tiene acceso a una plaza en una escuela infantil pública. Los estudiantes de Educación Primaria, también concebidos, nacidos y creciendo, están en las aulas con su ratio de alrededor de treinta compañeros a más de treinta grados de temperatura, como cada final de curso. La escasez de inversión y los recortes en la enseñanza pública provocan que los niños y niñas con necesidades especiales en educación sean sacados de sus colegios, si se da que sus padres pueden permitírselo, porque los centros no tienen recursos para atenderlos. Las orientadoras y enfermeras de los colegios públicos se reparten entre varias escuelas para dar asistencia. Las actividades extraescolares son una brecha más de la desigualdad en la región con más segregación escolar del país. Faltan cerca de cincuenta pediatras en la sanidad pública madrileña para cubrir la demanda de los centros de atención primaria. Los migrantes no acompañados que viven en Madrid temen ser devueltos a sus países de origen por el empeño del Gobierno regional, en pugna por este asunto también con el Gobierno de España.
Pero estos problemas son de los vivos.
Hace unos días, el Gobierno de Madrid aprobó, con el apoyo de Vox, la llamada “ley del concebido no nacido”, que es la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Natalidad y la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral de la Comunidad de Madrid. Una norma que tiene su primera provocación en aquellas palabras que dijo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, parecía entonces que de forma espontánea, una ocurrencia, en el año 2019, cuando era candidata en campaña, para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar.
“Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo en la Asamblea. Sin entrar en términos biológicos de cuándo se coge aire por primera vez, ese concebido parece que importa solo desde esa supuesta inspiración primera, llámalo latido, dentro del vientre de la madre, hasta que nace, cuando los problemas de los niños y niñas dejan de contar para la Administración madrileña. La nueva ley permite el acceso a ayudas, becas o beneficios fiscales cuyo importe depende del número de miembros de la familia. Finalizada la semana catorce de gestación, las familias que ya tienen dos hijos pueden beneficiarse de las ventajas propias de la familia numerosa.
Parece esta norma una nueva fórmula de buscarle las grietas a la ley estatal de interrupción del embarazo, un desafío que dota al feto no nacido de más presencia administrativa, la única que le pueden dar
Concebido no nacido: es la batalla ideológica, y, como casi siempre, se da sobre el cuerpo de las mujeres. A costa del cuerpo de las mujeres.
El Código Civil español dispone que es el momento del nacimiento el que determina la personalidad jurídica. El artículo 29 añade que el concebido “se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que finalmente nazca con vida en las condiciones previstas por la ley. La ley regional introduce así un lenguaje institucional que influye en el debate sobre el aborto y mezcla decisiones políticas con un tema que, moralmente, sigue siendo sensible. Pero no es nuevo: el año pasado, en un pleno de la Asamblea de Madrid sobre el registro de profesionales objetores de conciencia que está previsto en la ley estatal del aborto, Ayuso dijo: “¡Váyanse a otro lugar a abortar!”. Una exclamación que, a poco que se tenga algo de memoria, reaviva los tiempos en que las mujeres no podían abortar en España y se jugaban su cuerpo marchándose a abortar a otros países o practicando peligrosos métodos de interrupción del embarazo. Esta ley se aprueba también unos meses después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alertara a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto.
Parece esta norma una nueva fórmula de buscarle las grietas a la ley estatal de interrupción del embarazo, un desafío que dota al feto no nacido de más presencia administrativa, la única que le pueden dar. Y, recorridos ideológicos de la presidenta de la comunidad de Madrid aparte, para arañar un puñado de votos ultraconservadores.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 300.000 menores que fueron concebidos y que, además, nacieron, y ahora tienen entre cero y tres años según el censo del Instituto Nacional de Estadística, pero solo un 13% tiene acceso a una plaza en una escuela infantil pública. Los estudiantes de Educación Primaria, también concebidos, nacidos y creciendo, están en las aulas con su ratio de alrededor de treinta compañeros a más de treinta grados de temperatura, como cada final de curso. La escasez de inversión y los recortes en la enseñanza pública provocan que los niños y niñas con necesidades especiales en educación sean sacados de sus colegios, si se da que sus padres pueden permitírselo, porque los centros no tienen recursos para atenderlos. Las orientadoras y enfermeras de los colegios públicos se reparten entre varias escuelas para dar asistencia. Las actividades extraescolares son una brecha más de la desigualdad en la región con más segregación escolar del país. Faltan cerca de cincuenta pediatras en la sanidad pública madrileña para cubrir la demanda de los centros de atención primaria. Los migrantes no acompañados que viven en Madrid temen ser devueltos a sus países de origen por el empeño del Gobierno regional, en pugna por este asunto también con el Gobierno de España.