Está de moda la palabra “normalización”. Se alude a ella para hablar de la ultraderecha y de cómo está incorporándose a las instituciones en España o cómo deja de ser vergonzante votar por ella en Francia. Pero tal significado sugiere de inmediato otro enfoque en sentido contrario: el derecho a escandalizarse ante la evidencia de que se ha convertido en normal lo que nunca debiera serlo. Es este último un planteamiento que parece pasado de moda; pero sin su concurso la democracia se debilita, los derechos retroceden y el autoritarismo gana terreno sin apenas oposición.
Se habla de contratos con comisiones millonarias para comprar material sanitario en tiempos de pandemia, y se normaliza que tales comisiones existan y sean habituales, que alguien cobre cantidades desorbitadas por, aparentemente, poner en contacto a vendedor y comprador, y se argumenta que en aquellos momentos todo valía en aras de conseguir pronto el material sanitario, aunque luego fuese defectuoso y apenas sirviera para proteger a sanitarios, funcionarios y ciudadanía en general. Cuando se hacen las preguntas más obvias para intentar esclarecer el asunto no son pocos quienes contestan que no hay de qué sorprenderse, que en aquellos momentos se hizo lo que se pudo y habría que agradecerlo. Si el debate prosigue, no tardan mucho en señalar que todo el mundo lo hizo. Y si no, ahí están las numerosas denuncias que van apareciendo bajo el sólido argumento de “y tú más”. La corrupción queda justificada de facto. El escándalo queda sofocado. Así son las cosas —sobre todo si las hacen aquellos de quienes se es partidario— y no hay más que hablar.
Se conoce el informe Pegasus que habla de más 60 teléfonos intervenidos a lo largo de tres años a líderes políticos, sociales, abogados, etc. del entorno independentista, con un software espía capaz de acceder a toda la información del móvil infiltrado. Se normaliza, razón de Estado mediante, que se puedan hacer estas escuchas infectando de forma masiva aparatos personales de comunicación porque los de enfrente estaban cometiendo actos ilegales. ¿Durante tres años? ¿Incluso en 2020, mientras se negociaba el apoyo a la investidura del actual Gobierno? Como mucho, se admite que debería haberse hecho con autorización judicial y en eso se centrarán, previsiblemente, las explicaciones de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Pero ¿basta con esto? ¿Será suficiente que exista una autorización judicial sin una motivación clara que explique la legitimidad de esas intervenciones? Y por otro lado, con 60 teléfonos espiados a lo largo de tanto tiempo, ¿Cómo no se consiguieron localizar las urnas del 1 de octubre? ¿Cómo se escapó Puigdemont sin que nadie lo supiera?
Y ya que estamos en el puente de mayo celebrando el día de los trabajadores y trabajadoras, recordemos que hace tres días conocimos una EPA que refleja la desaceleración de los elementos positivos que mostraban las anteriores, da fe de una mejora de los contratos indefinidos, pero nos indica también que hemos normalizado la brecha de género en el trabajo —que sigue creciendo—, el paro de larga duración, y que la Administración pública tenga una tasa de temporalidad muy por encima del sector privado (para un análisis detallado, recomiendo echar un vistazo a este informe de Ingeus sobre calidad del mercado de trabajo).
Ojalá el mercado laboral sea capaz de asumir esos retos que ya hemos asumido como cosa lógica e inevitable. Mientras tanto, escandalizarse es una forma de defender la democracia
Ante todas estas cuestiones que normalizamos, es necesario reivindicar el derecho a escandalizarse. Afortunadamente en democracia existen controles a posteriori y procesos de rendición de cuentas que se activan si se produce el escándalo. Quizá las investigaciones descubran que las compras de mascarillas y sus correspondientes comisiones fueron hechas de forma rigurosa y con arreglo a la ley y que todas las informaciones que han ido apareciendo poniendo esto en duda han estado desenfocadas. Quizá la investigación del Defensor del Pueblo y la comparecencia de la directora del CNI aclaren todas las dudas sobre Pegasus. Y ojalá el mercado laboral sea capaz de asumir esos retos que ya hemos asumido como cosa lógica e inevitable. Mientras tanto, escandalizarse es una forma de defender la democracia.
Está de moda la palabra “normalización”. Se alude a ella para hablar de la ultraderecha y de cómo está incorporándose a las instituciones en España o cómo deja de ser vergonzante votar por ella en Francia. Pero tal significado sugiere de inmediato otro enfoque en sentido contrario: el derecho a escandalizarse ante la evidencia de que se ha convertido en normal lo que nunca debiera serlo. Es este último un planteamiento que parece pasado de moda; pero sin su concurso la democracia se debilita, los derechos retroceden y el autoritarismo gana terreno sin apenas oposición.