En Transición

España, fin de ciclo. ¿Reiniciamos?

Cuando escribo estas líneas la espiral de acción-reacción entre el Gobierno español y la Generalitat parece ya imparable, y la lógica de la gestión de conflictos dice que es prácticamente imposible que de aquí al 1-O nadie pueda dar un paso atrás. Ni aunque sus dirigentes quisieran –que no es el caso–, nadie entre los promotores del referéndum catalán puede amagar con renunciar; unos y otros se vigilan mirándose de reojo para que esa opción no se plantee. También es impensable atisbar una mínima disposición de movimiento por parte del Gobierno del Partido Popular, que ha estado años cultivando el inmovilismo y negando las evidencias hasta la sobreactuación actual. La comparecencia ante los medios la semana pasada –algo excepcional en la política de Rajoy–, sirvió para dejar de manifiesto que no estaba dispuesto a moverse ni un solo milímetro. Por si esto fuera poco, las declaraciones de Montoro ofreciendo ventajas fiscales para Cataluña son en estos momentos una auténtica provocación. Es muy posible que en los tiempos de Pujol hubieran serenado los ánimos, pero no estamos ya en esa fase y es importante saber leer la calle.

Viendo, por tanto, que la semana que hoy comienza va a ser muy larga y bastante determinante para el futuro político de unos y otros, propongo levantar un poco la mirada y contextualizar este episodio en la vida política española de los últimos años.

En el año 2011, atravesando una crisis que empezó siendo financiera y acabó afectando al sistema en su conjunto, el movimiento 15M inició un proceso que llevaría a definir un nuevo ciclo en la política española. El consenso del 78 se resquebrajó ante el peso de una enorme crisis económica que sacó a la luz muchas de las carencias que la Transición había dejado sin resolver, y otras que se habían generado en esos 35 años. La impugnación al establishment y al sistema en general supuso no un cambio de tablero, sino un cambio del juego en sí. Por eso, aquellos que llevaban toda la vida jugando a las damas, no supieron ni pudieron en aquel momento entender que ahora se trataba de jugar al ajedrez: la sociedad se había vuelto infinitamente más compleja, las soluciones de antaño ya no eran eficaces y el sistema dejaba a la luz muchas de sus vergüenzas. A los indignados que gritaban "¡No nos representan!" se les dijo que si querían jugar a hacer política que se presentaran a las elecciones. Así lo hicieron… y su irrupción provocó de inmediato una sacudida que trastornó la correlación de fuerzas habitual, descompuso la lógica del bipartidismo y abrió nuevos procesos ante la incredulidad primero y la estupefacción después de las fuerzas tradicionales.

No quiero decir con esto que el conflicto que ha estallado en Cataluña estuviera en el 15-M, ni mucho menos. De hecho, el discurso de autodeterminación, aunque existía, no fue protagonista, y la indignación acogía tanto a independentistas como a los que no lo son. Sin embargo, hay ciertas lógicas que comparten, que hay que intentar entender, y que hay que situar en el calendario para intentar comprender el proceso que estamos viviendo.

El Estado de las autonomías fue concebido en la Constitución como la solución de compromiso a la que la correlación de fuerzas de ese momento permitía llegar. Una adecuada gestión política en estos 40 años hubiera llevado a un proceso de deliberación que permitiera avanzar en la definición de modelos de organización territorial del Estado donde cada pueblo se sintiera cómodo y reconocido. Lo que era una carencia con profundas raíces sociales y políticas se ha tratado a menudo, sin embargo, como mercadeo barato en la negociación fiscal, tanto por parte del Gobierno español como por la Generalitat, que lo hizo suyo en los tiempos del pujolismo. Y de la misma manera que buena parte del establishment no supo ver en el 15M el discurso subyacente ni la capacidad que tenían de emerger como nuevos actores, en el asunto del modelo de Estado tampoco se ha leído con inteligencia política la profundidad ni las características propias del fenómeno, que varían enormemente con el punto de inflexión que supuso el recurso del PP a la reforma del Estatut ante el Tribunal Constitucional.

Así las cosas, entre la impugnación al establishment que supuso el movimiento de los indignados y el jaque en el que Cataluña está poniendo al Gobierno de España, creo que estamos en condiciones de certificar el fin del modelo de convivencia, político y social que emergió de la transición del 78. Proceso destituyente lo llaman algunos. Porque a estas alturas de lo que hemos visto, tanto si el 1-O hay cientos o miles de urnas, como si la noche se salda con más o menos detenidos y las movilizaciones son más o menos numerosas, creo que ya nadie puede dudar que tenemos un problema que afecta a nuestra convivencia, objetivo último de la política. Si el marco político y jurídico del que nos hemos dotado no es capaz de garantizar esa convivencia, tenemos la obligación imperiosa de modificarlo por procedimientos democráticos para que sea capaz de cumplir su objetivo.

La crisis es profunda, sí, pero podemos ver en ella también una oportunidad para repensar y actualizar nuestro marco de convivencia abordando cuestiones que se quedaron por el camino en el 78 y otras que han emergido con los años. A todo proceso destituyente le debe seguir un constituyente. En la gestión y la resolución del conflicto el conjunto de la sociedad española deberíamos articular el relato compartido que aún no tenemos y desconectarnos de forma definitiva del pasado franquista que aún asoma en muchas actitudes políticas. Porque no olvidemos una cosa fundamental para entender esto: no se trata del problema de Cataluña, sino del problema de España. Fin de ciclo. ¿Reiniciamos?

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