Este miércoles el Gobierno de coalición, Sumar en especial, y Yolanda Díaz de forma personal, se juegan mucho: hacer realidad en el Congreso de los Diputados su promesa de reducción de la jornada laboral que ya ha aprobado la sociedad. Ganada en la calle, no está nada claro que supere la votación en el Congreso.
10,5 millones de personas según el Gobierno, casi 13 según CCOO, pueden verse beneficiadas de este cambio, especialmente trabajadores a jornada completa en el sector privado, con mayor repercusión en la industria y la construcción. En ámbitos como Educación, Administración Pública, actividades financieras y de seguros y en suministros de agua y recogida de residuos, la jornada laboral ya ronda las 37,5 horas, y en territorios como el País Vasco, Navarra y Cataluña, también. No es, por tanto, una quimera, sino una realidad que se aplica ya a casi la mitad de los trabajadores (22 millones, según la EPA) y que ayudaría a igualar las condiciones de unos y otros. Se trata, entre otras cosas, de un asunto de equidad con múltiples repercusiones sobre el estilo de vida.
La afección de la reducción de jornada laboral es distinta según sectores, lo que obliga a contemplar casuísticas distintas y ritmos de implantación, compensaciones, ayudas, etc., algo que a estas horas debe de estar siendo objeto de negociación entre la vicepresidenta Díaz –que ha liderado la iniciativa– y los socios del Gobierno, especialmente Junts, que se ha mostrado contrario a apoyar la medida.
En la calle, sin embargo, la reducción de la jornada laboral se acoge de buen grado. Aunque con variaciones según las distintas encuestas, se apunta que dos de cada tres españoles estarían de acuerdo con la medida. Y lo que es más significativo: Según 40dB, sólo el 25% de los votantes del PP y el 29% de los de Vox se muestran contrarios. Es decir, la reducción de la jornada laboral tiene un apoyo social considerablemente transversal.
En la calle, la reducción de la jornada laboral se acoge de buen grado: según las distintas encuestas, se apunta que dos de cada tres españoles estarían de acuerdo con la medida
¿Por qué, entonces, esta reforma está encontrando tantas dificultades en el Congreso de los Diputados? Todas las miradas apuntan a Junts, partido de indudable carácter conservador, con posiciones cada vez más hacia la derecha en temas como la migración –en lo que compite con la ultraderecha Aliança Catalana– y de profunda raigambre ultraliberal en lo económico. Contra lo que a veces se considera por una parte de la izquierda, ser nacionalista catalán no es sinónimo de ser progresista. Una parte de sus votantes, poderosos e influyentes, pertenecientes a la oligarquía catalana, se oponen profundamente a una medida como la reducción de la jornada laboral. Las presiones que los exconvergentes han recibido para votar en contra son públicas y conocidas, y todo apunta a que pueden decantar su voto pese a que, según el Centre d'Estudis d'Opinió, el 83% de los catalanes apoyan la medida. Entre los votantes de Junts, el 72%. La presión de los influyentes en este caso puede ser más poderosa que la opinión de los votantes.
Con estos datos en la mano, sería normal pensar que Junts acabaría apoyando la reforma, con toda la negociación necesaria, pero a las horas de escribir estas líneas no parece que vaya a ser fácil. ¿A qué responde esta estrategia? En cuanto se formula esta pregunta, emerge la imagen de aquel escorpión que convence a la rana de que le ayude a cruzar el río prometiéndole que no le clavará su aguijón, pues de hacerlo él moriría también ahogado. Cuando finalmente lo hace y la rana le recrimina, el escorpión contesta: “Es mi naturaleza”. En efecto, es su naturaleza. Les puede la clase (social).
Los partidos que apoyan al Gobierno son una combinación de progresismo y plurinacionalismo. Unos en el eje de la izquierda y otros en el de la derecha; unos en el centralismo y otros en los nacionalismos periféricos. Saber conjugar todo esto ha sido clave para la aprobación de 42 leyes en esta legislatura. ¿Seguirá siendo posible? Mientras tanto, los sindicatos llaman a la movilización el próximo miércoles en todas las ciudades. No será esta una votación cualquiera ni para el Gobierno, ni para Sumar, ni para Yolanda Díaz. Tampoco para los socios. Es hora de retratarse. PP y Vox ni están ni se les espera.
Este miércoles el Gobierno de coalición, Sumar en especial, y Yolanda Díaz de forma personal, se juegan mucho: hacer realidad en el Congreso de los Diputados su promesa de reducción de la jornada laboral que ya ha aprobado la sociedad. Ganada en la calle, no está nada claro que supere la votación en el Congreso.