Mala hierba

Alquileres: no es la libertad, es la memoria

La mayoría de nosotros pensamos que las casas son un lugar para vivir porque es lo que hacemos con ellas. El negocio, creemos, consiste en que alguien las construye y nos las vende, por una cantidad de dinero que, también suponemos, será mayor dependiendo del tamaño, la calidad del inmueble y la zona donde esté situada. Pensamos que los bancos ganan algo concediendo hipotecas, una manera para que el cliente medio, con una cierta estabilidad económica, acceda a su compra poniendo como garantía la propia vivienda que amortizará en unos años. Las narraciones permanecen en el imaginario colectivo una vez que su realidad ha desaparecido, y esta, la del funcionamiento del mercado de la vivienda al estilo del siglo XX, es una de ellas. No, las casas no son un lugar para vivir, sino un activo con el que especular, otro más, al menos desde hace dos décadas.

De hecho fueron la base de aquella gigantesca locura que Rodrigo Rato calificó de milagro económico español: transformar descampados en muchos billetes que irían al bolsillo de unos pocos, algo que quedaría estupendo en la foto del PIB. Se dió luz verde desde el Gobierno de Aznar, a través de las administraciones locales y autonómicas, para recalificar todo tipo de suelo en urbanizable. Los bancos ya no sólo daban hipotecas, sino que compraban casas a mansalva e incluso invertían en su promoción o en las empresas que las edificaban. Los precios empezaron a subir artificialmente, independientemente de cualquier consideración real, porque, una vez más, aquellos números quedaban estupendos en la foto de la cuenta de resultados de las entidades. Algunas voces empezaron a advertir que aquello era una fantasía que se podía acabar en cualquier momento. A principios del siglo XXI fueron calificados de agoreros.

Los ciudadanos no sólo seguían accediendo a las hipotecas, sino que tenían mayores facilidades que antes, aunque también unos tiempos de amortización mucho más elevados: de unos cuantos años a media vida. La razón es que eran la excusa del negocio, gente que vive en casas, para mantener aquella obsoleta narrativa que encubría la gran estafa. La realidad es que sus hipotecas se agrupaban en paquetes que cotizaban a su vez a oscurísimos mercados de futuros: especulación sobre especulación. El Gobierno de Zapatero y algunas comunidades, a lo sumo, apostaron por las viviendas de protección oficial y precio tasado, además de exenciones fiscales y ayudas a la compra, en un intento de que al menos la gran fiesta de la vivienda llegara a todos: pase usted, al fondo hay sitio.

Para mitad de la década de los dos mil, la cosa se había ido tan de madre que aquellas voces críticas se transformaron en un pequeño movimiento de denuncia por el elevado precio de la vivienda: se llevaron algunas hostias de la policía y la incomprensión general. Incluso algunos economistas empezaron a anticipar que aquella fantasmagoría no podía durar mucho más: el mercado inmobiliario era un tipo empastillado que bailaba ya sin seguir el ritmo de la música a punto de deshidratarse. ¿Quién podía parar aquello? La mayoría de los ayuntamientos ingresaban más que nunca mediante las recalificaciones, los pueblos crecían, tanto como la corrupción, y construían infraestructuras inimaginables para su antiguo tamaño. Muchos jóvenes de clase trabajadora dejaron los estudios porque en las obras se levantaban una pasta al mes. Existía toda una industria subsidiaria que constituyó el cinturón de la moldura, el mueble y el azulejo alrededor de las grandes ciudades. Las cajas de ahorros, una especie de banca social pública, se habían lanzado también prestas al festín.

Y entonces, en 2008, llegó la Gran Recesión y todo aquello saltó por los aires a nivel mundial, en España con estruendo particular. El hundimiento económico en cascada primero afectó a los sectores implicados, en un par de años se había extendido al resto de la sociedad. Millones de parados, bancos en quiebra y aquel ladrillo, una vez de oro, convertido en un “activo tóxico” de la noche a la mañana. Los grandes bancos de inversión norteamericanos, para curar sus heridas, atacaron a la deuda de los países del sur de Europa a partir de 2010, agravando aún más la crisis. Estuvimos a punto de la quiebra como país. La respuesta política en las elecciones generales del 2011 fue votar en masa al Partido Popular de Rajoy o quedarse en casa, aquella sobre la que pesaba una hipoteca a cuarenta años que ya no se sabía cómo pagar. Comenzaron los desahucios. Comenzaron los recortes.

Pero el problema seguía ahí. ¿Qué hacer con aquellos miles de pisos vacíos que nadie quería y nadie podía comprar? Una de las soluciones fue que el Estado los comprara indirectamente a través de otro eufemismo, el Banco Malo, para cuando todo estuviera mejor, que volvieran a manos privadas. En la operación se esfumaron miles de millones de euros de dinero público. Otra fue alquilarlos, una palabra que, si han estado atentos, había estado ausente hasta este momento. Se nos explicó que nadie alquilaba por la cultura española de la compra, algo que podía ser verdad, algo que el franquismo diseñó con sumo cuidado: un país de propietarios antes que de proletarios. Lo cierto es que durante los dos mil, pagar una hipoteca tenía un coste menor que el recibo del alquiler. Puede que en la primera década de siglo, sólo aquellos muy en los márgenes, económicos o ideológicos, alquilaban. Ninguno era, por si no lo habían notado, propietario de nada realmente.

Para activar el alquiler se crearon las SOCIMIS en 2009, remozadas por Rajoy en 2013 rebajando su fiscalidad a cero. Para que los grupos de inversión comenzaran a especular con aquellos activos tóxicos llamados casas, esta vez en su vertiente de arrendamiento. A finales de la pasada década, 2019, España pasó a ser el primer país de la UE y el segundo del mundo, después de Estados Unidos, en número de estos ingenios societarios. Si a esto le sumamos la vuelta del rentismo como valor seguro, después de que nadie se fiara de los productos financieros, y el jaleo de los apartamentos vacacionales, España entró en una nueva burbuja inmobiliaria, esta vez centrada en el alquiler, que ni el coronavirus ha podido pinchar.

El martes el Gobierno anunció un paquete de medidas para intentar frenar el precio del alquiler. Algunos, desde la izquierda, han calificado la intervención de tímida. Otros la han celebrado con gran esperanza. Supongo que la mayoría de la ciudadanía ha puesto buena cara y ha dicho “a ver”. Lo cierto es que hasta que este anuncio acabe en el BOE, y de ahí tenga efecto en el problema, pasará como poco un año. Entonces veremos el calado de las mismas. Hoy, a mí, tan sólo me apetecía recordarles cómo llegamos hasta aquí, sobre todo después de escuchar a Garamendi, de la CEOE, y a los partidos de la derecha, hablar de un ataque a la libertad: todo por intentar que los que tengan más de diez viviendas no puedan superar un precio. Terrible. Supongo que es la arrogancia que da el dinero y la impudicia. Una que sólo es posible cuando flaquea la memoria.

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