Doñana: Vox pone el discurso, el PP la ley
¿Qué le pasa al Partido Popular con el cambio climático? ¿Por qué es el único partido conservador de sus principales socios europeos que coquetea y se pone de perfil con los negacionistas? A ocho meses de las elecciones generales, el Partido Popular no tiene un programa nacional que aborde la transición ecológica. Y la práctica nos está diciendo que la ley de Juanma Moreno Bonilla contra el Parque Natural de Doñana puede ser la antesala de las políticas nacionales del PP. Votos a cambio de sanciones millonarias de Bruselas y arriesgar la reserva bionatural más rica del sur de España, el mayor humedal europeo, por mantener unos cuantos ayuntamientos andaluces.
Doñana no se puede tocar porque Doñana se seca. El PP no termina de aceptar que la emergencia del clima se traduce en políticas que protejan los recursos naturales y en las restricciones y prohibiciones de las industrias contaminantes. España y Europa están sumidas en la transición ecológica, energética e industrial para reducir las emisiones contaminantes y proteger la biodiversidad de los incendios y las sequías; para aprovechar al máximo los recursos naturales en un punto de no retorno donde la crisis climática es la gran emergencia del siglo XXI.
Hace tres años la UE declaró la emergencia climática. La presidenta de los populares, Ursula Von der Lyen, ha encabezado desde entonces las directrices y los mensajes que deben dirigir las políticas comunes de Bruselas. El Partido Popular Europeo, el partido alemán conservador (CDU) y en general los conservadores de la UE están plenamente alineados con la vicepresidenta Teresa Rivera. De hecho, el bloque al que pertenece el PP se parece más al gobierno de Pedro Sánchez en materia de transición ecológica que a la línea defendida por Alberto Núñez Feijóo. Hay unidad con la crisis del clima –igual que la hay con la guerra en Ucrania– que en este caso se salta el PP.
En lo nacional, los hechos revelan que Vox propone y los populares lo ejecutan con normas que atentan contra toda protección del medioambiente. El PP está regulando en la línea del discurso negacionista de la ultraderecha. La diferencia es que estos tiempos no permiten que una ley del suelo alicate la costa de adosados. Justo ahora, cuando vivimos en la irreversibilidad, en los incendios desaforados, cuando nos devora la sequía y se rompen los récords del termómetro, el líder de la oposición mira para otro lado. Su presidente autonómico desoye a Bruselas, a los científicos y al Gobierno y Feijóo no lo frena como lo haría su homóloga Von der Leyen.
La pregunta es qué ocurre en el Partido Popular para no terminar de creerse que la crisis climática va en serio. Para que autoricen desde la dirección nacional que Isabel Díaz Ayuso vincule la lucha contra la emergencia del clima a la pobreza, al comunismo, el “desde que la tierra existe ha habido cambio climático”; o a su homólogo andaluz le parezca bien cargarse Doñana.
Las decisiones políticas no pueden quedar impunes cuando el impacto sobre futuras generaciones no tiene vuelta atrás
El PP ha pasado del primo de Rajoy al silencio de Feijóo. Ya entonces no nos hizo gracia la broma del expresidente del PP. Pero Juanma Moreno Bonilla ha hecho el camino inverso. De defender la agenda verde de Europa a superar al primo que no se creía el cambio climático. El presidente andaluz quiso liderar el discurso medioambiental cuando todavía construía su liderazgo. Viajó a la cumbre del clima de la ONU en Egipto y se hizo fotos con águilas como Pablo Casado con ovejas y vacas. Hasta que cogió el análisis electoral. Lo reprochable, además de lo evidente, es que con mayoría absoluta y cuatro años por delante opte por la avaricia de unas cuantas alcaldías que viven de los regadíos ilegales en lugar de buscar soluciones con los fondos europeos para esos ganaderos y agricultores.
La ley para ampliar los regadíos en Doñana, legales o no, es indefendible. El Gobierno lo ha llevado al Constitucional acusado de electoralismo cuando ha sido el presidente andaluz quien aprueba una ley de urgencia para llegar al 28 de mayo. El recurso al Tribunal Constitucional es la vía más rápida para frenar una decisión de consecuencias irreversibles. Nuestra Constitución fue pionera en recoger la obligación de proteger los recursos naturales. Así que es muy probable que el tribunal de garantías encuentre argumentos para frenar la ley del PP y proteger la reserva natural.
De Doñana al Tribunal Constitucional y de ahí a la Corte Penal Internacional es un futurible no muy lejano. Los procesos penales para los responsables políticos que tomen decisiones a sabiendas del daño natural que pueden causar llegarán más pronto que tarde. Cualquier decisión política contra el consenso de expertos científicos de consecuencias irreversibles debe ser juzgada. De hecho, la ONU acaba de aprobar en marzo una resolución que abre la puerta a reclamaciones ante la Corte Penal de Justicia por el daño e impactos del cambio climático. Las decisiones políticas no pueden quedar impunes cuando el impacto sobre futuras generaciones no tiene vuelta atrás. Cortes internacionales para decisiones locales. Una red de instituciones que nos protejan cuando un dirigente atenta contra el medioambiente. Ante líderes y decisiones cortoplacistas, Bruselas como paraguas y salvaguarda del bien común.
