Feijóo, nuevo líder, mismo partido
Lo peor no es ser un mangante, como llamó Pedro Sánchez al PP en el Congreso. Eso pensábamos al principio de Gürtel, Púnica, Lezo. Creímos que las comisiones ilegales, el enriquecimiento ilícito, era el summum de la corrupción que atravesaba al PP de arriba a abajo en decenas de causas judiciales. Lo más grave no fue el robo. Fue el The Wired que montaron desde el poder. Cómo, en la peor crisis económica, el Gobierno de Rajoy utilizó el Estado contra todo enemigo político y buscó aliados en las instituciones para eliminar las pruebas de la financiación ilegal del partido. Una vez se permean las instituciones, la fuerza de la Constitución es papel mojado.
Tras la década más salvaje de la corrupción en España, se ha repetido como un mantra que, al menos, los corruptos habían acabado en el banquillo. Pero los audios de Villarejo demuestran que no han pagado todos, o no los suficientes, por actuaciones manifiestamente irregulares, de una dimensión comparable a los GAL en los ochenta. En cualquier país vecino, audios como los que estamos escuchando llevarían a una apertura judicial inmediata. La ex secretaria general del PP, el ex secretario de Estado de Interior, el ex comisario que servía de enlace con la cúpula de la Policía... intentando retirar a los inspectores de la investigación, destruir pruebas o falsearlas, según el bando. Las grabaciones de Villarejo son la confirmación de que María Dolores de Cospedal estaba al tanto de todo, lo ocultó y maniobró para destruir pruebas. Escuchar la nitidez de las maniobras de los entonces cargos del PP son hechos nuevos, con motivos de sobra para activar la instrucción en la Audiencia. Y Anticorrupción tiene materia para solicitar la reapertura.
No es que antes no hayan tenido indicios. En 2020 ya escuchamos a Cospedal con Villarejo cómo iban a mandar a los policías de la UDEF de vacaciones para frenar y controlar la investigación e idear cómo Ricardo Costa se “comería” la caja b de Valencia. El juez Manuel García Castellón escuchó los audios con la instrucción de Kitchen abierta y no ordenó una sola diligencia. El inspector Manuel Morocho, principal investigador de la Gürtel, aguantó el acoso de la cúpula policial y del exministro Jorge Fernández Díaz para tapar la caja b del PP y contó en la Audiencia cómo le intentaron apartar. Tampoco pasó nada. Ahora, publicada la secuencia, no se entendería que no se investigara, al menos, la parte no prescrita.
Lo urgente ya no era conseguir 'cash', era borrar el 'cash'. Lo peor no fue el robo, fueron los compinches. Los jueces y policías que ayudaron al PP a escapar de la Justicia. Por afinidad ideológica, por un ascenso de cargo y sueldo, por lo que sea.
El PP de Rajoy llegó al Gobierno y redibujó un nuevo campo de batalla. El frenazo económico en seco de la crisis y el caso Gürtel paralizó también las entradas de dinero líquido para engrasar la caja del PP. Lo urgente ya no era conseguir cash, era borrar el cash. En esto, lo peor no fue el robo, fueron los compinches. Los jueces y policías que ayudaron al PP a escapar de la Justicia. Por afinidad ideológica, por un ascenso de cargo y sueldo, por lo que sea.
La Audiencia Nacional tuvo abierta la instrucción de la Ciudad de la Justicia durante dos años por prevaricación y contratación ilegal del que fuera vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada. Ahora hemos escuchado lo que negó en los tribunales. “Es un choricete. ¡Ese sí lo es!”. Como Francisco Granados, como Ignacio González. Cuanto menos, la presidenta del partido tenía obligación de denunciar y no lo hizo. Tampoco el decano de los jueces de Madrid, José Luis Armengoll, intermediario de Aguirre y Villarejo, presente en la reunión. Aguirre pide al decano que prevarique, que incumpla su deber de denunciar su atropello a unos agentes en la Gran Vía. Además, el juez escuchó más cosas y las tapó.
Que jueces y policías se hayan puesto al servicio del PP para borrar delitos y evitarles el banquillo denota un grado de porosidad de la corrupción y nepotismo preocupantes. Que el Consejo General del Poder Judicial todavía no se haya pronunciado, también. Su presidente, Carlos Lesmes, muy ágil para lanzar comunicados contra cargos del Gobierno cuando les critican y dejar mensajes políticos cuando no toca, ahora que tiene que pronunciarse sobre su colega el juez decano, no lo hace.
