Segunda vuelta

Indultos y castigos

Pilar Velasco

Lo que mejor denota el estado de crispación en el que pretende instalar cualquier asunto la oposición es que ante el debate de los indultos, abierto hace un año y medio, tampoco hay una sola propuesta que lo contrarreste. Ante la mayor crisis de convivencia de nuestros últimos 40 años, Pablo Casado se ha movido tanto como Carles Puigdemont, nada. Todo avanza y siguen ahí, anclados en el 2017, retroalimentando un conflicto del que todos queremos salir.

Razones para un indulto hay muchas, e incluso razones en contra. Pero la derecha pretende reducir cualquier apuesta política del Gobierno a una batalla descarnada en los tribunales, en la calle, en el Congreso. El PP está en contra del indulto, pero también de homologar el delito de sedición a Europa y de la mesa de diálogo. Instalado en un no-lugar desde donde es imposible reconstruir la convivencia, la política o un espacio de interlocución donde quepan todas las partes.

Faltar a la concordia es apostar por el castigo permanente, por no añadir nada a la salida del conflicto. El 3,8% de los votos del PP en las últimas elecciones catalanas reflejan la ausencia de tres proyectos que son uno: frente al independentismo, para una mayoría de catalanes que no lo son y el resto de España. En su brochazo monocolor no entra un país de naturaleza federal. O como resume el político catalán Ferrán Mascarell: desde Aznar, las políticas del PP le dicen a los catalanes que en el Estado español no caben todos.

Si no te gusta el 2050, al menos apuesta por el 2021. El nuevo PP que promulgó Casado no ha hecho autocrítica sobre su responsabilidad en el balance de gestión durante el procésprocés. Reconoció posibles errores en la campaña electoral pero no ahondó en cuáles, cuántos, en el daño que hizo en el imaginario catalanista un operativo policial exagerado y descoordinado que exportó la peor imagen de España el 1-O y apuntaló la estrategia del independentismo. O por qué ante el respaldo sin ambages que tuvo en la aplicación del 155 ahora no hay una sola política de Estado que merezca su apoyo.

A estas alturas ya sabemos quiénes se saltaron las leyes. Quienes forzaron la estabilidad del Estado. Quienes cometieron delitos y están en la cárcel por ello. Lo que nos falta por saber es cómo vamos a saltar de pantalla tan lejos del conflicto como sea posible. Porque aun con los indultos, esto no acaba aquí. Quedan los siete huidos de la Justicia. El exilio de los independentistas a quienes no afectará la medida de gracia. La sombra de Carles Puigdemont que tanto ha influido en la configuración del nuevo Govern y que presionará en lo que pueda contra la presidencia de ERC en su apuesta por la vía bilateral. Y quedan también las resoluciones de la justicia europea, que podrían corregir alguna condena.

El preámbulo de la Carta Magna señala como principio constitucional la voluntad de garantizar la convivencia democrática conforme a un orden social justo. Si los indultos pueden ser parte de ese orden, si ayudan a desatascar la conversación y desarmar el relato victimista del Estado contra Cataluña, estaría bien escuchar motivos templados para no intentarlo.

Hablamos de una herramienta política que abre la vía a una solución de diálogo. La Constitución y la ley la contempla precisamente para garantizar nuestra convivencia, para darnos salidas a esos callejones donde tantas veces se ha visto atrapada nuestra historia reciente. Si el indulto es una llave, por qué no usarla. Al fin y al cabo son un perdón, pero no un olvido. Una posible manera de avanzar sobre el reconocimiento de los errores. Como citaba la periodista Àngels Barceló en palabras de Hannah Arendt: “El perdón se da a las personas, no a los hechos”. Si lo vuelven a hacer, volverá a pasar lo mismo.

Pero como herramienta política por la vía judicial, el Gobierno tendrá que justificar muy bien por qué los concede. Explicitar preso a preso las razones de justicia, equidad y utilidad pública. Evitar cualquier grieta de arbitrariedad. Establecer una conexión entre el perdón y las razones jurídicas del perdón que sean comprensibles. Argumentos sólidos que contrarresten los informes en contra de la Fiscalía y el Supremo. Si se justifican mal y los tumba el Supremo, no tendrán el efecto social que pretenden y correrán la misma suerte que el Estatut de 2006, kilómetro cero del desastre del procés.

Aquí casi nadie está libre de contradicciones. Los informes jurídicos en contra caen en argumentos políticos. Como la polémica prospección del Ministerio Público sobre las supuestas intenciones del Gobierno. La concesión del indulto podía operar, decían, como moneda política de cambio para obtener apoyos parlamentarios. Igual que es difícil entender en la distancia el informe del Supremo, cinco a tres, a favor del indulto en 1993 a Tejero, que sí dio un golpe de estado, con violencia, asaltando el Parlamento con armas y tanques, poniendo en riesgo la vida de personas y el orden democrático. El Supremo propuso el indulto de un Tejero reincidente, no arrepentido, por “convivencia pública”, porque contribuía “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”.

La lista de indultados es parte de nuestra historia. No son una ilegalidad, como lo ha calificado el secretario de Justicia del PP, Enrique López. No son anticonstitucionales, ni una medida de extrema gravedad, no contravienen el estado de derecho, ni humillan al pueblo español, como apunta Casado. Tengan la suerte que tengan, hay que salir de ese lenguaje falaz y frentista.

Sobre el futuro no hay nada escrito. La erosión y la desconexión de parte de la sociedad catalana es profunda. La desconfianza sigue instalada en la conversación pública. Con un Govern independentista del que no hay garantías a largo plazo. Pero conocemos el alto precio de la inacción. Y también el daño desgarrador del enfrentamiento social.

No sé si quienes se oponen a cualquier posible solución salieron indemnes de esta crisis. Muchos perdimos amigos por el camino que hemos podido recuperar más tarde y otros con los que nunca será igual. Por no hablar de quienes vivieron los últimos años en Cataluña. De los que quisieron irse. De las familias que dejaron de hablarse. Llegamos a pensar en un país roto incapaz de encontrar su camino de vuelta. En la posibilidad de una fractura que no arreglaría nadie. No hay un solo conflicto donde no cedan todas las partes. Y no hay una sola razón para que la política no haga su trabajo incluso a riesgo de equivocarse.

El perdón de Casado

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