No es una ley, es una obligación

La reacción del PP, los bancos, los lobbies de propietarios e inmobiliarias y la derecha mediática ha puesto en evidencia que la vivienda como un eje principal de pobreza y desigualdad es consecuencia de una deliberada defensa de la desregulación especulativa. La ley, primera en democracia, abordará necesidades flagrantes: la regulación del alquiler para garantizar el acceso (artículo 47 de la Constitución), la protección frente a los desahucios y un parque público que rebaje la tensión del mercado.

No se hizo con Zapatero, ni con Rajoy, ni el año de legislatura tras la moción. El espíritu de la futura norma no ha sorprendido porque estaba en el programa de Gobierno. Porque se debatió en profundidad con José Luis Ábalos al frente de Fomento. Y porque es el mínimo al que se ha podido llegar después de años de presiones sociales, llamadas de atención de Europa y un debate que ha ido de la calle a los partidos y ahora por fin llegará al Congreso.

Lo que conocemos de momento es un armazón de propuestas para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan seguridad jurídica para aplicar medidas que alivien unos precios disparados y favorezcan el acceso a los jóvenes. Un primer intento de poner algo de orden en la fractura social que provoca no tener casa. O tenerla compartida durante años. O vivir solo para pagarla. Algunas ya se han probado en lo local y otras se propusieron en su día y se desfondaron antes de aplicarlas.

Podría ser más ambiciosa y podemos debatir hasta dónde va a ser eficaz. Discutir si el bono joven de 250 euros es un parche que debe ir acompañado de otras políticas que den fruto mientras dura el paquete de ayudas o cómo abordar la picaresca del casero para que no suba el alquiler confiando en la ayuda. Podemos cuestionar si se limitarán los precios a los grandes propietarios y acabarán fuera los fondos buitre. O incluso si será el gobierno capaz de forzar la mejor medida para descongestionar el mercado y dar oxígeno a las zonas tensionadas: la norma que obligaría a las promotoras a construir un 30% de vivienda protegida y social. ¿En los barrios de lujo también? Por supuesto. Y en esos, más si cabe. Las viviendas sociales no son para los barrios pobres. Y la igualdad también pasa por igualar los barrios.

Pero este, que tendría que ser obligatoriamente el debate, ha sido demolido antes de arrancar por quienes tienen la obligación de abordarlo. El PP ha descubierto cómo hacer oposición sin dar ni golpe. Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ya han anunciado que llevarán la ley al Constitucional. Todavía no está redactada, no ha llegado al Congreso, no ha pasado el filtro de los informes preceptivos, el trámite de enmiendas… y ya han tomado la decisión de que los jueces decidan por ellos. Un Casado de brazos caídos que prefiere echar por tierra un trabajo que llevará meses antes que mejorar en lo posible las leyes del Ejecutivo. Es el nuevo vicio de Vox y del PP, que el Constitucional les resuelva la papeleta, visto además que no les va tan mal. Una manera muy espúrea de entender la separación de poderes. Que los jueces decidan por ti sin mover un dedo.

Lo que genera inseguridad jurídica es que Pablo Casado diga que el Gobierno va a expropiar a las empresas o a los autónomos, cuando es mentira. O que interfiere en la propiedad privada, como si la vivienda no se levantara en suelo público. O que la gente tendrá miedo a poner sus pisos en alquiler, cuando habrá ayudas fiscales para compensar a los pequeños propietarios si les afecta cualquier limitación. Tampoco es responsable anunciar que no se aplicará en ningún gobierno autonómico del PP. Condenando a Andalucía o a Castilla y León a rechazar cualquier instrumento de la ley que pueda ser útil en enclaves como Salamanca, León, Sevilla o Málaga.

La nueva ley de vivienda no es comunismo, ni intervencionismo suicida, ni la muestra de que España tiene el gobierno más radical de la Unión Europea. El PP ya contempló estas medidas antes del no a todo. Sancionar a las viviendas vacías mediante la subida del IBI es posible por un cambio legislativo de Cristóbal Montoro que ahora se elevaría hasta el 150%. El conservador Alberto Ruiz Gallardón propuso lo mismo cuando era alcalde.

Pero las consecuencias de la oposición por derribo las pagarán miles de jóvenes y familias a los que no se ofrecerá ninguna política pública de vivienda durante toda la legislatura en los feudos del PP. El alcalde de Madrid, al acusarle de que no hará ‘nada’, ha presumido: “Exacto”. Podríamos pensar que responde a una frivolidad dialéctica sobre el tema que más fractura social genera en las grandes ciudades. En su caso es una política intencionada en toda regla. La que está al servicio de las promotoras y la especulación inmobiliaria. Sirva de ejemplo recordar que vendieron 3.000 viviendas a un fondo buitre en Madrid y cuando perdieron en los tribunales recurrieron la sentencia para devolvérsela al mismo fondo buitre, no a quienes vivían ahí y a quienes les subieron el alquiler en plena crisis.

Con el bloqueo del PP, la nueva ley servirá de laboratorio en aquellas comunidades donde se ponga en marcha. Y no habrá datos fiables hasta ponerlas en práctica. Los propietarios dicen que reducirá la oferta de alquiler, pero también la CEOE anunció una destrucción apocalíptica de empleo con la subida del salario mínimo. También caen las bolsas cuando se da luz verde a políticas progresistas. Al final, ni se reduce la oferta, ni se destruye empleo y las bolsas se recuperan horas después.

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Poner límites a un mercado inmobiliario desaforado no es fácil. Y las partes implicadas no asumirán la responsabilidad social si no es por ley. Los inversores a los que se hace referencia están comprando inmuebles a precios por encima de mercado para alquilarlos más caros todavía. Gentrificando sobre la gentrificación. Con beneficios a costa de un precio medio de alquiler en Madrid de 780 euros frente a un salario medio joven de 1.184 euros.

Por alguna razón Casado está en el pleistoceno liberal. La cuestión en Europa y el entorno anglosajón no es si se regula sino cómo hacerlo. Es más, las propuestas de la ley de vivienda de Podemos y ahora del Gobierno coinciden con la visión de la economía liberal. Por distintos motivos e intereses, unos a favor de la gente, otros del mercado. En un mundo con cambios profundos de modelo productivo y de alta movilidad, no es inteligente hipotecar a las nuevas generaciones durante 30 años, condicionar sus ingresos al pago de una casa de por vida, anclar su vida laboral a una propiedad. Lo dicen los expertos citados por The Economist, el nuevo keynesianismo es contrario al pelotazo como revulsivo económico porque lastra el crecimiento. Necesitas jóvenes y familias que consuman y no que destinen el 60% de su sueldo a la vivienda.

El modelo burbuja del PP, cuanto más suban los pisos más fluye el dinero, responde a un feudalismo trasnochado, a un capitalismo desfondado mucho antes de la pandemia. A Casado le han dicho que habita en Matrix. Sí, en el Matrix comunista de los años noventa. MatrixMatrix