El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox.
Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.
Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada.
Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…
Vox no ha venido a hacer ficción. Ha vuelto a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP
A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería.
El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley.
Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.
A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.
El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox.