Es tremendamente preocupante que hasta el último minuto no nos hayamos enterado de una denuncia de agresión sexual de tal gravedad nada menos que en la cúpula policial hasta que el testimonio de la víctima se ha hecho público. Es alarmante que el Director Adjunto Operativo (DAO), el máximo jefe operativo de más de 70.000 policías, pueda cometer presuntamente una agresión sexual y sea la víctima quien lo destape. La querella detalla una impunidad sin límite: una agresión sexual en el domicilio oficial y siete meses de acoso, persecución y presunto encubrimiento mientras la inspectora lo rechazaba, acababa dándose de baja y entregando el arma reglamentaria, hasta reunir el valor suficiente para recopilar pruebas y presentar una querella con un aparente acervo probatorio demoledor.
El letrado de la víctima asegura que el ministro se enteró la tarde en la que se hizo pública la denuncia. Si es así, la reacción política y moral es la que toca. Sobra decir que el DAO tenía que ser apartado de inmediato. Fernando Grande-Marlaska ha puesto su cargo a disposición de la víctima si considera que le ha fallado. Ha antepuesto su testimonio a cualquier presunción de inocencia del DAO. ¿Qué le falta por hacer a Interior? Tras apartar al comisario señalado —el asesor y colega del DAO, siempre hay un cómplice— la víctima habla de “otros altos cargos policiales”. El expediente interno tiene que abarcar a todo el círculo directo: quién pudo haber visto, oído o percibido algo. E investigar los chats policiales donde se han dedicado a destapar la identidad de la víctima y difundir la querella. Una investigación exhaustiva —al margen de la judicial— ejemplarizante ante cualquier encubrimiento y corporativismo —tan habitual en estos casos y entre altos mandos—.
Si todas las víctimas son iguales, ¿por qué no todos los partidos reaccionan igual? No hacerlo convierte a las víctimas en munición política
Y toca revisar los protocolos. La inspectora no pudo acudir a ninguna instancia segura dentro de la Policía. Según la querella, fue a un Punto de Violencia municipal en junio de 2025. No sabemos si trasladó la identidad del agresor y, de ser así, qué se hizo para evitar una nueva agresión sexual hasta su baja el 28 de julio. Es evidente que las víctimas no los perciben como seguros. Y cuando lo hacen, como en el caso de la exconcejal de Móstoles, fallan repetidamente. A la exconcejal le falló el protocolo del ayuntamiento, el del PP de Madrid —donde denunció hasta en seis ocasiones—, y el Comité de Garantías de Génova 13, donde ni siquiera la llamaron para recopilar su testimonio. Una vez acudió a los medios, arroparon al alcalde.
El machismo es estructural en las organizaciones de poder pero los distintos baremos son preocupantes. Vox habla de denuncias falsas y mete a condenados por violencia machista en sus listas. El PP mira para otro lado y no cesa siquiera de militancia a sus altos cargos. En el PSOE falló el mecanismo interno con las denuncias contra Salazar pero en todos los casos ha habido cese inmediato. Expulsión del partido y del Gobierno. El testimonio de la víctima por delante.
Los partidos no están para tirarse los casos a la cara. Pero sí hay que exigir una misma reacción ante hechos similares. ¿Puede decir lo mismo Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid? ¿Puede asegurar el Comité de Garantías del PP Nacional que, tras leer la denuncia de la exconcejal de Móstoles, no falló a la víctima? Alberto Núñez Feijóo pidió denuncia cuando esa vía es independiente de los protocolos internos. Una vez existe, el aplauso al alcalde continúa. Después del encubrimiento y la dejación, la actuación de Manuel Bautista denunciado sigue impune. Feijóo tiene que explicar por qué las denunciantes en el seno del Gobierno tienen más credibilidad que las propias. Por qué las mujeres del caso Paco Salazar son creíbles y las suyas no; por qué exige el cese de Marlaska y apoya a Manuel Bautista.
El PP no tiene autoridad moral para pedir dimisiones mientras no haga lo propio con el alcalde de Móstoles. El mensaje a las mujeres no puede depender de la organización política a la que pertenezcan. Como firmantes del Pacto contra la Violencia de Género, PP y PSOE son responsables de los protocolos que se diseñaron para que la vía judicial no sea la única. Para que al margen de la justicia, tengan amparo en sus empresas y organizaciones. Si todas las víctimas son iguales, ¿por qué no todos los partidos reaccionan igual? No hacerlo convierte a las víctimas en munición política. Con Vox como socio de gobierno negando las políticas de género e igualdad, esta es la mínima línea roja que debería mantener el PP.
Es tremendamente preocupante que hasta el último minuto no nos hayamos enterado de una denuncia de agresión sexual de tal gravedad nada menos que en la cúpula policial hasta que el testimonio de la víctima se ha hecho público. Es alarmante que el Director Adjunto Operativo (DAO), el máximo jefe operativo de más de 70.000 policías, pueda cometer presuntamente una agresión sexual y sea la víctima quien lo destape. La querella detalla una impunidad sin límite: una agresión sexual en el domicilio oficial y siete meses de acoso, persecución y presunto encubrimiento mientras la inspectora lo rechazaba, acababa dándose de baja y entregando el arma reglamentaria, hasta reunir el valor suficiente para recopilar pruebas y presentar una querella con un aparente acervo probatorio demoledor.