Pongo este título al artículo con la esperanza de que alguien lo lea. Estoy segura de que si se llamara Derechos de las mujeres migrantes, su lectura sería bien distinta. Y es que cada vez que una denuncia por violencia sexual afecta a una figura pública, el debate se precipita, en el mejor de los casos, siempre hacia el mismo lugar. Si las preguntas no son por la credibilidad de los hechos, entonces rápidamente la sociedad se preguntará: ¿qué hacemos con su obra?, ¿con su legado?, ¿con lo que significó para una generación, para un país, para una idea de cultura o de política? La pregunta aparece con una rapidez reveladora, como si lo urgente ante la violencia sexual fuera salvar algo —una discografía, una trayectoria, una biografía—, salvar a los agresores de sus propias agresiones, antes incluso de saber qué necesitan las mujeres que han sufrido las agresiones sexuales que se han denunciado, es decir, antes que salvar a las agredidas de ser revictimizadas de nuevo.
Ese orden no es casual. Es un sesgo profundamente patriarcal. Porque sitúa el patrimonio simbólico por encima del daño, y convierte a las víctimas en una variable secundaria dentro de una discusión que se presenta como cultural o histórica, pero que en realidad es una disputa por el poder, y de algún modo también, una forma de violencia simbólica de la que tristemente participa una buena parte de la sociedad, revictimizando así a tantas mujeres.
La socióloga Gisèle Sapiro lo formula con claridad en ¿Se puede separar la obra del autor? La separación automática entre obra y autor no es una posición neutral, sino una decisión política que suele beneficiar a quienes ya ocupan posiciones de prestigio. La obra de un artista o la carrera de un político no flotan en el vacío. Circulan en instituciones, medios de comunicación, reciben premios, son enseñadas, celebradas y protegidas. Y todo eso ocurre mientras otras voces —habitualmente femeninas, precarizadas, subordinadas, especialmente aquellas voces victimizadas desde esa posición de poder— quedan fuera del relato.
El caso de Julio Iglesias, investigado tras graves denuncias que él niega, vuelve a poner esta tensión en primer plano. No porque obligue a una respuesta inmediata sobre su música (que por muy internacional que sea, la verdad sea dicha, para esta que escribe musicalmente no vale nada), sino porque evidencia hasta qué punto el resorte social sigue siendo el mismo. Antes que preguntarnos por las condiciones de reparación, por la protección de las denunciantes o por los mecanismos que hicieron posible el abuso, el debate se centra en si podremos seguir escuchando determinadas canciones o mantener los honores sin sentir incomodidad. Como si esta incomodidad individual por no poder escuchar una canción o seguir valorando las películas de algún que otro actor fuera el verdadero problema, llegando casi a disociar por completo ese malestar del problema estructural.
Les sonará aquello de no politizar el dolor de las víctimas tanto como la reivindicación de la libertad de expresión o la defensa de la presunción de inocencia. No son más que otras refinadas versiones del mismo sesgo. Nunca escucharemos a esos que disfrutan de ir ahora a un concierto de Plácido Domingo una defensa férrea de los Derechos Humanos. Esta lógica no se limita al ámbito cultural, sino que se vuelve aún más perversa en el terreno de lo político o judicial, al ser los lugares donde el propio poder se dirime. Cuando se revisan trayectorias o liderazgos, no digamos ya sentencias, ya sea en figuras contemporáneas como Íñigo Errejón o en referentes históricos como Adolfo Suárez, la pregunta recurrente es qué hacemos con su acción política, con su legado democrático, con su lugar en la historia. Rara vez se empieza por otra cuestión más incómoda pero a la que remite la mirada feminista. ¿Qué silencios les sostuvieron en ese poder y quién pagó el precio de esa construcción?
Tal vez la pregunta no sea si podemos separar la obra del autor, sino si estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades
Pensar desde la reparación exige invertir ese orden. No se trata de borrar obras ni de reescribir la historia a golpe de consignas, sino de modificar nuestra relación con ellas. La reparación no consiste en decidir si seguimos admirando, sino en cambiar las condiciones simbólicas que permitieron que determinadas violencias fueran normalizadas, minimizadas o directamente invisibles. A veces eso implicará contextualizar críticamente; otras, retirar honores; otras, abrir espacios de reconocimiento y escucha. Lo que nunca implica es seguir como si nada hubiera pasado.
Aquí es donde la Ley de libertad sexual marca un punto de inflexión. No porque sea una ley perfecta ni porque resuelva por sí sola la violencia estructural, sino porque propuso por ley desplazar el centro de este sistema. Frente a décadas de enfoque punitivo limitado y de sospecha permanente sobre las mujeres, introduce un marco integral que entiende la violencia sexual como una vulneración de derechos y no como un malentendido moral.
La ley permite y obliga a algo que durante mucho tiempo fue impensable, tan sencillo como poner a las víctimas en el centro de nuestro relato, sea este judicial, social, policial o comunicativo. Reconoce la violencia sexual más allá de la agresión física, sitúa el consentimiento como eje, garantiza atención psicológica, jurídica y social sin exigir denuncia previa, establece medidas para evitar la revictimización y contempla formas de reparación que no se reducen a la condena penal. Reparar no es solo castigar a los agresores sino que implica reconocer el daño, restituir derechos y transformar los contextos de poder que lo hicieron posible, especialmente en ámbitos jerárquicos como el laboral, el político o el cultural, para que estas violencias no vuelvan a suceder.
Ante estos cambios y denuncias, aparece un argumento recurrente. Tanto no deben funcionar las políticas contra la violencia sexual porque cada vez hay más casos, más denuncias, más relatos. Como si el objetivo fuera reducir la visibilidad del problema y no acabar con la impunidad. Pero lo que demuestran estos años no es un aumento de la violencia, sino un cambio radical en su reconocimiento, una revelación de mucha violencia que ha sido silenciada. Lo que ha cambiado no es el número de agresiones y agredidas, sino el concepto mismo de lo que una agresión sexual es y las condiciones que las mujeres tienen para ahora poder contar lo que han sufrido.
Ni el feminismo ni la ley de libertad sexual nos dicen qué debemos admirar, pero sí establecen un límite político y ético para que ningún talento, ningún liderazgo, ninguna historia justifique la impunidad
Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que que tu jefe te pidiera que le tocaras se consideraba normal. Hubo un tiempo en el que que un político te besara sin consentimiento se interpretaba como cercanía, como carisma, como un exceso simpático. Hubo un tiempo en el que tocarnos sin nuestro consentimiento era lo normal. Ese tiempo existió y se sostuvo sobre una pedagogía del silencio. Que hoy esas conductas se denuncien no es una prueba del fracaso de la ley ni del feminismo, sino su victoria más clara.
Por eso resulta tan revelador que la pregunta inicial siga siendo qué hacemos con la obra y no qué necesitan las mujeres. Porque mientras sigamos midiendo estos casos en términos de pérdida simbólica —qué música dejamos de escuchar, qué figuras se caen del pedestal— seguiremos protegiendo el corazón del problema. Ni el feminismo ni la ley de libertad sexual nos dicen qué debemos admirar, pero sí establecen un límite político y ético para que ningún talento, ningún liderazgo, ninguna historia justifique la impunidad. Tal vez la pregunta no sea si podemos separar la obra del autor, sino si estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades. Y aceptar que una democracia no se define solo por su capacidad de producir cultura o relatos heroicos, sino por su voluntad de hacerse cargo del daño que durante demasiado tiempo decidió no ver, a pesar de que demasiadas veces, estaba a simple vista.
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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.
Pongo este título al artículo con la esperanza de que alguien lo lea. Estoy segura de que si se llamara Derechos de las mujeres migrantes, su lectura sería bien distinta. Y es que cada vez que una denuncia por violencia sexual afecta a una figura pública, el debate se precipita, en el mejor de los casos, siempre hacia el mismo lugar. Si las preguntas no son por la credibilidad de los hechos, entonces rápidamente la sociedad se preguntará: ¿qué hacemos con su obra?, ¿con su legado?, ¿con lo que significó para una generación, para un país, para una idea de cultura o de política? La pregunta aparece con una rapidez reveladora, como si lo urgente ante la violencia sexual fuera salvar algo —una discografía, una trayectoria, una biografía—, salvar a los agresores de sus propias agresiones, antes incluso de saber qué necesitan las mujeres que han sufrido las agresiones sexuales que se han denunciado, es decir, antes que salvar a las agredidas de ser revictimizadas de nuevo.