Este es el eco que se repite hoy como un martillo pilón en la mente de muchas de nosotras como un viejo o un cercano recuerdo, como un aviso. No todas hemos estado en un despacho o residencia oficial, ni hemos vestido un uniforme ni rozado las altas instancias de poder, pero hemos sentido el peso de ese poder disfrazado de muchas formas. No necesariamente fue un alto cargo ni un alto rango, pero sí alguien que ejercía poder no solo sobre nuestro trabajo, también sobre nuestra estabilidad, nuestro prestigio o nuestro futuro.
“Calla” no siempre se pronuncia en voz alta. A veces es una situación, una sonrisa, un comentario en privado, un roce o un susurro. A veces es una advertencia sutil para que no compliquemos las cosas. Y vaya si se pueden complicar, digámoselo a Nevenka, o a la exconcejala de Móstoles, o a la comandante Cantera. Todas perdieron sus trabajos, sus funciones y se sometieron a un largo calvario de estigmas e infundios.
Con independencia del necesario esclarecimiento de todas las circunstancias que rebelan los asuntos particulares, el problema es colectivo y se llama machismo, que convierte el poder jerárquico en un instrumento de intimidación, sometimiento y abuso a las mujeres. Soy tu DAO, tu marido, tu jefe, soy quien decide tu destino, tu bienestar, tu carrera y eso contamina y pervierte cualquier relación. El mandato de callar es disciplinador y nos apela a todas. Es la relación histórica entre el poder y el género, y en esa relación perdemos nosotras, que hemos heredado la experiencia del coste y el desamparo de no callar, de negarnos y de denunciar.
El problema es colectivo y se llama machismo, que convierte el poder jerárquico en un instrumento de intimidación, sometimiento y abuso a las mujeres
El enfoque por tanto es estructural y global. No basta con cambiar leyes, es necesario un compromiso colectivo que confronte los patrones organizativos que reproducen desigualdad en el acceso, el ejercicio y el control del poder. El eje del consentimiento deja de cobrar sentido cuando opera el prevalimiento, el aprovechamiento de una situación de superioridad que hace imposible tomar decisiones en libertad, que puede obligarte a consentir y callar porque no tenemos la suficiente cobertura. No queremos ser valientes, queremos amparo.
Sin embargo, las estructuras sí se protegen. Lo hacen las familias, las instituciones, los partidos, y el sentido de esa protección es siempre el mismo y cubren el centro del poder, que sigue siendo masculino, y relegan la sumisión sexual a una cuestión individual, de consentimiento, nadie sabe ni ve ni conoce nunca nada, pero cuando se visibiliza lo niegan y lo esconden. Cuando la preservación de los derechos de las mujeres choca contra el interés reputacional o electoral los principios decaen.
También opera el sesgo cultural en estructura profunda. Todas las bases sociales están históricamente masculinizadas y se tiende a dudar de los testimonios de las denunciantes, a minimizar el daño, a hacer una lectura personal del conflicto, y especialmente a enterrarlo rápidamente con el paso del tiempo. Irrumpen con fuerza en la conversación pública, se utilizan como arma arrojadiza entre contrarios, generan indignación, activan declaraciones solemnes y se archivan en la memoria pública como casos aislados. La dinámica de funcionamiento permanece intacta.
Así las instituciones evitan que el foco se traslade a sus protocolos, su funcionamiento interno o su sistema de ascensos. El aislamiento narrativo impide hablar del patrón y traslada todo el debate al ámbito judicial (que debiera ser la última instancia) bajo la premisa imprescindible de la presunción de inocencia que a menudo no es más que una excusa. El dilatado y tortuoso calendario judicial actúa como amortiguador político y la memoria colectiva se acomoda.
Mientras, el tiempo no funciona igual para ambas partes. La institución permanece y la persona se desgasta. Esta asimetría facilita los enterramientos, porque su acumulación es aterradora y la invisibilidad pesa y recomienda el silencio. El olvido es así una forma de impunidad. Pasado el escándalo, ellos se acomodan y todas aprendemos.
La democracia no se mide por la capacidad de resistir al escándalo, sino por la voluntad de reforma tras de él. El tiempo tiene que servirnos no para olvidar sino para transformar, para reivindicar, para colocar el feminismo en el frontispicio de las políticas públicas y de los comportamientos personales. Mientras no lo hagamos no estaremos desmontando el machismo institucional, solo habremos aprendido a gestionarlo mejor y a seguir permitiendo que nuestros DAOS nos manden callar.
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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.
Este es el eco que se repite hoy como un martillo pilón en la mente de muchas de nosotras como un viejo o un cercano recuerdo, como un aviso. No todas hemos estado en un despacho o residencia oficial, ni hemos vestido un uniforme ni rozado las altas instancias de poder, pero hemos sentido el peso de ese poder disfrazado de muchas formas. No necesariamente fue un alto cargo ni un alto rango, pero sí alguien que ejercía poder no solo sobre nuestro trabajo, también sobre nuestra estabilidad, nuestro prestigio o nuestro futuro.