Sobre el derecho ciudadano a recibir explicaciones
Probablemente, de entre todos los derechos que conforman la naturaleza propia de la democracia el más importante sea el que tenemos los ciudadanos de elegir a nuestros representantes, que serán portadores así de la voluntad popular a la que deberán responder en cada caso concreto. Este principio básico, más allá de constituir un pilar del Estado de derecho, tiene como consecuencia inmediata la legitimidad de aquellos que ejercen el gobierno y ostentan los poderes públicos, lo que debería influir en la eficacia de las políticas que aplican por cuanto están obligados para con el conjunto de la ciudadanía.
Así son las democracias modernas, superadoras de los autoritarismos y asentadas en el poder del pueblo, en el principio de igualdad y en los derechos de participación política sin discriminación. Sistemas representativos donde se delega la voluntad de muchos en la capacidad de actuación de unos pocos, para evitar el voto permanente de la ciudadanía por muy pesado, por lento para la gestión diaria y por la tentación de producir una deriva populista en el peor de sus sentidos. De este modo, todas y todos acudimos a las urnas en elecciones periódicas y excepcionalmente en contadas ocasiones para resolver cuestiones de extraordinaria relevancia. El resto del tiempo permanecemos en manos de aquellos a quienes hemos elegido para sustituirnos en esos quehaceres de la cosa pública.
Por ello el art. 6 de la Constitución visibiliza a los Partidos políticos como los instrumentos de canalización de la voluntad colectiva, lo que llevarán a efecto con base a una cierta definición ideológica previa, y la conformación de programas electorales orientativos, pero también con el margen de libertad suficiente para afrontar las cuestiones diversas que surjan en el desempeño de su tarea diaria. Nadie puede prever la aparición de una pandemia o el estallido de una guerra, o la necesidad de articular mayorías con una aritmética compleja. Ahora bien, este margen de maniobra, esta imprevisibilidad y esa capacidad de actuación no son ilimitadas, no pueden ser un cheque en blanco.
Los ciudadanos concluimos con nuestra responsabilidad en el momento en que depositamos la papeleta del voto, ahí justo empieza la de las personas elegidas y debemos exigírsela. Deben legitimarse con sus acciones y omisiones, han de rendir cuenta diaria
No están exentos ni los partidos como tales, ni las personas que los conforman y han resultado electas, de la obligación de explicarnos a todas, les hayamos votado o no, pertenezcamos o no a su corriente ideológica, las razones por las cuales toman o dejan de tomar determinadas decisiones. Ni siquiera la legitimidad de los votos previos exime de aclarar los comportamientos políticos, del gobierno o del legislativo. De este modo debe justificar el PSOE las razones sobrevenidas para impulsar la amnistía en las causas pendientes del procés, pero también el PP sus pactos con la extrema derecha, que vulneran en mi opinión claros principios democráticos y sin duda el de igualdad de género. Podemos nos dirá (o debería decirnos) si en serio va a dejar caer decretos claramente sociales, y Sumar habrá de resolver y trasladarnos por qué razón y si verdaderamente es tan difícil mantener a su lado al principal partido de su conformación que no es otro que el mismo Podemos. Y desde luego Junts tiene que aclarar si la vuelta a la arena política es seria, o se trata de una pantomima en pro de la tranquilidad de sus lideres.
En cualquier caso, todos y todas, en el gobierno y en la oposición, están obligados a dar razón de lo que hagan, no cada cuatro años, sino de manera recurrente sobre los asuntos de interés. Se trata de conocer para entender y de entender para ejercer el derecho de crítica. Queremos y merecemos saber las razones, los intereses tácticos, estratégicos, los proyectos de futuro y hasta las cuitas personales, que de todo habrá en el escenario y todo nos afectará en mayor o menor medida. Las y los ciudadanos concluimos con nuestra responsabilidad en el momento en que depositamos la papeleta del voto, ahí justo empieza la de las personas elegidas y debemos exigírsela. Deben legitimarse con sus acciones y omisiones, han de rendir cuenta diaria en la acción y en la narrativa, en la explicación constante, en la rendición de cuentas. En caso contrario su comportamiento no estará siendo transparente ni democrático, se desligarán paulativamente de su obligación para con las personas a las que representan y deteriorarán el conjunto del sistema.
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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.
