La integridad es una condición esencial para el bienestar y la prosperidad, tanto a nivel personal como colectivo, como sociedad desarrollada que somos y aspiramos a seguir siendo, yo al menos. Las instituciones públicas deben, por su responsabilidad en la preservación de la confianza en la democracia, cuidar celosamente su integridad y la de quienes las conforman y representan. Y el resto, debemos escrutarla y valorarla.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la integridad pública como la adopción y respeto de valores éticos comunes (no robarás), principios (buena administración, transparencia, eficacia, eficiencia) y normas (contratación pública, conflictos de interés, etc.) que protegen el interés público y general sobre los intereses privados y particulares, especialmente los depredadores. Ser un persona íntegra, física o jurídica, es sinónimo de ser honesta e incorruptible.
Para dimensionar y medir este concepto tan abstracto como es el de la integridad pública, la OCDE ha reeditado en 2026 su “Perspectivas de Anticorrupción e Integridad” (ver aquí), la segunda edición de una serie de investigación que inauguró en 2024 y sobre la que ya escribí una tribuna (ver aquí).
Comparto un par de datos interesantes para ponernos en situación. Estima que la corrupción en la compra pública supone la pérdida de hasta el 25% de la inversión pública global, cada año, y que el impacto económico directo del fraude y del crimen organizado supera cada año el 5% del PIB mundial.
El informe evalúa el desempeño de los 37 sistemas de integridad y anticorrupción de los 37 miembros de la OCDE y de los 25 países socios en siete áreas clave, que yo os presento en modo preguntas: (1) ¿tiene el país estrategia de anticorrupción e integridad?, (2) ¿trata a los lobbies como lo que son, grupos de presión de intereses particulares con capacidad de influir en la toma de decisiones de las autoridades públicas?, (3) ¿cómo previene los conflictos de interés?, (4) ¿vigila la financiación de partidos políticos?, (5) ¿cumple con el principio de transparencia de la información pública?, (6) ¿funciona el sistema disciplinario de funcionarios, si es que lo hay?, y (7) cuando ocurren delitos de corrupción, ¿cuán integro es el sistema judicial que ha de juzgarlos?
Existen estándares internacionales –Naciones Unidas, Consejo de Europa– en materia de integridad pública contra los que comparar las respuestas a esas preguntas. Y sobre la mesa del Consejo Europeo está ahora mismo la propuesta de Directiva europea para actualizar y reforzar las normas de la UE de lucha contra la corrupción y contemplar así todos los delitos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) haciéndolos extensivos al sector privado.
El informe aplaude que sean cada vez más los países que han adoptado su primera estrategia anticorrupción, entre los que está España desde agosto de 2025 con su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, materializado por el momento en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, con 84 medidas y 18 modificaciones de leyes, seis de ellas orgánicas que requieren una mayoría absoluta en su trámite legislativo en las Cortes.
La OCDE reitera, como ya hizo en su primera edición, que el principal desafío de los sistemas de integridad existentes es la brecha de implementación —la distancia entre la norma y la práctica–. En este sentido, España cumple (ver aquí) el 53% de los criterios de valoración de la solidez de su estrategia estatal (el Plan Estatal), frente al 38% del promedio de la OCDE, pero solo cumple con el 17% en la práctica (frente al 32%). Esa distancia en la aplicación se materializa sobre todo en la propia estrategia, en el nulo tratamiento de los lobbies que ni están regulados ni registrados, y en los sistemas disciplinarios para funcionarios.
Proteger los fondos y las instituciones públicas es tarea de todos
El Anteproyecto de Ley Orgánica prevé concentrar varias de las siete áreas clave para la OCDE bajo una nueva e independiente Agencia de Integridad Pública que integraría las competencias que hoy ejercen la Oficina de Conflictos de Intereses, la recientemente inaugurada (en septiembre 2025) Autoridad Independiente de Protección del Informante, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude instalado en la Intervención General de la Administración del Estado, llamado a proteger los intereses financieros de la UE en su lucha contra el fraude. La transparencia seguiría siendo competencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la vigilancia de la financiación de los partidos políticos, del Tribunal de Cuentas.
Y todo esto solo a nivel estatal, insisto, que es lo que valora la OCDE, sin constatar lo que ocurre a nivel de Comunidad autónoma, que también han de garantizar su integridad y contar con la norma, la institucionalidad y los mecanismos necesarios para ello, que por eso son autónomas.
Constata el informe que los países que muestran mejores resultados se están alejando de enfoques de integridad basados en normas hacia enfoques basados en riesgos y orientados a resultados. España estaría teóricamente, o en fase de borrador hasta que la estrategia sea Ley, en ese grupo.
Pero también reconoce el informe que la gestión por resultados, que busca medir, evaluar y valorar la implementación de las medidas, como es lógico, precisa tener acceso y usar datos de calidad, incorporar herramientas digitales, garantizar la interoperabilidad (que los sistemas se hablen entre sí) y fortalecer el buen gobierno de quien ejerce la función de supervisión. De hecho, solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE –y España no está entre ellos– cumplen hoy con estos requisitos mínimos de gestión.
Que no se midan ni evalúen los resultados de los objetivos que uno se marca, por muy bien diseñados que estén y bienintencionados que sean, supone ir a ciegas. E impide demostrar, atribuir, comunicar y explicar que las mejoras que se consigan son, de existir, fruto de las estrategias, de los procedimientos y de las normas adoptadas; y que suponen ventajas concretas, materiales y cotidianas, en métricas que nuestro cerebro pueda entender y asimilar sin mucho esfuerzo.
La realidad es la que es, y es necesario transformarla en evidencia para poder comprobarla. La evidencia se consigue con evaluación, datos e indicadores que informen de qué se ha hecho, en qué se han materializado las medidas adoptadas, cuánto de lo previsto se ha conseguido, por qué sí y por qué no, y qué habría que hacer diferente para mejorar lo mejorable y corregir lo erróneo.
Proteger los fondos y las instituciones públicas es tarea de todos, aunque nos dé pereza. Pero es una tarea que no podemos hacer a ciegas ni mediante un acto de fe. Es lo que sugiere la OCDE en su informe, y de lo que me hago eco hoy aquí.
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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.
La integridad es una condición esencial para el bienestar y la prosperidad, tanto a nivel personal como colectivo, como sociedad desarrollada que somos y aspiramos a seguir siendo, yo al menos. Las instituciones públicas deben, por su responsabilidad en la preservación de la confianza en la democracia, cuidar celosamente su integridad y la de quienes las conforman y representan. Y el resto, debemos escrutarla y valorarla.