Ni atendiendo a sus valores fundacionales, ni a sus intereses estratégicos, ni tampoco a las normas más básicas del derecho internacional, ha sido capaz la Unión Europea de estar a la altura de las circunstancias en relación con Israel. El Consejo de ministros de exteriores celebrado el 15 de julio tenía que decidir si, tras la revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, aplicaba alguna medida contra Tel Aviv por sus sistemáticas y confirmadas violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Dicha revisión –decidida el pasado 20 de mayo (¡cuando Israel ya llevaba diecinueve meses masacrando a los gazatíes!)– había determinado sin ningún género de dudas que eso era precisamente lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu estaba cometiendo en Gaza. En consecuencia, tal como recoge el artículo 2 de dicho Acuerdo, cabía plantear alguna medida que hiciera sentir a Tel Aviv que no todo le está permitido. Vana ilusión.
Lo que finalmente se ha decidido, jugando con las palabras, es mantener abierta la posibilidad de aplicar medidas en el futuro que fuercen a Israel a mejorar las condiciones humanitarias sobre el terreno. En otras palabras, los Veintisiete, forzados a aparentar que había que hacer algo, pero atenazados por sus divisiones internas y temerosos de provocar una respuesta dolorosa por parte de los grupos de presión proisraelíes, han optado por no hacer nada; ni suspensión del Acuerdo, ni embargo de armas, ni ningún tipo de sanciones personales a los responsables de las barbaridades que cada día cometen quienes, sin ningún tipo de disimulo, se muestran dispuestos a imponer su visión supremacista en la Palestina histórica. En esencia, una desastrosa ausencia de voluntad política, de la que solo cabe extraer conclusiones inquietantes.
Por un lado, la actitud pusilánime de la UE resulta absolutamente ineficaz para detener la barbarie israelí contra una población hambrienta y forzada repetidamente a abandonar sus hogares. Si Netanyahu y el resto de extremistas con los que comparte asiento en el gabinete ministerial no han frenado ante las iniciativas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, menos aún van a hacerlo ante una UE que se limita a lamentarse discursivamente del coste humano que supone la aberrante actitud israelí, sin atreverse a emplear ninguna de las palancas que tiene en sus manos- empezando por su condición de primer socio comercial de Israel- para hacerle pagar el coste de sus excesos.
Por otro, hunde aún más la imagen internacional de la UE como supuesto actor comprometido con el respeto a los derechos humanos y al orden internacional basado en normas. Ahí están como referencias recientes la actitud de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alineándose acríticamente con Israel a pesar del reguero de violaciones que ha acumulado desde el 7 de octubre de 2023, o la de la Alta Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Kaja Kallas, despreciando el derecho internacional al sostener que, a fin de cuentas, lo que haga la Unión no va a detener la matanza de Gaza. Unas posturas injustificables a las que se añade la del canciller alemán, Friedrich Merz, colocándose igualmente al lado de Israel (con ocasión de los ataques a Irán) al argumentar que Tel Aviv está haciendo el trabajo sucio en “nuestro” nombre. Unas actitudes que no solo suponen el consentimiento pasivo de lo que el gobierno más extremista de la historia de Israel está haciendo en Gaza (y en Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen e Irán), sino la complicidad directa en lo que la CIJ está investigando como posible delito de genocidio.
Por supuesto, aunque la UE decidiera dar los pasos que hoy solo demanda abiertamente España, no está en sus manos resolver un conflicto que ya acumula décadas. Pero si además los Veintisiete optan por autoexcluirse de esta manera, no puede sorprender que, por un lado, los palestinos terminen por criticar a los gobiernos de la Unión y que, por otro, Netanyahu se sienta más libre para seguir adelante. El mismo Netanyahu que unos días antes del citado Consejo ha aparentado mostrarse flexible para permitir la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja –algo que todavía no se ha plasmado en nada sustancialmente relevante–, sabiendo que de ese modo lograría hacer aún más improbable que los Veintisiete llegaran a un acuerdo de sanción que tendría que ser adoptado por unanimidad.
Por supuesto, aunque la UE decidiera dar los pasos que hoy solo demanda abiertamente España, no está en sus manos resolver un conflicto que ya acumula décadas
En esas circunstancias –con Washington inamovible al lado de Netanyahu, con la UE anulada por voluntad propia y con los gobiernos árabes como actores inoperantes– se entiende que el gobierno israelí, por boca de su ministro de defensa, Israel Katz, se atreva a declarar que ha dado ordenes a las fuerzas armadas para montar una supuesta “ciudad humanitaria” en el sur de Gaza; es decir, un campo de concentración. Un proyecto que solo puede interpretarse como un paso más en el intento por anular la presencia de los palestinos en su propia tierra. ¿Qué mas tiene que suceder para que la UE pase de las palabras a los hechos?
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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Ni atendiendo a sus valores fundacionales, ni a sus intereses estratégicos, ni tampoco a las normas más básicas del derecho internacional, ha sido capaz la Unión Europea de estar a la altura de las circunstancias en relación con Israel. El Consejo de ministros de exteriores celebrado el 15 de julio tenía que decidir si, tras la revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, aplicaba alguna medida contra Tel Aviv por sus sistemáticas y confirmadas violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Dicha revisión –decidida el pasado 20 de mayo (¡cuando Israel ya llevaba diecinueve meses masacrando a los gazatíes!)– había determinado sin ningún género de dudas que eso era precisamente lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu estaba cometiendo en Gaza. En consecuencia, tal como recoge el artículo 2 de dicho Acuerdo, cabía plantear alguna medida que hiciera sentir a Tel Aviv que no todo le está permitido. Vana ilusión.