El ocaso de internet

Una clase de aeróbic, una profesora con mascarilla, convoyes militares de fondo y la difusión en Facebook. Mezclados, estos elementos representan una de las últimas imágenes de nuestra sociedad actual, el reflejo de la nueva normalidad. Pero repasemos lo ocurrido. 

Khing Hnin Wai es una profesora de Educación Física que se encontraba al aire libre grabando una clase de aeróbic para luego subirla a su cuenta de Facebook. Hasta aquí, todo normal. ¿Cuántas clases deportivas se han podido grabar en este año de pandemia? Pero si observamos en el fondo de las imágenes, mientras la instructora realiza los ejercicios, se puede apreciar un control de seguridad delimitado por vallas y fuerzas militares y como a los pocos segundos aparecen vehículos militares. Poco después, el jefe del Estado Mayor de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, anunciaba el estado de emergencia en el país. Esta clase se había convertido en la grabación de un golpe de estado.

La mañana del primero de febrero, mientras Khing Hnin Wai grababa su clase, se produjo el golpe militar. Los militares golpistas argumentan que en las pasadas elecciones generales de noviembre, que dieron el triunfo al partido Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, hubo fraude electoral, a pesar de que los observadores internacionales no habrían detectado irregularidades, y prometen nuevas elecciones el próximo año. Desde el inicio del golpe de Estado se han producido manifestaciones por todo el país pidiendo el retorno de la democracia, el reconocimiento de los resultados electorales y la liberación de los detenidos, mientras Naciones Unidas confirma hasta la fecha decenas de muertos. La joven y débil democracia surgida en 2011 se tambalea y los fantasmas de la dictadura militar que gobernó durante cinco décadas reaparecen a través de un vídeo de Facebook.

A la misma velocidad que se extendía la noticia del golpe, se viralizaba el vídeo de la clase de aeróbic, aunque también surgían las primeras dudas. ¿Era un vídeo real o un montaje? ¿Es posible que la profesora no se diera cuenta que convoyes militares estaban pasando a su espalda? Aunque el escenario es cuanto menos inusual para unas clases, lo cierto es que en su cuenta de Facebook podemos encontrar otros vídeos anteriores similares con el mismo fondo: la gran y solitaria avenida Yaza Htarni que lleva al Parlamento, situada en la capital del país, Naypidó. Facebook mostraba de esta manera unas imágenes para la historia que no habían podido recoger los medios de comunicación. 

Por su parte, la Junta Militar tomó el control de las comunicaciones y decretó el corte de internet en el país, tal y como confirmó una de las principales operadoras del país, Telenor. ¿El motivo? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Myanmar habría ordenado a las operadoras de telefonía móvil el cierre temporal de la red de datos en el país, dejando operativos los servicios de voz y SMS, con el argumento de evitar la difusión de noticias falsas y garantizar la estabilidad del país. Era el inicio de una serie de interrupciones que se han ido repitiendo en las últimas semanas. Esta situación comportó que millones de personas no pudieran hacer uso de internet en un país en el que aproximadamente el 40% de la población está conectada, impidiendo de esta manera el uso de las comunicaciones digitales con el exterior y la difusión de mensajes, fotografías o vídeos que podrían comprometer a los golpistas. 

Este hecho es un ejemplo más de los cambios que ha comportado el espacio cibernético en nuestras sociedades, incluso en la gestión de los golpes de Estado. A lo largo del siglo XX, uno de los objetivos principales de cualquier golpe o movimiento insurreccional en sus primeras fases no ha sido otro que intentar hacerse con el control de las comunicaciones, según las tecnologías existentes en cada época, como han podido ser la telefonía, la radio o la televisión. En nuestros días, debido a que el entorno digital se ha erigido como la principal vía de comunicación de millones de personas, también se ha convertido en un objetivo prioritario para culminar con éxito un golpe militar. 

Sin embargo, la interrupción de internet no es una práctica exclusiva de los episodios golpistas, sino que es una práctica cada vez más extendida por parte de los gobiernos. Según la organización de derechos digitales Access Now, durante el año 2020 se produjeron más de 150 cortes intencionados de la Red en 29 países, la mayoría situados en Asia del Sur, África y Oriente Medio –India lidera esta lamentable práctica con más del 70% de los casos registrados, seguida de Yemen, Etiopía y Jordania– con los argumentos de mantener, de nuevo, el orden y la estabilidad política, pero con el telón de fondo de silenciar protestas y evitar las posibles denuncias de violaciones de derechos humanos. De hecho, tal y como señala el mismo informe, la situación de bloqueo de internet en Myanmar no es nueva, sino que desde 2019 se impuso un apagón digital en los estados de Rakhine y Chin, donde gran parte de la población es de etnia rohingya. 

Debido a la actual dependencia de internet, en el último año estos cortes no han tenido únicamente consecuencias desde una perspectiva de ocio, sino que ha limitado la capacidad de millones de ciudadanos para comunicarse, expresarse o informarse. Por ejemplo, millones de usuarios utilizan la Red para estar en contacto con sus familiares y amigos o para compartir sus opiniones, pero también como el principal ámbito para informarse, sobre todo a través de las distintas redes sociales que se han convertido para muchos en los medios de comunicación en sí mismos. A través de estas aplicaciones los usuarios siguen a determinados medios informativos y leen sus contenidos por las distintas notificaciones que les aparecen. En otras ocasiones, las noticias les llegan a través de los distintos grupos a los que pertenecen o mediante la viralización de las propias noticias. 

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En los últimos años el crecimiento de las redes sociales ha sido tan meteórico que nos impide distinguir su alcance y sus límites. Sirva como ejemplo el uso de los productos de la compañía de Mark Zuckerberg. En el primer trimestre de 2020, alrededor del 65% de las personas conectadas a internet –es decir, casi 3.000 millones de personas– habría utilizado algún producto de la compañía norteamericana, como por ejemplo Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. Y esta posición otorga un poder que no es neutral. En las últimas semanas, paralelamente al golpe de Estado en Myanmar, Facebook ha sido noticia por su choque frontal con el gobierno australiano, el cual estaba tramitando una propuesta de ley para que las compañías tecnológicas pagaran a los medios de comunicación por los contenidos compartidos en sus plataformas. Como muestra de su rechazo a esta iniciativa, la compañía estadounidense bloqueó los contenidos informativos, dejando de esta manera a los usuarios australianos sin acceso a las noticias. 

Si bien los objetivos que se persiguen con la interrupción de internet por parte de un gobierno o de militares golpistas son distintos al bloqueo de determinados contenidos por parte de una compañía tecnológica –en este último caso, económicos–, lo que debe ponernos en alerta es la fragilidad con la cual los ciudadanos podemos ver limitados nuestros derechos como consecuencia de nuestra dependencia digital. 

A partir de las revueltas que se iniciaron a finales del año 2010 en el norte del Magreb y en Oriente Medio, conocidas como las primaveras árabes, internet en general y las redes sociales en particular, abrían un nuevo horizonte esperanzador para aquellas sociedades que estaban bajo regímenes autoritarios. Sin embargo, tan sólo una década después, la realidad apunta en otra dirección. Casi con total seguridad muchos gobiernos están tomando buena nota de los beneficios que les puede reportar la interrupción de internet en determinados momentos. Las libertades digitales se han convertido también en derechos fundamentales que hay que defender. En nombre de la estabilidad y el orden se han cometido algunas de las mayores atrocidades del siglo pasado, no permitamos que internet sea otra vía más para silenciarnos en el siglo XXI.