El buque insignia del PP en Madrid: deuda y sobrecostes

Tras meses de trabajo ve la luz el dictamen final de la comisión de investigación que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid sobre la empresa Madrid Calle 30. La gente de Madrid necesita poder conocer, con toda la transparencia posible, la verdadera situación económica de la empresa Madrid Calle 30 y la incidencia que la obra y gestión de esta infraestructura ha tenido sobre las cuentas municipales.

Grandes ausencias han marcado el desarrollo de esta comisión, como el caso del propio Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid en la época, y Juan Alfaro, actual presidente de Renfe y, en otro tiempo, consejero de Madrid Calle 30. Resulta cuanto menos curioso que sean del mismo partido, de aquel al que pertenece Cristóbal Montoro, ministro que vigila incesante las cuentas actuales del Ayuntamiento de Madrid, y el alcalde que hipotecó nuestras arcas públicas en un proyecto faraónico. Sin embargo, la incoherencia del PP no ha impedido que se haya vertido luz en una etapa oscura y poco transparente, porque a diferencia de entonces, hoy, el interés de los y las madrileñas está por encima de cualquier interés particular o de partido.

A lo largo de las sesiones y comparecencias en esta comisión hemos podido escuchar cómo las obras que realizó Gallardón fueron llevadas a cabo a toda prisa para poder llegar a su inauguración antes de las elecciones del 2007, poniendo en peligro a los trabajadores (hasta 6 trabajadores fallecieron durante las obras), la salud de los madrileños y provocando un endeudamiento que justificaba, años después, los gravísimos recortes que golpearon Madrid.

Por tanto, la primera conclusión que se desprende de esta comisión es que esta obra, buque insignia de la gestión del Partido Popular en Madrid, no fue ideada para mejorar la movilidad y la salud de la gente reduciendo la contaminación, una necesidad que hoy sí está en el centro de la agenda municipal y que, ya desde la época de Gallardón, era un tema señalado por las autoridades europeas, aunque el PP sigue discutiendo como aquel primo de Rajoy que negó el cambio climático.

En esta comisión también se ha evidenciado lo que gran parte de la sociedad señalaba aquellos años: el verdadero eje vertebrador del proyecto fue el interés electoral del entonces alcalde, junto al interés económico de las empresas y bancos que se embarcaron en la obra. Existieron además una serie de triquiñuelas administrativas que eliminaron aquellos “obstáculos” legales que hacían imposible la ejecución en tres años, cuando lo normal es que una obra de estas características se alargue durante al menos cinco.  Se obvió, además, la falta de evaluación de impacto medioambiental al que este tipo de intervenciones están obligadas por su magnitud, algo que no supone un mero trámite más, sino que constituye una vía fundamental de defensa del interés general.

La tercera conclusión confirma algo que ya nos enseñaron nuestras abuelas: las prisas no son buenas y lo barato sale caro. El presupuesto tuvo que ser modificado en varias ocasiones, lo que supuso un incremento del gasto de entre un 30% y un 40%. Hablamos de una obra cuyo coste el PP llegó a cifrar en unos 1700 millones de euros en época electoral, pero cuyas cifras finales se elevarían según algunas estimaciones a más de 9000 millones de euros. La M30 nos ha costado a los madrileños más que el Canal de Panamá.

Las consecuencias directas de este aumento brutal fue un endeudamiento sin precedentes que posteriormente se traduciría en recortes en los servicios públicos prestados, tales como la limpieza, el cuidado de nuestros mayores, ayudas a la población, inversiones en los colegios, mejora de la flota de la EMT, las instalaciones deportivas, etc. Los vecinos y vecinas de Madrid pagaron con creces la megalomanía de un acalde del PP que soñaba con ser un faraón por encima de las leyes de los mortales.

Las conclusiones que arrojan los resultados de la comisión de la M30 dejan también gravísimos ejemplos de una gestión deficiente: ha quedado probado que hubo conceptos y servicios por los que se pagó que jamás llegaron a prestarse: 112 cámaras de seguridad que se pagaron pero no se instalaron o un centro de control que no se llegó a ejecutar conforme se planificó. Además, hemos conocido de los incumplimientos de contratos y las constantes averías en las que hemos vuelto a gastar dinero para subsanarlas. Durante más de dos años desde su inauguración estuvo funcionando sin responsable de seguridad a pesar de ser obligatorio. Las filtraciones en la infraestructura se producen desde casi el primer día de puesta en marcha.

A pesar del intento de boicot por parte del PP esta comisión ha arrojado luz para que los madrileños y madrileñas puedan evaluar, sin mentiras ni trucos propagandísticos, si esta obra merecía los costes que ha tenido. Gallardón, al igual que Cristóbal Montoro, se descubre como un cargo público empujado en exclusiva por la defensa de sus intereses de partido; un partido que es capaz de agitar la bandera de la buena gestión mientras persegue y trata injustamente a la primera administración municipal que reduce deuda, mantiene inversiones y mejora servicios públicos. Por suerte Madrid ya es una ciudad de gente que quiere administraciones al servicio del interés común, abiertas a las propuestas de los vecinos y dispuestas a explicar cómo se gasta hasta el último céntimo. ________________

Esther Gómez Morante es vicepresidenta de la comisión de investigación sobre la situación económico financiera de la empresa Madrid Calle 30 y concejala de los distritos Carabanchel y Latina.