Una convención de la ONU para proteger los derechos de las personas mayores

Entre el 11 y el 14 de abril se realiza en Nueva York la 12ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento (OEWGA), y activistas de la Alianza Global por los derechos humanos de las Personas Mayores (GAROP) les instan a comprometerse a redactar una nueva convención de la ONU sobre la protección de sus derechos. Es bastante probable que no haya repercusiones de importancia en nuestro país, que pase sin pena ni gloria o se quede en una nota raquítica sobre el evento.

Con toda seguridad tendría mayor repercusión si nos reunimos unas cuantas personas mayores, en la puerta del IMSERSO, con pancartas agresivas hacia algún responsable, siempre que generemos emociones fuertes para el consumo televisivo. El fondo de la cuestión se mencionaría de pasada y con absoluta superficialidad.

En función de esta perspectiva desoladora (espero equivocarme, inshalla!) quisiera señalar algunas de las cuestiones que, en mi opinión, son medulares para enmarcar los derechos de las personas mayores (aparte de datos singulares ya estudiados en el Observatorio Social de las personas mayores).

Desde un punto de vista social resulta esencial considerar todas las brechas a las que están sometidas las personas mayores y la heterogeneidad, las diversidades que presenta un grupo de población al que no debería calificarse como “colectivo”. Hace tiempo que se cuestiona este concepto para otros casos, y en el de las personas mayores tiene mayor repercusión. Empezando por las brechas de edad, que se manifiestan en la salud o la autonomía, pero también en los niveles educativos, dado que la escolarización obligatoria universal no se concretó hasta los años 80, en la sociedad española. Para muchas actividades, para el ocio e incluso para el ejercicio electoral, van a influir varias de esas brechas.

Hace tiempo que Amartya Sen solicitó el abandono de los indicadores de ingresos per cápita, para poner el acento en otros índices de desarrollo humano: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En este sentido insistimos en la necesidad de contextualizar las brechas sociales, de clase, que influyen en esos indicadores: edad, género, nivel educativo, territorio, ingresos, modelo familiar, salud, autonomía o grados de dependencia, vivienda y otros condicionantes culturales que afectan a la calidad de vida y al consumo.

La Agenda 2030 lleva enunciados derechos de las personas mayores o condiciones que deben cumplir las sociedades para garantizar la calidad de vida

Todas estas brechas se originan en una heterogeneidad de clase, aunque la tendencia negacionista de las clases sociales esté vigente objetiva y subjetivamente. El nivel de ingresos influye en los recursos para la calidad de vida material, y siempre vendrá alguien a decirnos que hay pensionistas que cobran más que algunas personas jóvenes. Pero la vigilancia de la salud, o la posibilidad de sucumbir a fraudes o engaños, proviene de los niveles educativos (tanto escolares como familiares). La brecha de género es mayor cuando la dedicación al hogar es lo “natural”, y más aún cuando no hay capacidades para independizarse económicamente.

Ahora se mencionan a menudo los factores de exclusión y aparece como estrella la brecha digital, marcada por la edad pero también por el nivel académico o el tipo de empleo ejercido en la vida activa. Si una persona que ahora tiene 80 años solamente ha trabajado con las manos (y hay diferencias si es rural o industrial) o ha tenido que ir aprendiendo paso a paso la incorporación de las tecnologías digitales en una oficina, o por fuerza si no controlaba el correo electrónico no se desarrollaba profesionalmente. A veces, hasta el paternalismo de las personas jóvenes que les rodean impide el aprendizaje y en el fondo es una forma más de discriminación por la edad.

Y nos acercamos al otro tema medular para los derechos humanos de las personas mayores: los cuidados. Otro ejemplo de la necesidad de otorgar un estatus de “derecho” de las personas mayores, sin duda considerando los aspectos económicos y sociales. Desde luego es evidente que los derechos se conquistan, se defienden, se reclaman, nadie los regala ni son “naturales” aunque sean éticamente valorables. La prueba evidente es la escasa repercusión que han tenido la Agenda 2030 o el Decenio del Envejecimiento Saludable para los organismos o los medios.

Los cuidados son un trabajo para la OIT, remunerado o no remunerado, formal o informal, pero con la categoría de “trabajo” en cuanto a la actividad, en cuanto a la función social y en cuanto al valor económico. Lo realizarán empresas, cuidadoras empleadas por las familias, cuidadoras no profesionales, o familiares que se reparten días, horas o meses. Las personas mayores se encuentran a ambos lados de este trabajo. Necesitan cuidados y cuidan. Y esa tarea tiene un valor inestimable para una familia pero también cumple una función social (sustituyendo servicios públicos o privados) con un valor económico cuantificable aunque los afectos invisibilizan el esfuerzo, la dedicación y las consecuencias físicas o mentales.

La Agenda 2030 lleva enunciados derechos de las personas mayores o condiciones que deben cumplir las sociedades para garantizar la calidad de vida. Algunos objetivos más específicos para las personas mayores, se pueden comprender fácilmente y contienen elementos muy interesantes:

Objetivo 1: Será fundamental evitar que las personas mayores caigan en la  pobreza. Para ello se requerirán políticas de jubilación flexibles,  pensiones mínimas financiadas con impuestos, seguridad social y acceso a servicios de salud y atención crónica.

Objetivo 3: El envejecimiento saludable significa que las personas mayores contribuyen a la sociedad durante más tiempo, con oportunidades para gozar de buena salud en todas las etapas de la vida, cobertura sanitaria universal y sistemas sociales y de salud integrados, y centrados en las personas, en lugar de sistemas basados únicamente en la enfermedad

Objetivo 5: Hacer efectiva la igualdad de género a lo largo de toda la vida conduce a mejores resultados en las mujeres mayores. Los sistemas deben promover la participación equitativa en la fuerza de trabajo y en las pensiones sociales para mejorar la situación económica de las mujeres de edad y su acceso a los servicios. La violencia de género debe ser eliminada.

 Objetivo 10: Las personas mayores no disfrutan del mismo acceso a los servicios y la asistencia en sus hogares, vecindarios y comunidades, a menudo a causa de su género, etnia o nivel de educación. El envejecimiento saludable implica políticas para superar inequidades.

 Objetivo 11: Las ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores facilitan que todos puedan maximizar sus capacidades. Es  necesario contar con la participación de múltiples sectores (salud, protección social, transporte, vivienda, trabajo) y la sociedad civil, las personas mayores y sus organizaciones.

 Objetivo 16: Las instituciones para todas las edades empoderarán a las personas mayores y les permitirán lograr cosas inimaginables para las generaciones anteriores. Para ello se requerirán campañas de sensibilización contra el edadismo, una labor de promoción específica sobre el envejecimiento saludable y leyes que prohíban la discriminación basada en la edad a todos los niveles.

Objetivo 17: El envejecimiento saludable no debe dejar a nadie atrás, sino crear un futuro para las personas de todas las edades. Para lograrlo será necesario establecer alianzas activas entre numerosos sectores y partes interesadas, ignorando las fronteras tradicionales, e invertir en entornos adaptados a las personas mayores y en sistemas integrados de atención sanitaria y social.

Existe un olvido, en demasiados casos, de uno de los objetivos claves para conseguir un envejecimiento activo y saludable: el objetivo 4. Como preparación de las capacidades para la madurez y la vejez desde edades tempranas y como derecho al aprendizaje a lo largo de la vida.

Objetivo 4: Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para toda la ciudadanía en todas las etapas de la vida.

Garantizar el acceso a la educación superior y la igualdad en todos los niveles superando las brechas de género, edad, clase o etnia. Asegurando la alfabetización real de toda la población.

Educación global para el desarrollo sostenible. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Instalaciones educativas inclusivas y seguras. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de la ciudadanía y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

En estos objetivos la ONU debería comprometer al conjunto de las sociedades, a los medios de comunicación, las empresas, las administraciones para que se desarrollen las conciencias necesarias, las sensibilidades imprescindibles y se aporten los presupuestos adecuados. Para que las políticas públicas se basen en el respeto de los derechos humanos de las personas mayores, diversificando y atendiendo a las diversidades de las personas más vulnerables, a las dificultades reales que producen desigualdades. Combatiendo estereotipos, discriminaciones invisibles, despersonalizaciones, sin protocolos generalistas que tratan como iguales a quienes no lo son, evitando dependencias que limitan la vida digna. Por eso recordamos siempre a Rosa Luxemburgo: “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”

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Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Jubilada.