El cuerpo de las mujeres no está en venta

El Tribunal Supremo ha sentenciado lo que el feminismo estaba diciendo desde hace años. Que el alquiler de vientres entraña un daño al interés superior del menor y no lo contrario. Y que tanto los y las bebés como la madre que los gesta son tratados como mercancía, como meros objetos y no como personas dotadas de la dignidad propia de los seres humanos.

No es la primera vez que el alto tribunal se posiciona en contra de la también llamada gestación por sustitución comercial. Pero esta vez lo hace con una claridad y contundencia inusitadas. Por si a alguien aún le entraban dudas, la sentencia que dicta a razón del caso de una mujer que compró un bebé en México arremete con contundencia contra esta práctica que declara absolutamente ilegal y sin encaje en la legislación vigente. Y obliga a la madre comitente, la que ha conseguido un niño a cambio de dinero, a adoptarlo, dejando sin efecto la filiación automática que las empresas intermediarias prometen y con la que se lucran sin ningún tipo de escrúpulo.

Textualmente, el Supremo sentencia que esta práctica “vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos y pone de manifiesto la nulidad de pleno derecho de los contratos que se suscriben en el extranjero para realizar transacciones con seres humanos conforme al artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Unos contratos que, además —asegura el tribunal—, son manifiestamente contrarios al orden público y vulneran tanto la Carta Magna como la Convención sobre los Derechos del Niño. Ni más ni menos. 

Los vientres de alquiler y la prostitución son dos exponentes de la misma cuestión: la explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Sobre la compra de bebés, el Tribunal Supremo se ha pronunciado con rotundidad, de manera que presumiblemente ya no se producirá el automatismo de la filiación cuando el padre o la madre, o ninguno de los dos, sean los progenitores biológicos del recién nacido. En estos casos tendrán que adoptar. Así se desprende de la sentencia, que sienta jurisprudencia.

 ¿Qué dirán ahora aquellos que, nada más producirse la invasión de Rusia a Ucrania, clamaban al cielo por sus retoños en gestación? ¿Qué dirán quienes se preocupaban desde su comodidad española por la mercancía adquirida, sin despeinarse ni un ápice, cuando la población de Ucrania huía despavorida y era pasto de las bombas? Porque la sentencia del Supremo habla en términos de explotación, de daño y de indignidad, sin tapujos. Y sin edulcorantes. 

Es urgente que la legislación lo ponga negro sobre blanco, que el lucro obtenido por un tercero con esta práctica sea perseguido en cualquier circunstancia y que la sociedad deje de normalizar algo que es, a todas luces, tan anacrónico como indigno

Por extensión, la prostitución obedece a los mismos mecanismos que facilitan la transacción con madres gestantes a cambio de sus bebés. Tiene que haber alguien con poder adquisitivo suficiente para aprovecharse de otra persona en situación de vulnerabilidad o, cuanto menos, de necesidad. Estos días me ha venido a la memoria una historia que me contaba mi abuela. Allá por los años veinte del siglo pasado, en Barcelona, una familia pudiente económicamente y sin hijos le ofreció comprarle a su hija, mi madre. Una niña de rizos rubios y ojos claros que enamoró a una pareja rica sin hijos. Mi abuela se negó a obtener un dinero, que muy probablemente necesitaba, a cambio de su hija. Pero nunca sabré si consiguieron la hija de otra mujer más desvalida. Entonces la ciencia aún no había avanzado tanto como hoy y no era posible alquilar vientres, pero, en el fondo, la cuestión era la misma: yo, que tengo dinero, te compro a ti, pobre desgraciada, el hijo que has parido.

Las mujeres que acceden a gestar a cambio de dinero —de parte del dinero que pagan los padres comitentes, porque las agencias intermediadoras se lucran mucho más que ellas— lo hacen a cambio de renunciar a cualquier derecho derivado de su maternidad, de renunciar al bebé aun antes de la concepción y de someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud. A su vez, están obligadas a aceptar una serie de normas vitales restrictivas, tales como qué pueden comer o no, abstenerse de relaciones sexuales o dónde y cómo tienen que vivir, generalmente separadas de su entorno. Incluso son los padres que adquieren el niño los que deciden sobre la viabilidad del embarazo en el caso de que se detecte alguna enfermedad o lesión. Algo totalmente incompatible con la dignidad humana. Todo esto no lo digo yo, lo dice la sentencia del Supremo. Son cuestiones que las feministas ya estábamos denunciando hace tiempo, pero que las agencias y las personas favorables a la gestación subrogada solían negar. 

De la misma manera, desde el feminismo denunciamos el atentado a la dignidad y a los derechos humanos en el que viven, o sobreviven a duras penas, las mujeres prostituidas. Su libertad de acción, de decisión y de elección es una quimera. No se puede elegir libremente cuando eres víctima de engaños o cuando tu situación socioeconómica y a veces tu propio entorno te empujan a la esclavitud. Digan lo que digan quienes defienden la prostitución como libre transacción. Por eso es urgente que la legislación lo ponga negro sobre blanco, que el lucro obtenido por un tercero con esta práctica sea perseguido en cualquier circunstancia y que la sociedad deje de normalizar algo que es, a todas luces, tan anacrónico como indigno. 

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Lídia Guinart es diputada socialista en el Congreso de los Diputados