La publicación del informe UCO sobre los posibles actos constitutivos de delito de los dos últimos secretarios de organización del PSOE junto con el asesor de uno de ellos parece estar siendo la estocada final que puede poner punto a la ejecutoria del presidente Sánchez y, con él, al primer gobierno progresista de coalición desde la fundación del régimen constitucional. En el ecuador de una azarosa legislatura en la que, desde la sesión misma de investidura, se ha estado especulando con la viabilidad del Gobierno, la situación actual resulta ser mucho más difícil que todo lo hasta ahora acontecido, dada la proximidad de los imputados al propio Presidente del Gobierno y lo que revelan en cuanto al funcionamiento interno del principal partido que sostiene al Gobierno y, por ende, de las responsabilidades de alguno de los componentes de este, en particular el ministro del Interior. Todo ello haciendo parte de una escalada del conflicto entre el ejecutivo y el poder judicial que revelan los procesos de la esposa del presidente del gobierno, de su hermano y del fiscal general del Estado, sobre el fondo de un abierto enfrentamiento en torno a la constitucionalidad de la ley de amnistía y, en general, sobre el alcance y límites de las respectivas competencias de ambos poderes constitucionales. Esto debe ser recordado pues de otra manera se escondería un factor sin el cual no es posible entender el clima de enconamiento que registra la vida pública española. Desborda las pretensiones de este texto analizar a fondo las causas de este conflicto pero no puede dejar de quedar apuntado un hecho de enorme relevancia para su comprensión y eventual superación. Como se ha apuntado en alguna ocasión, la vigente Constitución contiene una evidente mixtura de inspiraciones que, más allá de la saludable diversidad, apunta a un riesgo potencial de conflicto irresoluble por vías democráticas. Me refiero a la convivencia entre instituciones de legitimidad expresamente popular y ciudadana como son el poder legislativo y el ejecutivo, con aparatos del Estado provenientes del régimen anterior que, tales cuales, fueron homologados con la Constitución sin trabajo de modificación esencial alguno. Es así que una concepción muy conservadora acerca del oficio de administrar justicia se ha visto reforzada por el mantenimiento de un vigoroso gremialismo que contempla toda labor reformadora del legislativo como una intromisión en el ámbito de su exclusiva competencia.
En este contexto, el desempeño de un gobierno con pretensiones reformadoras resulta extremadamente complicado, también es de justicia reconocerlo. Ni la más breve pausa desde su constitución le ha sido concedida por un Partido Popular al que su última estancia en el Gobierno parece haberle convencido de que tal ejercicio corresponde a alguna suerte de derechos patrimoniales de los que carece su oponente de izquierda que le habilitan a su ocupación permanente, en todo caso compartida con los aparatos del Estado profundo antes aludidos.
Tal vez este clima de enconamiento prolongado y la posibilidad de la salida anticipada del Gobierno ha llevado a algunos miembros de la dirección socialista a poner, por delante de los objetivos políticos y los referentes éticos de su partido, sus anhelos de enriquecimiento, por lo demás muy a tono con los valores nunca cuestionados de la hegemonía neoliberal. Ello junto a cierta bisoñez en los procedimientos administrativos y los cantos de sirena y los halagos de los agentes de las contratistas, muy avezados en tales labores, les puede haber llevado a minusvalorar los riesgos que conductas delictivas podían suponerles. La contemplación, en personas no formadas para ello, del movimiento de ingentes cantidades de dinero en las adjudicaciones de las grandes contrataciones públicas y –hay que reiterarlo– la labor corruptora de los agentes de las constructoras pueden haber turbado el temple, quizás no excesivamente vigoroso, de estos dirigentes socialistas. No han sido estos tiempos de hegemonía neoliberal muy propicios para el desarrollo y fortalecimiento de una ética rigurosa, máxime en un medio con una larga tradición de contubernio entre los procedimientos administrativos y los intereses privados de las grandes corporaciones que han considerado los presupuestos públicos para infraestructuras algo de su efectivo dominio desde los tiempos de la dictadura. [1]
Resulta evidente, en todo caso, que las organizaciones partidarias carecen de sistemas inmunológicos contra estos agentes contaminantes. Ello se ha acentuado con el proceso de estatalización de los partidos políticos, la inversión que han sufrido respecto del papel de "poderes sociales", que deben ser representados a instituciones integradas en el aparato del Estado desde cuya condición se relacionan con la ciudadanía.
Este proceso de estatalización, acentuado con el reflujo del 15M, ha tenido dos efectos de singular importancia para el desempeño de las funciones que les atribuye la Constitución. El primero ha sido la personalización de la política o, mejor, la sustitución de las comunidades de formación de la voluntad colectiva que debieran ser los partidos, en personalidades que compiten en la sociedad espectáculo por el favor de los electores, en contiendas similares a artistas o deportistas de elite.
El segundo, tan importante como el anterior, ha sido la primacía de la gobernabilidad por encima del proceso mismo de formación de la voluntad colectiva, que va más allá del gesto periódico de introducción de una papeleta en una urna. Esta primacía está en buena medida determinada por las exigencias derivadas de la acumulación de capital a las que se subordina cada vez más la actuación del Estado ("Estado nacional competitivo"). La política, con la conjunción de los dos efectos señalados, resulta ser idéntica con la acción del Estado y en ella solo le cabe a la ciudadanía(?) el asentimiento o el rechazo. La política, como esta actividad permanente de construcción de comunidad a través del diálogo y el contraste, desaparece subsumida por la acción estatal, estando determinada esta por las exigencias de acumulación de capital.
El resultado, en todo caso, ha sido la pérdida absoluta del control sobre la actividad de sus afiliados que más que deberse al partido, lo han sido a la voluntad de sus máximos dirigentes, en una interpretación de la gobernabilidad en la que la práctica política ha tenido escasa relación con las propuestas y programas formalmente aprobados por los órganos de dichos partidos. La política se ha convertido, así, en la gestión de las administraciones y los recursos públicos, como hemos visto poderosamente determinados por los objetivos y los intereses de las corporaciones del sector económico relacionado.
Es difícil no sospechar que el manejo de las cantidades relacionadas en el informe de la UCO, además de satisfacer el apetito individual de los presuntos delincuentes, no haya financiado en alguna medida los gastos del PSOE, como todos los partidos cada vez menos sostenidos por las aportaciones de sus militantes. Si así terminara probándose, el PSOE vendría a sumarse a la condición de corrupto con el otro partido del régimen y con la probada del anterior jefe de Estado. Creo que sería suficiente para que entre la ciudadanía se abriera paso una reflexión sobre la permanencia del régimen del 78 y la necesidad de imaginar y emprender un proceso de reconstrucción de la convivencia sobre bases distintas y adecuadas a los tiempos que vivimos. Hace diez años un proceso de reflexión ciudadana alimentó parcialmente el proyecto político que pretendía desarrollar la energía ciudadana del 15M. Fue un proceso que despertó un notable caudal de esperanza, como lo demostró el apoyo electoral a la fuerza que lo representaba con un escaso año de vida.
La base social de izquierda se ha ido retrayendo paulatinamente hasta el momento presente, en el que la calle está prácticamente tomada por las demostraciones de la derecha y la extrema derecha
La incorporación al Gobierno de esta fuerza y de la que la sustituyó, sin hacer explícito el proyecto de reconstrucción constitucional, vino a suponer un grave acreencia que venía a sumarse a la que aportaba el PSOE, que, para decirlo en breve, consistía en volver al Gobierno y, con ello, reanimar el clima de lealtades interno y externo del PSOE fuertemente afectado desde el mandato de Rubalcaba. Esta ausencia de proyecto estratégico, justificado con "ocuparse de los problemas de la gente", ha tenido dos consecuencias que pesan en el momento presente. La primera ha sido que, habiendo desalojado al PP del gobierno con una moción de censura y el apoyo de una mayoría muy diversa, la labor del ejecutivo se ha visto acosada desde el principio por la acusación de ilegitimidad de origen obligándole a actuar a la defensiva.
La segunda, más importante aún, es que, en este clima de acoso de la oposición de derechas y carente de un proyecto político que revirtiera las condiciones de degradación de las instituciones democráticas, la base social de izquierda se ha ido retrayendo paulatinamente hasta el momento presente, en el que la calle está prácticamente tomada por las demostraciones de la derecha y la extrema derecha. Es sintomático que esta base social se haya tenido que referenciar con la defensa de la sanidad pública o, como ahora, con la denuncia del genocidio en Palestina, sin que haya habido un motivo general de movilización que unificara y diera vigor a sus diversos componentes.
No son las mejores condiciones estas para abordar tareas como las aludidas. Todas las izquierdas, no solo el PSOE, están cautivas del temor que les infunde la salida del Gobierno y se entiende. Pero si se apuesta en exclusiva a mantenerse hasta 2027 y no se aborda de raíz la causalidad de fondo que nos ha traído hasta aquí y que se ha intentado mencionar, la degradación de las condiciones irá en aumento, no solo por las revelaciones que pueden ver la luz en el caso Koldo/Cerdán /Ábalos, sino por el complejo contexto nacional e internacional que va a hacer aún más difícil la labor del Gobierno.
Acaso una cuestión de confianza, planteada como un proyecto de renovación del bloque de investidura y sobre bases de desarrollo estratégico como las mencionadas en este texto podrían suponer, al menos, la posibilidad de frenar la degradación y el ascenso de la reacción conservadora y fascista.
[1] La cultura de las puertas giratorias no es algo reciente, en el Ministerio de Obras Públicas (luego Fomento, Transportes, etc) existía una larga tradición según la cual los directores generales de carreteras venían de alguna empresa del sector, como los de Obras Hidráulicas de alguna de las grande empresas eléctricas concesionarias de las infraestructuras hidroeléctricas del Estado.
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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.
La publicación del informe UCO sobre los posibles actos constitutivos de delito de los dos últimos secretarios de organización del PSOE junto con el asesor de uno de ellos parece estar siendo la estocada final que puede poner punto a la ejecutoria del presidente Sánchez y, con él, al primer gobierno progresista de coalición desde la fundación del régimen constitucional. En el ecuador de una azarosa legislatura en la que, desde la sesión misma de investidura, se ha estado especulando con la viabilidad del Gobierno, la situación actual resulta ser mucho más difícil que todo lo hasta ahora acontecido, dada la proximidad de los imputados al propio Presidente del Gobierno y lo que revelan en cuanto al funcionamiento interno del principal partido que sostiene al Gobierno y, por ende, de las responsabilidades de alguno de los componentes de este, en particular el ministro del Interior. Todo ello haciendo parte de una escalada del conflicto entre el ejecutivo y el poder judicial que revelan los procesos de la esposa del presidente del gobierno, de su hermano y del fiscal general del Estado, sobre el fondo de un abierto enfrentamiento en torno a la constitucionalidad de la ley de amnistía y, en general, sobre el alcance y límites de las respectivas competencias de ambos poderes constitucionales. Esto debe ser recordado pues de otra manera se escondería un factor sin el cual no es posible entender el clima de enconamiento que registra la vida pública española. Desborda las pretensiones de este texto analizar a fondo las causas de este conflicto pero no puede dejar de quedar apuntado un hecho de enorme relevancia para su comprensión y eventual superación. Como se ha apuntado en alguna ocasión, la vigente Constitución contiene una evidente mixtura de inspiraciones que, más allá de la saludable diversidad, apunta a un riesgo potencial de conflicto irresoluble por vías democráticas. Me refiero a la convivencia entre instituciones de legitimidad expresamente popular y ciudadana como son el poder legislativo y el ejecutivo, con aparatos del Estado provenientes del régimen anterior que, tales cuales, fueron homologados con la Constitución sin trabajo de modificación esencial alguno. Es así que una concepción muy conservadora acerca del oficio de administrar justicia se ha visto reforzada por el mantenimiento de un vigoroso gremialismo que contempla toda labor reformadora del legislativo como una intromisión en el ámbito de su exclusiva competencia.