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La reflexión de Sánchez abre el primer debate en serio sobre su sucesión en el PSOE

Por aquellas que nos dejaron en el 2022

Tiffany Sánchez-Cabezudo Rina

A la luz del flexo, con un café intenso, intento realizar un balance sobre el año que acaba de finalizar, y me doy cuenta de que ha sido un año con multitud de acontecimientos, cambios sociales que no han pasado desapercibidos para nadie, siendo la guerra entre Rusia y Ucrania lo que más ha marcado el año que acabamos de dejar.

Sin embargo, el comienzo del 2023 ha continuado el legado del 2022 en lo que respecta a un problema social que no conseguimos extirpar: la violencia de género. Hemos comenzado el mes de enero con el asesinato de dos mujeres el mismo día, pero en distinto lugar, presuntamente a mano de sus parejas, una con 42 años y otra con 24. El abanico de edad que existe entre una y otra víctima permite que nos demos cuenta de que no hay una edad media para ser víctima de la violencia machista; es más, cada vez son más jóvenes las víctimas y los agresores. Esto nos permite afirmar que las medidas adoptadas para prevenir este tipo de violencia no están siendo adecuadas ni están dando resultados. A estos dos hechos debemos sumar el reciente hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido enterrada por su marido en una finca de su propiedad, asesinada en el verano del 2021.

¿Qué hemos hecho mal para no conseguir reducir la violencia machista a cero en pleno siglo XXI? La respuesta es clara: todo y no lo suficiente

Nos encontramos en la misma situación que a finales del 2022, año que no pudo acabar peor, pues once mujeres fueron asesinadas en 28 días, siendo el mes de diciembre el más funesto desde el 2003, momento en el que se empezó a registrar oficialmente la violencia machista.

¿Pero por qué esta oleada de asesinatos machistas en una época tan especial? Sencillo, hemos pasado de que la Navidad sea una época del año en la que prime la paz y la armonía a una época de conflictos familiares, que no sabemos manejar ni resolver, y quienes acaban perjudicados son aquellos grupos más vulnerables: las mujeres y los niños.

La cifra total de asesinatos machistas en lo que respecta al año que acabamos de cerrar asciende a 49. Mujeres que no habrán celebrado el fin de año, no habrán tomado las uvas, ni tampoco habrán visto cómo sus hijos abren los regalos de los Reyes Magos. Una cifra que denota que la discriminación hacia la mujer no es una figura creada por los partidos políticos para conseguir adeptos, sino un problema social que se ha ido incrementando en los últimos años, y cuya visibilidad no se ha dado hasta finales del siglo XX.

Aún recuerdo cuando aquella mujer de pelo corto y rubia, con acento andaluz y casi sin poder articular palabra, explicaba, delante de toda España, el maltrato y abuso que había venido sufriendo por parte de su ex marido, y cómo nos congelaban el corazón sus explicaciones, sus sentimientos ante las bofetadas de su marido delante de sus hijos cada vez que se emborrachaba. El asesinato de Ana Orantes supuso un antes y un después a un fenómeno que ha tenido distintos nombres, como violencia intrafamiliar, violencia doméstica o violencia familiar, pero que no fue hasta 2004 cuando se le dio la calificación que merecía, permitiendo sacar a la luz un grave problema que los poderes públicos habían considerado que debía quedar en la alcoba: la violencia de género.

Desde 1997 las modificaciones legislativas, la conciencia social y las medidas preventivas han ido dirigidas siempre a eliminar la violencia hacia la mujer, pero a día de hoy, después de 26 años, no se ha erradicado. Inclusive, cada año sigue habiendo un número considerable de mujeres asesinadas, sin contar todas aquellas que son agredidas y han denunciado, así como otras muchas que no lo han hecho.

A este problema de violencia de género debemos de añadir la violencia machista que se da en el ámbito social, público, y que no se ciñe a la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer dentro de una relación sentimental, ya sea presente o pasada, sino la violencia que la mujer, por el hecho de ser mujer, sufre, conocida como feminicidio, fruto de la misoginia o el machismo.

¿Qué hemos hecho mal para no conseguir reducir la violencia machista a cero en pleno siglo XXI? La respuesta es clara: todo y no lo suficiente. Hemos hecho todas las modificaciones que en ese momento eran necesarias, el legislador ha puesto empeño en conseguir, con medidas preventivas, de detección, prevención y sensibilización, acabar con esta violencia. A pesar de ello, las cifras siguen produciendo escalofríos, por eso mismo no hemos hecho todavía lo suficiente. No estamos dando con la clave para eliminarla. Las pulseras llamadas antimaltrato que alertan a la Policía cuando el agresor se acerca a la víctima, así como las órdenes de alejamiento, no resuelven el problema. Para que esto sirviera, se necesitaría que hubiera un policía para cada mujer maltratada, y eso es completamente inviable. Sin contar que hay muchas mujeres que son asesinadas y que nunca han presentado una denuncia.

Para que el 2023 no finalice de la misma manera que el año anterior, y los años venideros no continúen con esta lacra social, se necesita proteger a la mujer antes de que se la maltrate, y aunque, querido lector, usted piense que esto es una barbaridad, se lo voy a explicar. El enfoque debe centrarse, por un lado, en concienciar a las mujeres de que pueden ser víctimas de violencia machista, porque hoy día todavía hay mujeres que piensan que a ellas no les va a pasar. Por otro lado, educar a las posteriores generaciones para evitar que nazcan futuros agresores. Como vemos, son también los jóvenes, aquellos que se han criado en el auge de las políticas públicas y de las medidas preventivas para eliminar la violencia machista, los que están siendo autores de estos delitos.

El problema principal reside en que las nuevas generaciones vienen con un hándicap: las tecnologías. Esta era, denominada la quinta revolución industrial, está haciendo estragos sobre los adolescentes, encerrándolos en un mundo paralelo. A pesar de que exigimos que se adopten medidas de concienciación social, educándoles sobre este tipo de problemas, la verdad es otra. No basta con charlas o anuncios publicitarios sobre violencia machista, dando un golpe de realidad a la sociedad. Es necesario formar a los adolescentes, que conozcan las leyes, que conozcan los problemas sociales que provoca la discriminación. A la luz del flexo, se me ocurre la posibilidad de instaurar en nuestro sistema educativo una asignatura que nos acerque a nuestro derecho.

Educar a los adolescentes, aproximándoles a las herramientas que tenemos para denunciar y luchar contra la violencia hacia la mujer, y que maltratar o discriminar no es gratuito, sino que tiene consecuencias, es esencial para prevenir e instruir a las generaciones futuras. Además, que conozcan no sólo sus derechos, sino también sus obligaciones.

Con la taza de café a medias, y en el intento que decía al principio de realizar un balance sobre el 2022, creo que hemos fallado en otro problema que ha ido in crescendo, y que, en este año que acabamos de cerrar, ha sido bastante significativo: la violencia vicaria. Una violencia nacida al calor de la violencia de género, siendo tan grave el problema que llevó al legislador a realizar una modificación bastante acertada sobre la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, equiparándola a esta última.

La modificación legislativa no quedó ahí, se aprobó la Ley 8/2021, de 2 de junio, que provoca una modificación en el Código Civil, concretamente cuando se produce una separación o divorcio y existen menores de edad. En estos casos, se permite a la autoridad judicial, cuando advierta que existen indicios fundados de violencia doméstica y de género, basándose en las alegaciones y pruebas practicadas, no establecer un régimen de comunicación y vistas con el progenitor agresor.

Como jurista, se trata de una modificación bastante acertada pero insuficiente, porque lejos de acabar con la violencia vicaria se ha mantenido en el 2022. De hecho, algunos asesinatos de menores se han llevado a cabo a manos, no de los padres, sino también de las madres. Se me viene así el caso que ha cerrado el trágico mes de diciembre, el de la guardia civil que asesinó a sus dos hijas porque no quería que pasaran la Nochebuena con su padre. De la misma forma, denominar a esta conducta como violencia vicaria no es la más acertada, ya que procede, como podemos ver, de cualquiera de los progenitores, utilizando a los hijos para causar daño al otro. Lo más correcto, con los acontecimientos acaecidos en el año pasado, es denominarla violencia instrumental.

Si vemos el elemento común que tienen todos estos sucesos de asesinatos de menores, es el momento en el que se producen, esto es, en el seno de los conflictos familiares derivados de la separación o divorcio. La modificación legislativa anteriormente señalada es acertada pero insuficiente. Muchos de los progenitores que han acabado o intentado acabar con la vida de los hijos no eran autores de delitos de violencia de género ni doméstica, ni estaban inmersos en un procedimiento de este tipo ni había indicios de que lo fueran. Es conveniente por ello elaborar protocolos de actuación y activarlos en el momento de presentar la demanda de separación o divorcio cuando hay menores en medio, con independencia de que haya indicios o no de violencia doméstica o de género.

Ya, en mi último sorbo de café, cierro mi balance del 2022 con un llamamiento a la sociedad y al sentido común, que todos tengamos un propósito: que en el 2023 podamos decir que la violencia machista y la violencia de género han sido, por fin, erradicadas, y que el número de mujeres y niños asesinados sea elevado a cero, aunque esto es imposible con un mes tan negro como lo que llevamos de enero. Pedir, además, que en el mes de diciembre de 2023, en pleno siglo XXI, sepamos resolver los conflictos familiares navideños de manera pacífica, con la paz y armonía familiar que en fechas tan señaladas debe primar.

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Tiffany Sánchez-Cabezudo Rina es profesora del CEDEU y analista de la Fundación Alternativas.

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