Derecho al aborto y 'Lawfare' a ambos lados del Atlántico

La filtración de la sentencia del Tribunal Supremo que revisa la sentencia de Roe contra Wade de los años setenta que legalizó a partir de entonces el aborto en los EEUU y que ha permitido su realización en las primeras veintitrés semanas de embarazo, ha provocado la consternación del movimiento feminista y de los derechos civiles, que se han echado a la calle de sus principales ciudades.

Todo ello, con el argumento dogmático de la inexistencia de tal derecho en el texto de la Constitución americana, sin que valga ni tan siquiera el concepto de libertad personal y no interferencia de la decimocuarta enmienda, y en base a la sesgada acusación de haber favorecido la polarización y no el consenso de la sociedad americana, cuando por el contrario desde hace cincuenta años es una amplia mayoría la que lo sustenta.

El borrador de la sentencia, así como su filtración a la opinión pública muestran que la polarización está dentro del propio Tribunal Supremo como consecuencia de los últimos nombramientos de la Administración Trump entre los sectores más reaccionarios del extremismo religioso.

Es precisamente el Tribunal Supremo el que abre una nueva sima, esta vez de género, religiosa y entre los Estados republicanos y demócratas, en una sociedad ya peligrosamente dividida por la cuestión racial y la polarización política

En consecuencia, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo concluye en la devolución de la decisión al ámbito de la política y a los parlamentos de los Estados. Veinte de ellos ya lo estaban esperando y han movido pieza prohibiendo el aborto a partir de las primeras semanas, como la denominada ley del latido del Estado de Tejas, que contempla premios para los delatores y graves penas para las mujeres y los colaboradores, haciendo con ello prácticamente imposible el ejercicio del derecho. Poco parece importarles que la dinámica de los organismos internacionales y de un buen número de gobiernos vaya en sentido contrario.

Con ello, lo cierto es que es precisamente el Tribunal Supremo el que abre una nueva sima, esta vez de género, religiosa y entre los Estados republicanos y demócratas, en una sociedad ya peligrosamente dividida por la cuestión racial y la polarización política. Una polarización adicional sobre el aborto que rompe el equilibrio existente y se traslada ahora Estado a Estado y al seno de la sociedad civil.

Algo a lo que nosotros no somos ajenos en Europa ni en la sociedad española, en la política ni en los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, y no solo por la repercusión de la decisión norteamericana entre los sectores más conservadores y antiabortistas, que ya han venido incrementando la presión sobre las mujeres y a las clínicas de interrupción del embarazo en el ejercicio de su derecho, así como a los profesionales de los hospitales públicos imponiendo la objeción de conciencia generalizada como una suerte de derecho de veto al cumplimiento de la ley con la pasividad de los gerentes, los consejeros y los gobiernos autonómicos. Las últimas iniciativas del Gobierno progresista pretenden garantizar el ejercicio del derecho legalmente reconocido.

Aunque también provoca inquietud que después de casi doce años nuestro Tribunal Constitucional, con una clara mayoría conservadora y confesional, aún pendiente de renovación parcial vinculada al desbloqueo del CGPJ por parte del PP, ha decidido recientemente descongelar la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del mismo PP contra la ley de interrupción del embarazo del gobierno de Rodríguez Zapatero que incorporó el aborto libre por decisión de la mujer hasta las catorce semanas de embarazo, al que se suma la interrupción por indicaciones hasta las veintidós semanas.

Una incertidumbre a la que se suma la polarización vivida y las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la mayoría conservadora sobre los sucesivos estados de alarma y la interrupción de los trámites parlamentarios durante unas semanas al inicio de la pandemia, donde al igual que en el Tribunal Supremo norteamericano, la mayoría conservadora se alineó con los sectores negacionistas en base a una interpretación dogmática por la que antepuso el derecho irrestricto a la movilidad a las restricciones en favor de la salud pública, sin valorar sus consecuencias presentes y futuras de contar como único mecanismo legal con la declaración del Estado de excepción. El único alivio es que, escaldados del periodo reciente, los nuevos componentes del Constitucional hayan decidido hacerlo con el mayor grado de consenso, aunque habida cuenta de los vientos que corren desde el Atlántico más vale prevenir antes que lamentar.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.