El planeta vive hoy la mayor crisis de desplazamiento forzado de su historia. A finales de 2024, más de 122 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares por guerras, violencia o persecución. De ellas, más de 43 millones han cruzado una frontera internacional en busca de refugio. Estas cifras no son una anomalía, sino la expresión de una tendencia sostenida: vivimos en una era de desplazamientos prolongados, donde cada vez es más difícil regresar, y donde los países con menos recursos siguen asumiendo la mayor parte del esfuerzo de acogida.
El último informe de CEAR, presentado con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, ofrece un diagnóstico claro. En Gaza, más de 55.000 personas han perdido la vida desde octubre de 2023 y dos millones sobreviven en condiciones de encierro absoluto, sin acceso a agua, asistencia médica ni refugios seguros. En Sudán, la guerra ha provocado el mayor éxodo interno jamás registrado en África. En Afganistán, las mujeres son privadas de derechos básicos. En Venezuela, millones de personas siguen huyendo de una crisis estructural. Y en Ucrania, la guerra continúa desplazando a miles cada día.
Nuestro país fue en 2024 el segundo de la UE en número de solicitudes de asilo. El volumen ha puesto a prueba las capacidades administrativas del sistema, pero también ha evidenciado el compromiso de nuestra sociedad y de las instituciones
En este contexto, España no ha sido ajena a su responsabilidad. Nuestro país fue en 2024 el segundo de la UE en número de solicitudes de asilo. El volumen ha puesto a prueba las capacidades administrativas del sistema, pero también ha evidenciado el compromiso de nuestra sociedad y de las instituciones. En los últimos años, se han dado pasos importantes para consolidar un modelo de acogida más estable, profesionalizado y orientado a la inclusión.
Sin embargo, los desafíos persisten. La creciente externalización del control migratorio, el auge de discursos xenófobos y la instrumentalización del derecho de asilo amenazan con erosionar consensos básicos. No se puede proteger a quienes huyen si se normaliza cerrar fronteras, levantar muros o delegar la responsabilidad en terceros países con dudosos estándares democráticos.
En este escenario, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo puede ser un punto de inflexión. España, con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha tenido un papel activo en su impulso. Pero su aplicación deberá ser vigilada con atención: solo será legítimo si respeta los principios del derecho internacional, garantiza la solidaridad entre Estados miembros y refuerza las vías legales de acceso a la protección. No basta con gestionar menos llegadas: hay que proteger mejor.
Más allá de las cifras y los tratados, el 20 de junio debe servir para recordar algo esencial: las personas refugiadas no huyen porque quieran, sino porque no tienen otra opción. No necesitan compasión, sino derechos. Requieren condiciones para rehacer su vida, participar en sus comunidades, contribuir desde la seguridad. Por eso, la verdadera solidaridad se mide en políticas públicas, recursos y voluntad política.
Este Día Mundial de las Personas Refugiadas no es una jornada más. Es un termómetro de coherencia democrática. De nada sirve declararse defensor de los derechos humanos si se tolera la indiferencia ante quienes los han perdido todos. En 2025, toca responder con hechos.
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Luc Andre Diouf Dioh es portavoz de Migraciones del Grupo Parlamentario Socialista.
El planeta vive hoy la mayor crisis de desplazamiento forzado de su historia. A finales de 2024, más de 122 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares por guerras, violencia o persecución. De ellas, más de 43 millones han cruzado una frontera internacional en busca de refugio. Estas cifras no son una anomalía, sino la expresión de una tendencia sostenida: vivimos en una era de desplazamientos prolongados, donde cada vez es más difícil regresar, y donde los países con menos recursos siguen asumiendo la mayor parte del esfuerzo de acogida.