Digitalizar la administración: Nesquik de fresa, Amazon y la televisión pública vasca

No hace falta más que un pequeño ejemplo para evidenciar que las administraciones locales, autonómicas y nacionales han llegado a niveles inhóspitos de absurdidad en la gestión del dinero de los contribuyentes. El viernes 31 de enero de 2020 la dirección de EITB (radio televisión pública vasca) adjudicaba a Amazon un contrato público de siete euros para el suministro de Nesquik de fresa en polvo, según la plataforma de contratación pública de Euskadi. La imagen es la de un conductor precario recorriendo ocho kilómetros para entregar medio kilo de polvo soluble a la dirección de esta cadena, quien no ha explicado por qué da preferencia a Amazon frente a otros comercios locales, como los que están a escasos metros de su sede.

Nos encontramos en un momento en que las burocracias, sean vascas o españolas, están inmersas en la difusión del credo de la digitalización de la administración pública. Pero este gasto –una mínima parte de los 14.000 euros gastados por EITB en 63 pedidos a la plataforma de Jeff Bezos en 2020– evidencia que las tecnologías digitales sólo son una forma de camuflar los enormes problemas de nuestras instituciones. También es evidente que los titulares de muchos medios, tan clickbait como el de este artículo, rara vez tienen en cuenta las relaciones de poder que existen de fondo cuando informan sobre las tecnologías. Esto es, la problemática se encuentra en la creciente dependencia de la administración pública hacia las empresas privadas de Silicon Valley. Más allá de la compra de vinilos, mascarillas, clips o cables hdmi, EITB ha gastado 4.000 euros en un contrato para alojar su catálogo de contenido en la nube de Amazon. ¿Existe algún debate público que se pregunte por qué este gigante tecnológico debe almacenar los datos de los espectadores vascos?

La paradoja detrás de la digitalización es que la mayoría de las adjudicaciones relacionadas con ella suelen ocurrir a espaldas de los ciudadanos porque las tecnologías licitadas no se encuentran al alcance de los ciudadanos, lo que impide auditar lo que hacen las autoridades con el dinero de sus impuestos. Además, en lugar de democratizar el uso de las herramientas digitales, las instituciones suelen externalizar los desarrollos tecnológicos a empresas de asesoría especializadas. El resultado, como muestran los contratos citados: más trabas para el ciudadano medio, más dinero público para las tecnológicas (la mayoría, extranjeras).

La automatización de los contratos a dedo

La digitalización de la Administración Pública parece más la automatización de las lógicas de contratación más caciquistas. Por ejemplo, el contrato del Nesquik de fresa en polvo es menor –es decir, fue adjudicado ‘a dedo’, sin concurso público–. No es un ejemplo aislado. Este tipo de procedimientos, donde sólo se presenta a la oferta una única empresa, constituye el 82% de los procesos de adjudicación vascos. En este contexto, cabe preguntarse si utilizar machine learning para crear plataformas inteligentes de contratación que hacen match entre las empresas y la Administración, como proponen los concursos de aplicaciones de Euskadi, tendrá algún efecto distinto que el de perpetuar las lógicas de adjudicar contratos a las empresas afines a los líderes nacionalistas del Ejecutivo vasco.

Ahora bien, cualquier persona que viva en otras partes del Estado podrá encontrar ejemplos similares, o que no tengan nada que ver con las tecnologías digitales, sobre la gestión del dinero público por parte de la Administración. Para demostrarlo, el ejemplo de los caramelos de la cabalgata de reyes de Melilla en 2014: el Gobierno de Juan José Imbroda (Partido Popular) llegó a pagar 5.25 euros por cada unidad. Dicho de otra forma, un gobierno autonómico empleó dinero público para comprar caramelos a un precio superior al de la plata, un metal precioso. Como refleja Melilla Vice, una investigación de El Confidencial y Fundación por Causa, el Ejecutivo melillense entregó 32.500 euros a una conocida confitería de la ciudad, que con anterioridad fue agraciada con contratos similares. Estos gastos fueron judicializados y después archivados.

¿Cuánto costaron los caramelos de otras cabalgatas? Solo podríamos hallar respuesta a esa pregunta con técnicas de programación avanzada o con una legión de periodistas de investigación, especie en peligro de extinción en España. Así, otra de las cuestiones que esconde el discurso sobre la digitalización es que el Estado y su mapa de instituciones acatan la ley, pero con retraso, opacidad y, aparentemente, poca voluntad de que el ciudadano fiscalice el gasto público.

A su vez, estos problemas se encuentran estrechamente vinculados con otro fenómeno patrio al que lo digital no puede ofrecer solución alguna: la diferencia entre el precio inicial de un contrato público y el precio final. Para muestra, un botón: a principios de 2020, la Justicia llevó a los tribunales a Dragados, una de las filiales del imperio constructor de Florentino Pérez (ACS). El motivo es que esta empresa lideraba el consorcio al que se adjudicó el contrato para ampliar el puerto de El Musel (Asturias). Esta obra terminó con costes no previstos de 251 millones de euros y donde los juicios por los citados sobrecostes (uno penal y otro contable) arrancaron con 10 años de retraso. El proceso penal vio desfilar a cinco magistrados distintos y aún no ha concluido. El del Tribunal de Cuentas sentenció "la inexistencia de perjuicio alguno a los fondos públicos" y absolvió a los principales encausados. Al respecto, lean la definición de impunidad que ofrece la RAE.

Una ley laxa e inservible

Poco se habla también de la escasa celeridad y contundencia del Tribunal de Cuentas cuando profesa el credo de la digitalización. La falta de transparencia en la gestión del dinero público es uno de los problemas de fondo de nuestras administraciones, y no la ausencia de tecnologías digitales. Hasta ahora, mejorar la accesibilidad a los contratos públicos no ha sido una prioridad para ningún partido del espectro político español. En 2018, el Congreso aprobó una nueva Ley de Contratación Pública que contiene avances, como rebajar el monto máximo para las adjudicaciones a dedo (procedimiento menor, en el argot administrativo), pero mantiene un sistema laxo que facilita la triquiñuela. Un buen ejemplo de ellos es la modalidad de ‘contrato negociado sin publicidad’, en el que la institución de turno (un ministerio, una consejería autonómica, un cuerpo policial…) llega a un acuerdo a puerta cerrada con una empresa privada. Este tipo de contrato solo puede activarse en casos concretos cuando no se presenta ninguna oferta, ante la "no existencia de competencias por razones técnicas", o ante "imperiosa urgencia", según reza dicha ley. Pero esto no siempre se cumple.

Un ejemplo que no parece ajustarse a estos ni otros supuestos contemplados por el texto legal es el siguiente: la Dirección General de la Policía adjudicó a El Corte Inglés, a través de un contrato negociado sin publicidad, el mantenimiento de 50 quioscos de expedición de visado de fronteras por una cantidad de entre 75.000 y 150.000 euros anuales. Ni la Policía ni El Corte Inglés aclararon nunca a qué supuesto responde el uso de esta modalidad de 'contrato a dedo'. Tampoco explican dónde reside la supuesta urgencia de un contrato así. Una preocupación relevante, teniendo en cuenta que el 52,9% de los contratos públicos adjudicados en España no justifican su precio. Nada de ello aparece en los numerosos panfletos del Gobierno sobre la modernización de la Administración Pública.

Triquiñuelas pandémicas

La pandemia ha obligado a muchas administraciones a tomar decisiones por vía de urgencia. Entre las prisas, afloraron favoritismos caciquiles por parte de numerosos representantes públicos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid encomendó la salud de los ancianos en residencias a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña. Este movimiento, conocido como operación Bicho, echó mano de la empresa de ambulancias Transamed, que contaba con cuatro vehículos y cuatro médicos para atender 475 geriátricos. Del resultado da cuenta Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta).

Sin duda, no se trata de una dinámica nueva, sino de un estilo consolidado de gestión del dinero público. Por ejemplo, en 2017, el 99% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad madrileña (570.031 contratos) no vieron el concurso público, según datos revelados por Audita Sanidad, un colectivo social que lucha contra la opacidad en el manejo de los dineros de la sanidad pública madrileña. La mayor adjudicataria de estos contratos fue Clece, perteneciente al imperio empresarial de Florentino Pérez. El problema: no hay organizaciones análogas con la capacidad de Audita Sanidad en otras comunidades autónomas. Además, como ellas mismas señalan, no tienen los recursos suficientes para desarrollar códigos y tejer relaciones entre contratos, accionistas, candidatos, parentesco, etc., para poder ver los entramados. En este sentido, investigaciones como la de Jaime Obregón sobre la trama del rey y su dinero en Arabia Saudí representan una excepción. Pero de poco sirve si estos desarrolladores convierten la transparencia en un servicio en patreon, en lugar de colaborar con los movimientos sociales.

La lista de casos llamativos y querellables es interminable, pero la realidad es que ni las propias autoridades tienen constancia del número total de contratos públicos que adjudican las Administraciones Públicas españolas cada año. Ejemplos como el del Nesquik de fresa y Amazon permiten entender el significado real de los discursos sobre la digitalización: en el mejor de los casos, la externalización de las funciones públicas a la nube de Bezos; en el peor, opacidad, impunidad y caciquismo en torno a los contratos públicos.

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Ha llegado el momento de que la tecnología sirva para alterar radicalmente la relación entre los ciudadanos y el Estado, a todos sus niveles. Más que reducir el rol de lo público, resultaría mucho más sencillo, barato, eficiente y, sobre todo, moderno desarrollar tecnologías colectivas. En lugar de para automatizar la privatización y la centralización del dinero de todos, estos avances podrían servir para democratizar y descentralizar la toma de decisiones políticas, estableciendo métodos vinculantes para determinar cómo y en qué proyectos sociales se gasta. Existe un gran debate en torno a la pérdida de legitimidad de la democracia. El primer artículo de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español: podríamos usar la tecnología para reforzar la democracia de manera radical. De momento, vamos en dirección contraria.

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Ekaitz Cancela y José Bautista son periodistas.