Este verano de 2025 arde como pocos en la memoria de quienes vivimos cerca de la naturaleza. Los incendios forestales se han colado en los telediarios, en las conversaciones a pie de calle y, lo más triste, en la vida de miles de vecinos y profesionales que luchan por salvar lo que queda de nuestros montes. Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia… el mapa de los fuegos coincide, casi punto por punto, con el de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y aunque desde algunos despachos se insiste en la mala suerte, lo cierto es que detrás de esta catástrofe hay más razón que azar.
Que la historia se repita donde manda el PP no es casual. Bajo la superficie de la tragedia late una misma estrategia: la privatización de los servicios públicos de lucha contra los incendios forestales.
Y eso se realiza con una hoja de ruta, basada en las siete acciones siguientes:
1º) Encargo de auditorías externas. Informes y auditorías que recomiendan la externalización del servicio por "mayor eficiencia" o "reducción de costes". Ejemplo: en Andalucía, en 2021, PriceWaterhouseCooper fue contratada para realizar una auditoría que terminó recomendando la privatización.
2º) Fragmentación o segregación del organismo público. Se crean nuevas agencias o se separan competencias, lo que facilita que ciertas tareas, tarde o temprano, sean desviadas a empresas privadas, especialmente operaciones especializadas o de apoyo. Ejemplo: así en Andalucía se creó la EMA, la Agencia de Emergencias de Andalucía, perdiéndose en el cambio de AMAYA a EMA recursos humanos y materiales, así como derechos laborales.
3º) Reducción progresiva de la inversión pública en medios, personal y prevención, lo que dificulta la respuesta del modelo público y da pie a justificar la entrada de empresas privadas para cubrir "carencias". Ejemplo: con una primavera muy lluviosa, que previsiblemente iba a generar mucha masa vegetal que se transformaría en posible fuente de incendios, la Comunidad de Madrid contrata menos bomberos forestales y menos aeronaves.
Muchos se preguntan si queda esperanza. Pero la esperanza nunca arde del todo; vive en cada mirada decidida, en cada brigada que resiste el calor y en cada voz que exige cuidar lo que es nuestro
4º) Contratos marco o modelos mixtos público-privados. Se comienzan a firmar contratos de gestión de servicios, brigadas, medios materiales o flotas aéreas con compañías privadas y se amplía gradualmente su presencia. Ejemplo: en Castilla y León ya operan más de 30 empresas privadas en la lucha contra los incendios forestales.
5º) Temporadas de contratación y empleo precario. Reducir la estabilidad del personal público y recurrir a empleos temporales, justificando que las empresas privadas pueden adaptarse mejor a la demanda estacional. Ejemplo: a los hombres y mujeres del INFOCA de la Junta de Andalucía no se les reconoce la antigüedad, que reclaman desde hace años.
6º) Justificación legislativa y administrativa . Se modifican normativas autonómicas para permitir la externalización de servicios o limitar la contratación pública, a veces bajo el argumento de interoperabilidad, flexibilidad o especialización técnica. Ejemplo: el Decreto-ley 2/2023 de Andalucía es un ejemplo palpable de cómo la normativa autonómica puede modificarse para permitir o facilitar la externalización o privatización progresiva en el servicio de extinción de incendios forestales.
7º) Divulgación de la necesidad de "optimización" y "eficacia". Se ponen en marcha campañas informativas que destacan carencias del sistema público y promocionan ventajas de la “gestión profesionalizada” privada. Ejemplo: en 2009, la Comunidad de Madrid defendió públicamente la privatización del servicio y el despido de 400 trabajadores temporales, señalando que se externalizaba el personal y que ciertas empresas privadas se encargaban de la gestión de los retenes antiincendios.
En resumen, la privatización se produce de forma progresiva mediante auditorías, contratos, desinversión y reformas legislativas que facilitan la entrada de empresas privadas en el servicio de prevención y extinción de incendios forestales.
Y así, mientras el fuego devora paisajes y recuerdos, mientras los héroes anónimos se juegan sus vidas con una evidente falta de recursos y apoyo, muchos se preguntan si queda esperanza. Pero la esperanza nunca arde del todo; vive en cada mirada decidida, en cada brigada que resiste el calor y en cada voz que exige cuidar lo que es nuestro. Porque los bosques son el alma de la tierra y protegerlos es más que una tarea: es una responsabilidad colectiva. No dejemos que las llamas sean el legado de nuestra generación.
José González Arenas es secretario de Medioambiente del PSOE de Córdoba
Este verano de 2025 arde como pocos en la memoria de quienes vivimos cerca de la naturaleza. Los incendios forestales se han colado en los telediarios, en las conversaciones a pie de calle y, lo más triste, en la vida de miles de vecinos y profesionales que luchan por salvar lo que queda de nuestros montes. Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia… el mapa de los fuegos coincide, casi punto por punto, con el de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y aunque desde algunos despachos se insiste en la mala suerte, lo cierto es que detrás de esta catástrofe hay más razón que azar.