El horror en las residencias de Madrid
Beatriz lloraba mientras me contaba hace unos días, a la puerta de la residencia que debía haber sido un hogar, las condiciones en las que vive. Esta mujer, de cabeza repleta de canas, pero también de lucidez, me esperó junto a familiares de usuarios/as antes de que comenzara mi visita a la residencia de Usera para mostrarme lo que pasaba dentro. Esta residencia concertada es un buen ejemplo de cómo el insaciable afán privatizador del Gobierno regional tiene consecuencias en las vidas de las personas, especialmente las más vulnerables. En febrero de 2020, tras muchas quejas, la Consejería de Política Social, en una decisión sin precedentes, planteó la sanción máxima a la empresa que gestionaba este centro: la retirada del servicio. Pero luego, sin explicación alguna, reculó. Así que, dos años después, la misma empresa todavía “atiende”, por llamarlo de alguna manera, a cerca de 300 mayores. Claro, cuando en Madrid de 500 residencias solo hay 25 públicas, son las empresas quienes marcan el paso. Máxime en el caso de la de Usera, que está en manos de uno de los tres grupos que controlan el sector. En aquel año 2020 estos grupos recibían de Ayuso fondos públicos para el 92% de sus residencias. Así que la suciedad o los agujeros en los techos y las humedades, que ahí siguen, quedaron perdonados.
Hacer caja es incompatible con el cuidado digno de las personas mayores. Porque te acaba pasando como a la Consejería, que propones subir un poco la ratio de profesionales en las residencias y 17 empresas renuncian a tu concierto dejándote a 700 usuarios/as “colgando de la brocha”. Ya no les resulta rentable el negocio. Poco parece importar a unos y otros que para esos mayores un traslado ponga en riesgo su salud mental y física.
Esta vergüenza de Ayuso no hay bandera ni mayoría que la tape, por más comisiones de investigación que nos tumben. Debe pedir perdón, depurar responsabilidades y atender bien a los mayores
Lo mínimo que debería hacer la Comunidad cuando privatiza una residencia es controlar. Pero con 22 inspectores poco control pueden tener. Si a esto le sumas que recientemente hemos conocido que no disponen de un registro de los/as mayores contagiados por covid en sus plazas concertadas y tampoco de los/as fallecidos en residencias por el uso de contenciones, pues saltan todas las alarmas.
En estos días se cumplen dos años de los protocolos de la muerte de ese Gobierno Autonómico que con una mano les negaba a miles de mayores ser atendidos en los hospitales públicos, mientras con la otra firmaba indemnizaciones a residencias privadas en contra del criterio de la propia abogacía de la Comunidad de Madrid, o destinaba más de 300.000 euros por asistencia pastoral católica en unos centros que cerraron como ratoneras.
No podemos olvidar, como sociedad democrática que somos, esta terrible vulneración de los derechos humanos. Madrid solo tenía el 13% de las plazas de residencias y acumuló el 31% de los fallecidos en aquellas primeras olas. Las residencias siguen sin medicalizarse, a pesar de las sentencias judiciales. Y siguen llenas de carencias materiales y profesionales. Hace poco escuchaba a una trabajadora decir que acudían medicadas a su empleo. Medicadas porque la sobrecarga laboral hace que les duela el cuerpo. Medicadas porque lo que ven en las residencias hace que les duela el alma.
Esta vergüenza de Ayuso no hay bandera ni mayoría que la tape, por más comisiones de investigación que nos tumben. Debe pedir perdón, depurar responsabilidades y atender bien a los mayores, a esas personas que entregaron su vida para que nosotros disfrutáramos de las oportunidades que ellos y ellas no tuvieron.
____________________
Lorena Morales es portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista.
