¿Y a quién le importa el diálogo social?
Es la primera pregunta que nos debemos hacer. A quién le importa lo que hacemos, para qué y para quiénes sirve lo que hacemos, lo que acordamos, lo que pactamos. De qué nos valen los propósitos, los eslóganes y los compromisos. De qué hablamos cuando apelamos a lo que acordamos, a los agentes sociales, a su papel en una democracia. A quién le importa de verdad la Mesa de Diálogo Social, el foro en el que concertar las políticas públicas que impulsan la acción del Gobierno, que articulan la participación efectiva de los agentes sociales, su compromiso, su responsabilidad también en el futuro del país y en el bien común.
Y a los socialistas nos importa, porque les importa y les afecta a los derechos de las personas trabajadoras, a los salarios, a la negociación colectiva, a quienes están más desprotegidos. Porque les interesa a las empresas, que son quienes generan empleo, y que necesitan sentirse seguras en la toma de sus decisiones. Porque le importa a Europa, que confía en España para que aquí se desplieguen las políticas transformadoras. Le interesa a la Organización Internacional del Trabajo, que nos alienta a la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas.
Pero además le interesa a nuestro sistema democrático, sacudido constantemente por quienes buscan excusas que socavan el proyecto compartido y plural que es España. Esa pluralidad blindada por la Constitución, que, en su Título Preliminar, en el que define las bases de un Estado social y democrático de derecho, sitúa el papel esencial de sindicatos y asociaciones empresariales para contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Y poco más propio que el marco en el que deben gestionar sus relaciones.
Lo cierto es que este papel esencial es citado en otros artículos de la Constitución, pero no está estructurado como sí se hace con los partidos políticos y su representación en el poder legislativo. Y cuando en España todo el mundo recupere el sentido de Estado y sea posible abordar la modernización de nuestro ordenamiento básico, ese papel deberá ser clarificado. Pero nuestro país, que es no sólo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, sino uno de los más activos y que mayor número de Convenios ha ratificado y aplicado, asume también los mecanismos tripartitos para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo.
Y no. No es un sustitutivo del Poder Legislativo. No puede serlo, porque es en las Cortes donde reside la soberanía de los españoles, y a través del cuál debe impulsarse la acción de Gobierno y debe articularse la legislación por la que nos regulemos toda la ciudadanía. Pero es que ese mismo Poder Legislativo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que la normativa laboral recuperase el diálogo social frente a la fórmula anterior, la de la imposición desde una mayoría política, legítima y absoluta, pero que ha derivado en conflictividad y precariedad.
Es el mandato asumido por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha volcado casi diez meses de esfuerzos en ese camino que ahora vuelve al Congreso para validarse. Un acuerdo que no es la propuesta inicial del Gobierno. No es la propuesta que implantarían las asociaciones empresariales. No es la propuesta a la que aspiran las asociaciones sindicales. Y, sin embargo, es la propuesta en la que se pueden encontrar el Gobierno, a las asociaciones empresariales y a las asociaciones sindicales. Es el punto al que se puede llegar aquí y ahora para avanzar con claridad en la protección de derechos de las personas trabajadoras y ofrecer seguridad a las empresas. Para que el despido sea el último recurso y el contrato indefinido la opción por defecto. Para consolidar para el futuro una de las principales herramientas para proteger el empleo en momentos de graves crisis y dificultades, a través de los ERTEs.
La fórmula de la concertación da solidez y confianza a las reformas estructurales. Elimina incertidumbres y devuelve a los agentes sociales la herramienta esencial para sus relaciones bilaterales, la de la negociación colectiva
Estamos ante esa realidad, en la que nadie pierde y que avanza en el camino trazado, en la que somos capaces de encontrarnos distintos para afrontar la recuperación económica de una manera más justa. El encuentro por el bien común, que es una política de Estado, y la apuesta por el pacto social que implica a quienes gobiernan, legislan y actúan en cada empresa por una cuestión que incumbe a todas las partes. El concepto de concertación, que compromete a agentes externos en las políticas públicas, aunque eso, como en el caso de los actores políticos, sea sujeto a críticas. Una actitud que avanza también en el sentido democrático y participativo. Y haciendo la revolución poco a poco, a través del Boletín Oficial, como nos decía nuestro presidente Ramón Rubial, pero con el objetivo de que al final entre diferentes se saquen adelante proyectos que beneficien a todo el país. Es así como se ha ido construyendo la España más sólida de la historia, sobre consensos amplios que implica ahora, de nuevo, como en los principios de la democracia, a los agentes sociales.
Y con otro añadido. Esta fórmula, la de la concertación, da solidez y confianza a las reformas estructurales. Elimina incertidumbres y devuelve a los agentes sociales la herramienta esencial para sus relaciones bilaterales, la de la negociación colectiva. El diálogo social tripartito trasladado a escala sectorial, donde deben acordarse las condiciones que hagan que las empresas sean viables y quienes trabajan en ellas mantengan el empleo, se puedan adaptar a las nuevas necesidades y tengan protegidos sus derechos. Porque lo fácil es predicar, lo difícil es dialogar con voluntad de acuerdos.
Por eso al PSOE le importa, mucho, el diálogo social. Por convicción democrática sobre el papel de patronal y sindicatos para acordar las relaciones laborales. Porque fortalece el principio de corresponsabilidad, de compromiso, en las decisiones de futuro. Porque permite encontrarse entre diferentes sin renuncias de nadie. Porque acaba con el modelo unilateral y regresivo por el que apostó el PP. Porque permite hacer política de distinta manera, mejor, de más calidad, para avanzar en el bien común, que es la mejor vacuna ante el populismo, la mayor amenaza de los modelos de bienestar que tanto nos ha costado construir en Europa.
_____________________________________
Idoia Mendía Cueva es secretaria de Estudios y Programas -CEF PSOE
