Plaza Pública
Libertad, impuestos y otras tuiterías
Parece que tenemos que hacernos a la idea de que el mensaje corto, la simplificación grosera y superficial, se ha instalado entre nosotros como canal de comunicación y forma de supuesto debate. El trazo grueso, el blanco o negro, la simplificación y el tópico sustituyen al debate sosegado, al análisis de propuestas y alternativas, al razonamiento de ideas y no de insultos y etiquetas.
En campaña electoral, como la que vivimos en Madrid (y, de rebote, en toda España), esa circunstancia parece que se agrava. A muchos nos gustaría que existiera un espacio donde las distintas candidaturas pudieran contraponer razones y no insultos, argumentos y no titulares.
Por ejemplo, hoy, en España, ¿qué grupo o grupos políticos pueden suponer una amenaza real a la libertad? ¿Qué entiende cada cual por libertad? ¿De qué libertad o libertades hablamos? ¿Cómo se explica que quien reclama libertad sea al mismo tiempo favorable a restringir aspectos importantes de esa libertad en el ejercicio de derechos de expresión o manifestación o en determinadas elecciones individuales?
¿En qué grado determinadas libertades están ligadas a la capacidad económica, de forma que quien tiene más recursos tiene amplios grados de libertad, que queda seriamente mermada, incluso anulada, para quien carece de medios para pagar por ello? Porque esto es una realidad que afecta a la mayoría de nuestros derechos fundamentales, necesitamos de un sector público lo suficientemente potente para garantizar el acceso a nuestros derechos básicos, aunque carezcamos de recursos económicos. ¿De qué sirve llenarse la boca con grandes palabras como libertad y derechos constitucionales si luego no garantizamos el libre acceso a toda la ciudadanía?
Por ello, repetimos en las plataformas por la justicia fiscal que los impuestos son la garantía de nuestros derechos, que sin justicia fiscal no hay justicia social. Y deberíamos añadir ahora que sin impuestos justos y suficientes tampoco hay auténtica libertad para todos.
En las campañas electorales es recurrente la promesa por parte de los partidos conservadores de que se van a reducir los impuestos. Y es preciso alzar la voz una vez más para desmontar este mensaje.
En primer lugar, porque, coherentemente con lo anterior, ello equivale a decir que solo se defenderá la libertad y los derechos básicos para quienes pueden pagar por ello. Es significativo, por ejemplo, que en Madrid se vuelva a hablar de bajar impuestos y simultáneamente se anuncia una reducción de profesorado en la enseñanza pública. El mensaje es nítido y contundente.
En segundo lugar, porque esas promesas han demostrado ser más fuego de artificio que realidad. Las prometidas reducciones se aplazan “hasta que sea posible” y solo se anuncian en vísperas de las siguientes elecciones. Es decir, que no son efectivas habitualmente en el período para el que se ha sido elegido con esa promesa. Cuando se analiza la rebaja, a menudo se ve que apenas afecta al ciudadano normal pues supone un ahorro fiscal de, quizás, un euro al mes.
La realidad es que las rebajas fiscales, en lugares como Madrid, a quienes benefician realmente es a las grandes fortunas, que se ven exentas de pagar el impuesto sobre el patrimonio (el porcentaje de declarantes madrileños del IRPF que presentan la correspondiente a ese impuesto sobre el patrimonio no llega al 1%) y que pueden heredar y perpetuar su privilegiada situación familiar gracias a la ridícula presión tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Nos inundan con propaganda de opresión fiscal de las clases medias y supuestas herencias que no pueden recibirse por el exceso de imposición sobre sucesiones, pero ninguna de esas afirmaciones soporta el contraste con los datos reales.
Uno de los argumentos más pintorescos es el que liga precisamente los impuestos con la falta de libertad. “Impuestos”, se dice, lo lleva ya en su nombre: se “imponen” a los ciudadanos, suponen un cobro coactivo y nadie pagaría impuestos si no le obligaran a ello.
Naturalmente. Vivimos en un sistema en que recibimos bienes y servicios a cambio de algo, de un precio. Si compramos algo o contratamos un servicio debemos pagar por ello y la ley está de parte de quien quiere cobrar esa contraprestación debida. ¿Decimos por ello que los miles de pagos que hacemos diariamente son coactivos? Porque, si no nos obligara la ley, habría muchas personas que no querrían pagar tampoco por esos bienes o servicios.
El impuesto es el precio que pagamos por disfrutar de los bienes y servicios públicos, la gran mayoría de forma gratuita o casi gratuita (en el sentido de que no es preciso hacer ningún pago directo o este es extremadamente reducido). Y es obligatorio porque a cambio se reciben servicios y prestaciones personales (educación, sanidad, pensiones…) pero también colectivos como seguridad, carreteras, alumbrado… y tantos otros.
Se argumenta que los primeros se consumen por decisión personal y libre mientras que el segundo es un consumo obligado y no elegido. Típico argumento del usuario “gorrón” (el free rider de la literatura anglosajona). Hablamos de bienes colectivos en los que la exclusión es extremadamente difícil. ¿Alguien puede imaginar que se excluyera, por ejemplo, del uso de las carreteras o de protección policial a quien decidiera no pagar impuestos? Lo coherente (desde esa perspectiva, pero quizás también desde estrictos criterios de justicia) sería incluir en la Constitución un artículo que indicara que los derechos en ella reconocidos solo son aplicables a quienes paguen sus impuestos.
Quien no paga impuestos y disfruta de los bienes públicos colectivos debe calificarse como un ladrón o una persona cleptómana, y recibir el mismo trato social. Porque se apropia de un bien o servicio sin pagar por ello.
Necesitamos un debate serio sobre lo que significa pagar impuestos y las consecuencias de sus rebajas. El mero hecho de anunciar bajadas de impuestos como reclamo electoral parece contribuir a una opinión pública negativa.
Necesitamos un debate serio sobre la necesidad para nuestras administraciones públicas de tener recursos tributarios suficientes que permitan garantizar la libertad y los derechos básicos para toda la población.
Necesitamos un debate serio sobre qué significan palabras como libertad y equidad.
Necesitamos una campaña electoral que concrete cómo se quiere gobernar, qué niveles de bienes y servicios públicos se nos ofrecerán y con qué medios. Menos twitterío y menos demagogia.
La pandemia ha puesto en evidencia las carencias, entre otras, de nuestra sanidad y de nuestra educación públicas. Las cifras de gasto por habitante en esas prestaciones se sitúan en Madrid entre las más bajas de todas las Comunidades Autónomas.
Por ello, necesitamos claramente más, no menos, recursos públicos. Lo cual no significa subir impuestos sino hacer que paguen adecuadamente quienes no pagan lo que deben, que desaparezcan los privilegios injustificados. Es decir, que se inviertan los favores al 1% por ciento más rico en favor del 99% restante.
Detrás de hermosas palabras, hay quienes esconden unas políticas tremendamente regresivas e injustas y un atentado al significado profundo de la libertad.
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Juan A. Gimeno es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal