¿Luz verde a los impuestos verdes?

Cuando a finales de 2021 echó a andar el Gobierno alemán (formado por socialistas, liberales y verdes), una hipotética subida de impuestos a los carburantes —en concreto, la idea de armonizar la recaudación al diésel y la gasolina— provocó las primeras rencillas internas. Meses después, en medio de una guerra en Europa que, entre otras consecuencias, ha tensionado enormemente el mercado energético, el Ejecutivo alemán se ha visto obligado a moverse en el sentido contrario. 

El Gobierno liderado por Olaf Scholz anunció el pasado mes de marzo una rebaja fiscal de 300 euros para trabajadores y autónomos y una reducción de los precios del gasoil y la gasolina, de 15 y 30 céntimos, respectivamente, como parte de un ambicioso paquete de medidas para frenar el impacto de la guerra. Al igual que Alemania, otros países europeos como España o Francia han apostado por “financiar” las fuentes de energía más contaminantes. 

La guerra entre Ucrania y Rusia ha obligado a tomar estas medidas de carácter urgente, que pasan por hacer frente a la subida de precios de los carburantes, pero también ha puesto de relieve la necesidad de aplicar medidas estructurales que apuesten, indudablemente, por un incremento de la autonomía energética. Para lograrlo, los expertos apuntan a un aumento de la recaudación medioambiental. Sin embargo, ¿estarán los ciudadanos de acuerdo con esta estrategia en un contexto inflacionista como el actual? 

En comparación con Estados Unidos —el país con el mayor porcentaje de negacionistas del cambio climático (un 12% según la Universidad de Yale)—, en España hay una preocupación generalizada por este fenómeno (apenas un 2% de la población duda de sus consecuencias, según refleja el Estudio Europeo de Valores de la Fundación BBVA del año 2019). No obstante, a la gente “le duele el bolsillo” y resulta difícil trasladar este compromiso al ámbito presupuestario. 

En el contexto español, tampoco ayuda que los impuestos medioambientales sean una competencia de las comunidades autónomas. ¿Cómo le explicas a un catalán que su rutina diaria produce una mayor huella de carbono que la de un madrileño y, en consecuencia, deberá pagar 11 impuestos medioambientales frente a tan solo uno que afrontan los habitantes de la capital? 

Son Cataluña y Madrid (junto a las comunidades insulares por la zona baja) las regiones que se encuentran en las antípodas en lo que se refiere a impuestos verdes. Esta diferencia en el número de tasas evidencia una falta de armonización que parece obedecer más a criterios de recaudación que a fines medioambientales. A esta cuestión se refirió el Libro Blanco sobre la Reforma, elaborado por un Comité de Expertos, planteando la necesidad de coordinar y armonizar la recaudación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central. 

Por otro lado, la recaudación fiscal en materia verde en los Estados miembros de la Unión Europea es todavía baja con respecto al PIB: se sitúa de media en el 2,37%, según datos de Eurostat de 2020. 

Si miramos la comparación entre países, mientras que la fiscalidad verde alcanza casi el 4% del PIB en Grecia (3,86%), España o Alemania se quedan por debajo del 2%, situándose entre los países que menos recaudan. Frente a la imagen de progreso que se tiene de Alemania, resulta curioso que su fiscalidad verde representa el mismo 1,77% del PIB que en el caso español. Este porcentaje representa un total de 19.750 millones de euros en el conjunto de España, según los mismos datos de Eurostat, compartidos también por el informe de las Cuentas ambientales del INE. 

No es subir los precios, es crear alternativas 

Volviendo a Alemania, el Gobierno ha dado su apoyo en las últimas semanas a la propuesta de la Unión Europea de paralizar las ventas de vehículos de combustión fósil a partir de 2035. Con esta medida, se pretende que los usuarios comiencen a optar por otras opciones de movilidad. Sin embargo, ¿es posible reducir su uso si no se plantean otras alternativas? 

Una encuesta publicada recientemente en Alemania refleja que un 68% de los trayectos al trabajo en 2020 se realizaron en coche privado, frente al 13% en transporte público y el 7% en bicicleta. ¿Cuáles son los motivos de esta prevalencia del transporte privado? ¿Obedece el mayor uso del coche privado a factores externos o se debe únicamente al miedo al contagio por coronavirus?

La esperada reforma fiscal en España, aún sin fecha prevista, podría tener como principal afectado al transporte, por ser “el principal causante de las emisiones de efecto invernadero y de la contaminación local en muchas ciudades”, con el objetivo de lograr una recaudación de hasta 15.000 millones de euros en fiscalidad verde. A fin de cuentas, se estima que el 24% de las emisiones de dióxido de carbono proviene de los desplazamientos en transporte privado. 

En este sentido, los expertos hacen una apuesta firme por la electrificación, que debe “jugar un papel fundamental” en la transición a una economía baja en carbono. A su favor juega el nivel de maduración del sector, lo que hace posible que se planteen alternativas en este campo. 

Gran parte de la población es consciente de esta contaminación pero, ¿qué opciones tienen? En la mayoría de los casos, la economía del tiempo prima por encima de los valores de sostenibilidad. El coche da una libertad de movimiento que no permite el transporte público y, en muchas regiones de España, la red de movilidad pública es insuficiente o muy costosa. 

Una hipotética reforma fiscal en clave verde deberá tener en cuenta el principio de equidad y pensar en fines ambientales y recaudatorios, donde los ciudadanos no paguen el pato de las empresas más contaminantes

Para contrarrestar las emisiones de los vehículos, aparece y desaparece el debate sobre el impuesto por el uso de las autovías. Esta medida impopular necesitará de sólidos argumentos para ser aplicable en algunos territorios, pero también de la construcción de alternativas para no encarecer el nivel de vida de la gente que depende únicamente del transporte privado.  

Este aspecto es importante, ya que no se puede permitir que sean siempre los mismos los que paguen los impuestos. Las Cuentas ambientales del INE reflejan que en 2020 los hogares pagaron el 47,2% del total de impuestos ambientales y más de la mitad en 2019 (el 53,5%). Una hipotética reforma fiscal en clave verde deberá tener en cuenta el principio de equidad y pensar en fines ambientales y recaudatorios, donde los ciudadanos no paguen el pato de las empresas más contaminantes. 

Los cambios en materia sostenible tienen que ser también equitativos de puertas para fuera. Los países más ricos deberán impulsar una agenda climática que incluya los intereses de los países menos desarrollados, que, por lo general, se encuentran en zonas ecuatoriales y ya soportan temperaturas de media más altas. 

Desde organismos internacionales como el FMI hasta el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, todos parecen estar de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático pasa por un sistema impositivo que incida en las acciones más contaminantes. Con todo, no va a ser tarea fácil obtener la comprensión de los ciudadanos, más cuando se trata de medidas que afectan al bolsillo. 

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Adriano Ferreiro es colaborador de la Fundación Alternativas