En lo que ya se conoce como “caso Montoro”, en el que un juez de Tarragona ha investigado durante siete años si el entonces ministro manipuló el proceso legislativo tributario para favorecer, a cambio de dinero, a empresas con rebajas fiscales (empresas que eran clientes de su despacho), aparecen tres derivadas novedosas que, de ser ciertas, sofistican la operativa de estos presuntos delitos: la del “equipo PAC”, la del principio administrativo de que “Hacienda son ellos” y la de que “la eficiencia brilla por su ausencia”.
La primera (el equipo PAC), se basa en el hecho de que para que estos presuntos hechos pudieran llevarse a cabo, el autor o autores debieron diseñar un equipo ministerial de altos cargos de confianza en los que la confianza no estaba orientada a la mejor y más capacitada gestión pública posible, sino a que las decisiones ministeriales respondieran a los intereses ocultos de quienes pagaban mordidas para verse beneficiados por aquellas. De este modo según los investigadores, se habría nombrado para altos cargos a personas vinculadas al despacho fundado por el entonces ministro de Hacienda, para asegurarse de que los textos legales tributarios se redactaran a satisfacción de los clientes del despacho, que pagaban por ello.
Téngase en cuenta que la tramitación de una norma jurídica transita por un sinfín de trámites que con frecuencia incluyen a órganos externos e independientes de un ministerio, como por ejemplo el Consejo de Estado, y, por lo que parece, estas tramitaciones también estaban controladas por la presunta trama. Quiere ello decir que debía existir una suerte de “Administración interesada” que, como los periodistas integrados en unidades de combate, estaba “empotrada” en la Administración del Estado —en toda ella—. Ríanse así de los principios de mérito y capacidad, de independencia, del interés general, de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento pleno a la Constitución, ley y derecho, de buena fe, de confianza legítima, cooperación, colaboración, eficiencia y servicio al ciudadano.
Descubrimos así que estos principios, a veces, sólo son decorados para el desarrollo de una opereta bufa. Quiero dejar claro con ello que la tan cacareada endogamia burocrática se complementa de modo imprescindible con otra menos conocida pero más letal para nuestro sistema: la endogamia política, que sitúa en puestos de alta responsabilidad no a los más capaces, sino al equipo PAC (Parientes, Amigos y Conocidos).
La segunda derivada (Hacienda son ellos) se fundamenta en la quiebra de confianza en el sistema, y más específicamente, en el sistema tributario español, de por sí injusto e ineficiente. En este país se paga por trabajar (las conocidas como rentas del trabajo), mientras las grandes multinacionales y fortunas varias señorean la ingeniería financiera para reducir su presión fiscal. De este modo, la tributación de ciudadanos de a pie deviene proporcionalmente insostenible mientras quienes debieran ser grandes contribuyentes se cuelan por las calles de países con baja o nula tributación.
De esta guisa resulta que, además, un juez de Tarragona plantea que, al menos durante un tiempo, quien debiera velar por la integridad del sistema tributario parece que no sólo no lo ha hecho, sino que presuntamente se ha dedicado a favorecer clientes y amiguetes, amén de disponer de información confidencial (que no debería) sobre ciudadanos e incluso colegas de partido. Y es que, efectivamente, Hacienda no somos todos, son ellos: ya me dirán con qué cara pagamos todos nuestros impuestos a la luz de estas informaciones y de otras parecidas.
Y es que, efectivamente, Hacienda no somos todos, son ellos: ya me dirán con qué cara pagamos todos nuestros impuestos a la luz de estas informaciones y de otras parecidas
La tercera derivada nos conduce a un terreno inhóspito: a la luz de lo acontecido con la producción normativa de la Hacienda pública española de este período se cierne la sospecha generalizada de que puede haber más casos como estos. ¿Cómo se va a poder garantizar que el rey (hacienda) —como el del cuento— no va desnudo? ¿Cómo podemos saber los ciudadanos que, en general, la hacienda pública funciona como debiera? La quiebra de confianza es muy profunda. Como profundo es el problema jurídico derivado de la producción de normas tributarias manipuladas por intereses particulares. Para ello debiera expurgarse de estas normas el sistema normativo tributario a instancias de los perjudicados (todos lo somos de un modo u otro), puesto que esta normativa —resultado de la comisión de presuntos delitos— pudiera estar viciada de nulidad a pesar de su apariencia de plena legalidad. Ello atañe también a la legitimidad del aparato administrativo del Estado y del propio poder legislativo (que parece que aprobó normas para intereses particulares): si quieren mantenerla deberían limpiar los trapos sucios hasta el punto de que quienes hayan resultado perjudicados puedan ser compensados por ello. Sin embargo, no es esta la tradición de equipos económicos de una Administración del estilo de la que nos ocupa: recuerden casos como el envenenamiento por aceite de colza (1981), el vertido del Prestige (2002), el accidente del YAK 42 en Turquía (2003), los atentados de Atocha (2004), el accidente del metro de Valencia (2006), la crisis del rescate bancario (2009), el del AVE en Santiago de Compostela (2013), las muertes en geriátricos por la COVID (2020), la erupción del volcán de la Palma (2021), o la Dana en Valencia (2024). No entraré en la gestión penosa de estas calamidades (de por sí deplorable y denunciable). Me quedo con la constatación de que la gestión de la reparación a las víctimas también lo ha sido. Lamentablemente no parece que en este presunto caso de Hacienda vaya a ser distinto puesto que, una vez más, la eficiencia reparadora me temo que brillará por su ausencia. ¿Me siguen?
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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.
En lo que ya se conoce como “caso Montoro”, en el que un juez de Tarragona ha investigado durante siete años si el entonces ministro manipuló el proceso legislativo tributario para favorecer, a cambio de dinero, a empresas con rebajas fiscales (empresas que eran clientes de su despacho), aparecen tres derivadas novedosas que, de ser ciertas, sofistican la operativa de estos presuntos delitos: la del “equipo PAC”, la del principio administrativo de que “Hacienda son ellos” y la de que “la eficiencia brilla por su ausencia”.