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La nula transparencia ambiental de las empresas en la transición ecológica

José Luis de la Cruz

En 2022 se produjeron relevantes compromisos en la acción ambiental. La Asamblea General de la ONU reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. En la COP 27 celebrada en Egipto se aprobó la creación de un fondo para pérdidas y daños provocados por el cambio climático; en la COP 15 de Montreal se adoptó un marco ambicioso para proteger y revivir la biodiversidad para 2030 y se avanzó en las negociaciones globales para acabar con la contaminación por plástico.

Pero de entre todos los eventos desarrollados en 2022, merece una mención especial el celebrado en junio en Estocolmo (Estocolmo+50) con motivo de la celebración hace cincuenta años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, de 1972, que marcó el nacimiento del movimiento ambientalista. Entre las recomendaciones realizadas en esta reunión, se recoge la necesidad de acelerar las transformaciones de los sectores empresariales, mediante la adopción y aplicación de medidas que promuevan la circularidad, el uso eficiente de los recursos, las soluciones basadas en la naturaleza en las cadenas de valor, así como mejorar y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas (UNEP in 2022, Anual Report).

En este mismo sentido, el Informe de Naciones Unidas sobre la Brecha de Emisiones de GEI de 2022 reclama especialmente medidas para reducir las emisiones de CO2 generadas por las empresas, dado que con los compromisos adquiridos actualmente por los países del G20, se emiten 1,8 GtCO2e al año por encima de lo necesario para garantizar los objetivos de París. En la misma línea, el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022 del PNUMA, titulado ‘Demasiado poco, demasiado lento’, pide que los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras tripliquen sus inversiones anuales para limitar el calentamiento global, detener la pérdida de biodiversidad y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, no solo las administraciones públicas son responsables, se requiere que las empresas abandonen sus postulados del business as usual, y diseñen estrategias ambiciosas con una visión a largo plazo que nos permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Las medidas desarrolladas por las empresas, junto con la información que transmitan, son fundamentales. Y es que no basta solo con plantear objetivos: las empresas deben ser totalmente transparentes en su desempeño y rendición de cuentas, ya que una sociedad informada es fundamental, no solo para concienciar sobre la protección y el cuidado del medio ambiente, sino para desarrollar políticas efectivas que permitan acometer con garantías la policrisis de recursos naturales, clima y cooperación que plantea el Informe Risks Perception Survey 2022-2023 del Foro Económico Mundial.

Sin embargo, las empresas españolas tienen aún mucho que mejorar, al menos teniendo en cuenta la información pública que ofrecen. Así, mientras que la mayoría manifiesta tener compromisos climáticos, en eficiencia energética y para el desarrollo de una economía circular vertido 0, del análisis de sus memorias de sostenibilidad o de información no financiera se deduce que la adquisición de estos compromisos no conlleva necesariamente una internalización de estos aspectos en el desarrollo empresarial. En la gran mayoría de las ocasiones son declaraciones de intenciones con objetivos generales como “residuos 0” o “emisiones netas 0”, pero no se ofrecen objetivos y metas cuantificables que permitan comprobar el grado de evolución que tiene la empresa para alcanzar esos objetivos. Y en los casos en que existen objetivos tangibles, no se suele ofrece un seguimiento. Tan solo algunos casos excepcionales indican el grado de cumplimiento.

La información ofrecida no es completa, los indicadores utilizados suelen ser parciales, no se cumplen los requerimientos de comparabilidad, relevancia y fiabilidad

La Ley 11/2018 de Información no financiera, y la futura Ley sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, exigen el reporte de información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente. Están obligadas a informar sobre el uso sostenible de los recursos que emplean en el desarrollo de sus actividades. Esto incluye el consumo de agua, materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso. También se requiere información relativa al cambio climático, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, sus objetivos de reducción y las medidas implementadas para la adaptación. Otros aspectos importantes sobre los que la ley exige informar son los relativos a la economía circular, el agua y la conservación de la biodiversidad.

Si bien el cambio climático es el aspecto que más ampliamente se expone en la información no financiera de las empresas, prácticamente todas informan sobre sus emisiones de GEI, pero en lo que se refiere a las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del calentamiento global, apenas ofrecen datos. Lo mismo ocurre con la economía circular, donde la información que se ofrece se centra generalmente en el cumplimiento de la gestión de los residuos generados.

Por otro lado, la ley indica claramente que se ha de informar de cualquier forma de contaminación atmosférica específica de la actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica, y las medidas que se toman para prevenir, reducir o reparar las afecciones al medio ambiente. Pero este es el aspecto sobre el que peor se informa e incluso, en muchas ocasiones, se obvian gran parte de las emisiones, como las referentes a transporte y movilidad.

Finalmente, en lo referente a la conservación del medio natural y la biodiversidad, la información que se ofrece sobre el impacto ambiental de las empresas es escasa, sesgada y de baja calidad. Es cierto que no todas las compañías y sectores tienen los mismos riesgos respecto a la biodiversidad, pero todas son consumidoras de productos y/o servicios, por lo que, de alguna forma, tienen una relación de dependencia e impacto con la biodiversidad, bien en su actividad directa o en algún punto de su cadena de valor. Por tanto, incorporar la biodiversidad como aspecto material resulta esencial para identificar impactos y riesgos, así como aprovechar nuevas oportunidades para el desarrollo de productos y servicios.

En términos generales, la información reportada en los Estados de información no financiera por las empresas españolas no puede considerarse que cumpla de manera rigurosa con los requisitos establecidos en la ley. La información ofrecida no es completa, los indicadores utilizados suelen ser parciales, no se cumplen los requerimientos de comparabilidad, relevancia y fiabilidad, puesto que solamente, en escasas ocasiones, la información es suficiente para poder comparar empresas.

Así pues, a día de hoy, no podemos decir que exista ninguna empresa que informe de manera transparente de su desempeño ambiental. Esperamos la pronta trasposición de la nueva Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), y que esta nueva ley ayude a corregir esta situación de actual “traslucidez” en la información ambiental de las empresas españolas.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

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