Un país libre de impuestos

Benjamí Anglès Juanpere

Vuelven los impuestos a protagonizar el debate político, si alguna vez dejaron de hacerlo, con el plan económico presentado por el nuevo líder del Partido Popular que incluye una bajada impositiva para reactivar la economía. Más allá de las medidas propuestas y su posible impacto, es totalmente lícito plantear una rebaja fiscal o cualquier otra medida en el ámbito de los tributos, a la vez que necesario explicar y concretar los argumentos y objetivos que acompañen tales proposiciones.

En este sentido, sustentar la rebaja fiscal en que es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que en los de Hacienda y que ello permitirá reactivar el consumo no parece que hoy sea el mejor argumento en un momento de inflación desbocada y deuda pública inasumible. Y mucho menos cuando tampoco queda claro quién acabará pagando “la factura” de esta rebaja.

En cambio, pedir una mayor igualdad en el sistema tributario, para que la obligación constitucional de contribuir al gasto público no descanse en exceso sobre determinados colectivos o capas sociales, acompañado de medidas para aumentar la recaudación sobre personas y actividades cuya contribución actual es nula o está muy por debajo de su capacidad económica, me parecería mucho más acertado.

Si algo hemos aprendido estos dos últimos años, y desearía que así fuera, es que la defensa de nuestro Estado social y de derecho pasa necesariamente por sufragar unos servicios públicos que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades y problemas de los ciudadanos, incluso en los peores escenarios, y todo ello acorde con la riqueza de nuestro país en términos de Producto Interior Bruto (PIB).

Si nos comparamos con nuestros socios europeos, nuestra contribución y nuestro gasto público son menores en términos de PIB

Según Eurostat, la presión fiscal en España es de 35 puntos sobre el PIB, por debajo de la media de los países de la Unión Europea que es de 41 puntos, y lejos de Dinamarca y Francia que son los países con una mayor presión, de casi 47 puntos. Mientras que, si comparamos el nivel del gasto público, resulta que en España representa el 42% del PIB, por debajo del 47% de la media europea y del 55% de Francia y Finlandia. Es decir, si nos comparamos con nuestros socios europeos, nuestra contribución y nuestro gasto público son menores en términos de PIB.

A pesar de ello, los gastos no dejan de superar a los ingresos, de modo que el déficit aumenta sin cesar y, con él, el volumen de la deuda pública. Sin duda, se tiene que mejorar y mucho la eficiencia en el gasto público y, sobre todo, evaluar el impacto de las políticas públicas, asignatura pendiente en España. Pero también se tiene que definir y aplicar un sistema tributario acorde con el modelo de país que queramos. De entrada, bajar y pagar menos impuestos significa tener menos recursos públicos y, por consiguiente, limitar la capacidad del sector público. ¿Estamos dispuestos a ello?

Aunque aumentar los ingresos tributarios nunca es una medida popular, resulta necesario explorar la creación de nuevas figuras impositivas en ámbitos como la economía digital o el medioambiente, y quizás replantear algunos de los muchos beneficios fiscales que debilitan el sistema impositivo, la mayoría de los cuales se desconoce si consiguen los objetivos para los cuales fueron establecidos. Todo lo cual no está reñido con reducir la carga fiscal a quienes se considere que tributan en exceso. Y sin olvidar poner el foco (¡y recursos!) en perseguir a aquellos que eluden sus obligaciones tributarias y trafican con total comodidad en la economía sumergida.

Es evidente que no podemos desear la fiscalidad de Andorra y a la vez exigir las prestaciones públicas de Finlandia o Dinamarca, de modo que corresponde a nuestros políticos encontrar el punto de equilibrio entre una justa contribución de todos y unos servicios públicos adecuados a nuestro nivel de riqueza. Parece que el principal partido de la oposición ha abandonado el estéril ‘no a todo’ y ha puesto encima de la mesa una serie de propuestas que, como mínimo, merecen ser consideradas y debatidas.

Estaría bien que, por una vez, podamos escuchar los argumentos de unos y otros, y ver si nuestros representantes políticos son capaces de alcanzar algún consenso sobre el sistema tributario, pilar fundamental del estado del bienestar, en lugar del habitual desencuentro y griterío al que ya nos tienen acostumbrados. Entre un país libre de impuestos y otro libre de la permanente bronca política, yo, la verdad, prefiero el segundo.

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Benjamí Anglès Juanpere es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC

@BenjaUOC

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