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Contra el populismo trumpista, eficiencia pandémica

Una mujer con una mascarilla con la imagen de Donald Trump en Florida.

Miquel Porta Serra

Como médico, epidemiólogo y ciudadano, la supuesta noticia me dejó estupefacto y abatido: decía que, ante el retraso que durante unos días parecía que iban a sufrir las elecciones catalanas, el escenario de la pelea populista volvía a ser la pandemia. No existen adjetivos para calificar este hecho. Su lógica destructora −"todo vale para maltratar al enemigo, hasta la muerte y la ruina que causa la pandemia"− es grata a la extrema derecha, incluyendo en ella objetivamente, por sus actos, a sectores del PP y del independentismo. Pero sabemos que muchos partidarios de estas legítimas opciones políticas sienten desafección ante aquella lógica. Cuya miseria es parecida a la de la turba trumpista el 6 de enero, en su insurrección bananera (significativas palabras de un derechista como George W. Bush Jr). Creo que los históricos hechos del Capitolio –también la actuación de Biden en su toma de posesión el día 20– pueden suponer un nuevo punto de inflexión en la conciencia y el comportamiento electoral de importantes minorías de ciudadanos que hasta antes de la pandemia eran más dóciles al trumpismo, en EEUU, España y allende.

En estos convulsos tiempos, con tantas sombras y solo algunas luces, muchos ciudadanos, y ciertamente muchos epidemiólogos, echamos en falta esto: acciones que concreten la idea, conceptualmente sencilla, de que al encono populista se le supera mediante instituciones democráticas que aplican políticas sociales y de salud pública justas, solidarias y eficientes. Lo cual en cierta medida ya ocurre, o estaríamos muertos al fondo del abismo. Y por eso el reto más relevante, urgente y factible para España –práctico y simbólico a la vez– es revertir la debilidad de órganos como el Consejo Interterritorial (CI) del sistema nacional de salud, mejorando sustancialmente la preparación, aplicación y seguimiento de los acuerdos que toma su pleno. También, fortalecer las dinámicas de trabajo inter y supra-autonómicas, la cooperación vertical (de las comunidades con el gobierno estatal y viceversa) y la horizontal (entre comunidades). Para muchos, las órdenes que firmó Biden el día de su posesión y los siguientes son un símbolo potente: de que es necesario, factible y socialmente bienvenido reforzar las instituciones que aplican políticas útiles para proteger la vida de los ciudadanos. El apoyo social a esta idea elemental puede aumentar. Para ello necesitamos mejor información y un debate más sereno. Es factible, aunque se esfuercen en que creamos que es imposible quienes más atizan el destructivo encono.

Echo pues en falta que el periodismo y la universidad y las propias instituciones concernidas informemos y analicemos mejor cuál es y cómo podemos mejorar la solidez técnica y jurídica que tienen los acuerdos que toman instituciones como el CIsolidez, cuáles son sus grados de aplicación y cuáles sus efectos en la pandemia. Vale también para otras comisiones, como la de salud pública, en las cuales trabajan invisiblemente comunidades autónomas y ministerios. Vale para otros órganos estatales en los que la cooperación horizontal y vertical existentes pueden mejorar para lograr mejores efectos de las correspondientes políticas sociales, ambientales o tecnológicas. Por eso propongo que la mejora del CI es algo práctico y simbólico. ¿De qué? De la insoslayable obligación histórica de ser eficaces ante la que nos coloca la pandemiaobligación.

Y en contra de lo que mantienen ciertos discursos, este no es un tema de gestión, menor, es profundamente político en sus fines (¡controlar la devastación de la pandemia!) y estrategias (vencer al populismo trumpista). En estos meses excepcionales ha ido disminuyendo el número de ciudadanos que prefieren, visceralmente, verbalmente, los inútiles artificios retóricos y que han pasado a apoyar más las políticas útiles a su salud y a su bolsillo.

Existe a mi juicio poca información pública y, por tanto, una insuficiente conciencia social de la fragilidad del andamiaje jurídico y técnico (epidemiológico, tecnológico) de órganos estatales como el CI. Esa fragilidad lo hace vulnerable a las mentiras de la extrema derecha, aunque está cada semana a la vista de todos quienes asistimos, estupefactos y tristes, sí, a la impúdica manipulación propagandística de las decisiones sobre las imperfectas medidas para contener el covid-19.

No entiendo que los actores políticos y socioeconómicos más responsables no hayan mejorado más ese andamiaje, a no ser que la correlación de fuerzas les parezca inadecuada o el temporal excesivo para emprender reformas de más calado. Ante temas más espinosos se han fraguado consensos. Algunas iniciativas esbozadas por Salvador Illa y sus aliados con más visión de estado y responsabilidad social no se han concretado o lo hacen con demasiada lentitud, a juzgar por la pésima situación epidemiológica y social. Mientras, el virus sigue mutando. Lamentablemente, no muta el CI ni otras instituciones que serían eficaces. A menudo el CI actúa a martillazos, en vez de utilizar las finas jeringas políticas que sí, existen.

Gracias a la pandemia, los cambios políticos, jurídicos, culturales y técnicos que tenemos la obligación de hacer realidad son exigidos, más que nunca en los últimos cuarenta años, por más ciudadanos que nunca: puesto que para nosotros la pandemia es un proceso insólitamente devastador, muchos vemos que las instituciones tienen la obligación inexcusable de cambiar todo lo que ayude a controlar tanta destrucción pandémica. La obligación de evolucionar con celeridad desde unos marcos mentales, dinámicas sociales, instituciones y políticas –que son claramente obsoletas y dañinas– hacia otras más protectoras de la salud, la economía y la convivencia: más justas, eficientes y cívicas.

Excepto desde el inmovilismo negacionista, no se puede negar que vivimos un proceso histórico de una gravedad literalmente insólita: la mayoría nunca habíamos vivido uno tan terrible. Hoy tienen 90 años quienes tenían 8 al terminar la Guerra Civil en 1939 y la recuerdan. Aquella guerra fue muchísimo peor que lo de ahora, sin duda. Quedan pocos que la sufrieran. Es verdad que muchos otros, más jóvenes, recuerdan la infame posguerra, también mucho peor que lo que estamos padeciendo.

Deliberadamente, durante más de cuarenta años, el Ministerio de Sanidad ha contado con insuficientes recursos y voluntades para ejercer un liderazgo eficiente en los distintos niveles del estado: locales, autonómicos y supra-autonómicos (dejo de lado aquí lo supra-estatal y supra-europeo). Ello ha perjudicado de forma grave la salud y la economía de millones de personas y miles de empresas. Son los costes de la inacción.

La dañina debilidad del Ministerio y de las dinámicas de trabajo inter y supra-autonómicas deben verse como parte de un único proceso acaecido desde hace años: la interesada infrafinanciación de las instituciones de salud pública infrafinanciación–no solo de la sanidad asistencial– en todos los niveles de la administración. La pandemia lo ha hecho crudamente visible para todo el que quiera ver.

Esa debilidad hoy debemos subsanarla no en la dirección recentralizadora sino en la dirección de cooperación leal inter y supra-autonómica, de cogobernanza, federal. Primero, porque la oposición a la recentralización sería enorme y justificada. Ni siquiera Aznar, y no digamos Casado, se inmolaría en la sangría de votos que le representarían propuestas recentralizadoras. Y segundo –una razón todavía más sustancial, la que justifica cabalmente la oposición a la recentralización–, porque gran parte de la inteligencia y de la mejor praxis de la salud pública españolas ha estado y está en los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Suerte hemos tenido de ellas, a pesar de sus escasos medios.

Hace poco me han preguntado: "¿la pandemia nos enseña que el Ministerio de Sanidad tiene que tener más competencias?" No lo creo. El Ministerio debe tener más recursos para ejercer las competencias que ya tiene y no siempre ha podido o querido ejercer. Y el Estado debe tener instituciones federales mejor dotadas y eficientes. Federales: no "de Madrid", no del Gobierno "central", sino de todos, estatales. Imprescindibles cambios de mentalidades y políticas. Claro que lo que proponemos tiene peligros, solo faltaría que no los tuviera. Superemos los miedos con madurez, ahora. Cambiemos y vayamos corrigiendo lo que sea necesario. La alternativa es que nos intuben, y no siempre metafóricamente.

Ni el inmovilismo (la Constitución no se toca, etc.) es una opción constructiva, ni hay vuelta atrás, al infausto centralismo franquista.

Otro ejemplo potente: en contra de lo que dicen algunos extremistas de talente trumpiano, las flaquezas de órganos como el Consejo Interterritorial no son "de Madrid" o "del Gobierno central", sino de instituciones y aparatos de estado imprescindibles para desplegar políticas eficientes y solidarias en todos los niveles del Estado. Incluyo a las políticas sociales, la justicia, la educación, el medio ambiente... no solo a las políticas relacionadas con la epidemiología y la salud pública.

A ninguna comunidad autónoma le va mejor con una gobernanza estatal débil. Hoy –gracias a la pandemia– esto, trascendental, es más obvio que nunca: ninguna comunidad autónoma puede defender sola el bienestar de su gente. Hoy mucha más gente considera irresponsable y desastroso que una comunidad vaya por ahí (al CI, por ejemplo) a defender lo "suyo", cuando para ello necesita cooperar lealmente con las demás comunidades. Y cuando además su obligación es defender a la totalidad de la población y de la economía del estado. Todas y cada una de las comunidades tienen responsabilidades con otras comunidades. Y también con el nivel más que, el supra-autonómico.

Pues la pandemia no es el simple resultado de sumar el problema que con el covid-19 tiene cada una de las 17 autonomías. La pandemia es más que la suma y más que la multiplicación. Tiene una crucial dimensión supra-autonómica, estatal.

Cada comunidad autónoma debe asumir activamente las responsabilidades que tiene más allá de sus fronteras. Especialmente cuando se trata de microbios y de contaminantes ambientales, por ejemplo, como también de políticas sociales y unas cuantas más. De hecho, muchas de esas responsabilidades ya se ejercen, aunque aparecen poco en los discursos políticos; pues a menudo cooperan comunidades vecinas gobernadas por "marcas" electorales distintas.

Mentalidades, instituciones, políticas. Las instituciones estatales son para todos y de todos. Por coherencia con los efectos glocales (globales y locales) de su trabajo. Así el próximo Centro Estatal de Salud Pública, contemplado en la vigente Ley General de Salud Pública y ya presupuestado: una institución que no deber ser y puede no ser "de Madrid" sino estatal.

Por supuesto que no podemos convertir en sinónimos conceptos como "estatal" o "federal", que hay que trabajar en la nueva arquitectura constitucional. Y no solo en su anatomía sino, más aún, en su fisiología, en su funcionamiento, en los objetivos que deseamos alcanzar.

Ah, y no hace falta que uno se etiquete de federalista para que aprecie los beneficios de las instituciones que funcionan en un modo federal, inter- y supra-autonómico. Se pueden apreciar esos efectos y ser muy españolista o indepe o internacionalista o del Atletiindepe. O alérgico a las etiquetas y a las tribus. Marcos, mentalidades, políticas. Estructuras, dinámicas, efectos.

Cuanto más tardamos en cambiar las instituciones y su funcionamiento, más pobreza –de toda índole– acumulamos. Esto también lo ve bastante o mucha gente culturalmente enmarcada dentro de las derechas más responsables.

Realidades. La interdependencia interautonómica. La realidad supraautonómica (estatal, federal). La necesidad de cooperar –para lograr efectos positivos– en las redes y los flujos epidemiológicos y socioeconómicos inter y supra-autonómicos. La necesidad de que esa cooperación y lealtad se base técnicamente en y se impulse políticamente desde instituciones democráticas, justas y eficientes.

Instrumentos, redes, sistemas e instituciones para la articulación y la cooperación eficiente entre los distintos niveles de gobierno.

Muchas existen y funcionan, en contra de lo que a veces afirmamos los académicos, comentaristas y compañía. Echo en falta que el periodismo y la universidad y las propias instituciones concernidas informemos y analicemos mejor las experiencias que existen de cogobernanza y cooperación leal, vertical y horizontal.

Contra el encono trumpista, en España y allende, podemos seguir fortaleciendo las instituciones, aparatos y estructuras políticas, jurídicas y científico-técnicas. Para promover una cooperación inter y supra-autonómica más justa, leal y eficiente.

* Miquel Porta Serra es médico y epidemiólogo.* Miquel Porta Serra

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