"Los ancianos son vistos como vidas sin valor social. Eso es inmoral".
Adela Cortina.
Si algo nos ha sorprendido en esta pandemia ha sido la escasa preparación de nuestras sociedades desarrolladas, en las que la tecnología parecía situarnos a salvo, para hacer frente a una crisis sanitaria que diversos organismos como la OMS alertaban como muy posible desde hacía tiempo.
Nos ha sorprendido y nos interpela no solo por lo que hemos pasado sino también de cara al futuro, por lo que tiene de exigencia para realizar cambios importantes en todo aquello que hemos visto que ha fallado.
Entre las distintas manifestaciones de la crisis sanitaria, que por conocidas será sensato que prescindamos de citar, ha habido una prácticamente universal que ha afectado a la mayoría de los países, a saber: la propagación del covid-19 en las residencias. Nos ha sorprendido, en particular, la situación de fragilidad que se ha manifestado entre los mayores más vulnerables, que han sido víctimas propiciatorias de la covid-19. Del total de fallecidos, una tercera parte lo han sido en las residencias de ancianos.
Mortality associated with COVID- 19 outbreaks in care homes: early international evidence. (Last updated 21 May 2020). | Adelina Comas-Herrera y col.
Además, en algunas CCAA, primero Cataluña, luego la comunidad de Madrid, y probablemente otras, se han arrogado una capacidad de decisión sobre la accesibilidad del sistema en una crisis pandémica que va más allá de sus responsabilidades, que ha sido calificada de arbitraria e injusta, y que debería haber sido adoptada en el marco del Estado, previo informe del comité español de bioética y de otros informes de las sociedades profesionales respectivas.
No menos importante es que haya habido criterios de exclusión por edad o discapacidad, y que personas dependientes y terminales no fueran enviadas a los hospitales con la justificación de prevenir su colapso, lo que contraviene los convenios de derechos humanos y la legislación española y comunitaria.
Si además se ha adoptado una decisión diferente en relación con los ancianos con seguros privados, los principios de equidad y universalidad estarían también en cuestión. (Se están publicando datos de ancianos que tenían un seguro privado y salían de las residencias para ser atendidos en los hospitales). Las diferentes estadísticas aceptan que hace tiempo que se superó la cifra de 15.000 muertos en Madrid, de los que alrededor de 6.000 eran habitantes de residencias. Pues bien, menos de 1.000 personas mayores de 70 años ingresaron en UCI, la franja de edad que concentra la gran mayoría de fallecimientos.
El informe que el Comité de Bioética de España elaboró ante una posible situación de limitación de recursos, sobre priorización de medios sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus, es contundente en su punto 9.3: Cualquier criterio o protocolo que se adopte para racionar unos recursos escasos nunca puede aplicarse de manera mecánica o automática: todo ser humano tiene derecho a una consideración personal.
En esto coincide con el modelo para realizar triaje para la atención de pacientes con covid-19, creado por un equipo de la Universidad de Pittsburgh, que ha sido adoptado por varios Estados de EE. UU. Según este modelo, no se debería priorizar la atención por criterios como la edad o la discapacidad, ya que esto crearía la sensación de que algunas vidas no merecen ser salvadas. El consenso bioético, como explica Natalia Acevedo, investigadora de dicha universidad, es buscar una formula que combine más de un factor, salvando la mayor cantidad de vidas, dando importancia a todas las etapas de la vida.
Estado de Alarma
Por parte del Gobierno central, se ha hecho uso del Estado de Alarma para garantizar los principios incluidos en el Decreto, y se ha hecho según el siguiente texto: "Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio". En materia sanitaria se mantuvieron, pues, las competencias de gestión sanitaria de las comunidades autónomas. Y en relación con las residencias de ancianos, el Gobierno central ha actuado de respaldo de las competencias de servicios sociales de las comunidades, con tres medidas concretas: la desinfección por parte de la UME; el presupuesto extraordinario para la situación excepcional de las residencias, a gestionar por las CCAA; y la delegación en las mismas de la capacidad de intervención en las residencias privadas.
En esta cuestión no son aceptables ni la desprotección ni el abandono ni la inacción. Por eso, una vez visto lo que ha pasado, y porque lo cierto es que muchos ancianos fallecieron en las residencias abandonados por el sistema sanitario, es hora de investigar para no repetir errores en el futuro y proponer un nuevo modelo.
El archivo de la causa que relacionaba el 8M con la transmisión de la pandemia para acusar al Gobierno de pasividad prevaricadora, cuando no criminal, por razones ideológicas, ha mostrado el carácter perverso del intento de judicialización de la gestión política de crisis sanitaria. Esto es así, pero no debería significar pasar página del análisis imprescindible y de la rectificación de lo que pudo fallar, así como de aprender de las buenas prácticas, que seguramente también las hubo.
Valga ese recuerdo, introducido a modo de aparente digresión, para ilustrar que ese es nuestro espíritu al afrontar otro de los grandes debates públicos sobre la pandemia, como es su enorme incidencia en las residencias con resultados trágicos.
Primero hay que decir que el problema no ha afectado solo a nuestro país, ha sido general y, además, otros países ya habían experimentado los efectos letales de anteriores pandemias en las residencias de ancianos, entre ellos los países asiáticos, que han demostrado que se habían preparado para ello. Para nosotros tampoco ha sido una absoluta novedad, ya que la gripe A tuvo un impacto reseñable en los centros de mayores. Lo cierto es que la vulnerabilidad tiene que ver con personas ingresadas cada vez de mayor edad, pluripatológicas y polimedicadas, cuya expectativa media de vida no llega a los tres años. Por eso difícilmente se puede hablar solo de longevidad o envejecimiento activo sin introducir el término dependencia.
Otro de los factores a tener en cuenta es el incremento del negocio frente al derecho a la atención a la dependencia, con la presencia privada y la concentración cada vez mayor de fondos de inversión en el sector. Y no menos importante es el efecto de los recortes y la marginación de la atención primaria y su orientación comunitaria en el sistema sanitario, fundamental para la atención integral a los ancianos, además de los cuidados del personal social y sanitario de las propias residencias.
Ese es el conjunto de factores que componen el modelo actual y que deben someterse a evaluación y cambio a lo largo de los próximos meses, dentro de la Comisión de reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados.
Otra cuestión sobrevenida como hemos visto al principio del artículo, y muy importante, ha sido la existencia de protocolos de derivación de algunas CCAA para hacer frente al colapso de UCIs y respiradores. No porque no sea habitual en la atención del día a día el triaje y la evaluación del mejor tratamiento para cada paciente por parte de los profesionales sanitarios, sino por su carácter general y por la explicitación de criterios tan discutibles que han abierto el debate bioético y político.
Todo empezó en Cataluña, con un protocolo que introducía la selección por edad y por discapacidad y que fue contestado contundentemente por el Comité Español de Bioética, recordando la primacía de los derechos humanos y de los principios éticos.
Ahora sabemos que algo similar ocurrió en Madrid en el momento del colapso hospitalario, con indicaciones previas a determinadas residencias de ancianos para evitar el ingreso hospitalario en función de la edad y el grado de discapacidad y sin garantizar tampoco la atención médica requerida en las propias residencias, orden que no regía para los residentes que tuviesen un seguro privado.
Esta situación que hemos vivido requiere un debate y una decisión del máximo rango. No puede pasar por unos meros protocolos, diferenciados por CCAA o centros asistenciales, ni aunque estos cuenten con el máximo rigor científico y ético. Es imprescindible que el Gobierno, el Congreso de los diputados y las CCAA, como máximos representantes de la voluntad popular y la gestión sanitaria, tomen cartas en el asunto.
A continuación
Seguramente, lo primero sea coordinar la atención primaria con el sistema de residencias, y eso requiere la contratación de personal de enfermería y médicos.
La identificación de contagios en un primer momento y el rastreo rápido de contactos van a ser fundamentales para que no vuelvan a producirse las cifras de afectados entre estos colectivos, tan vulnerables porque la letalidad es más elevada entre la población de mayor edad. La incapacidad del sistema sanitario para identificar los casos en los primeros momentos de la pandemia fue una de las causas más importantes de la gran extensión que alcanzó la misma y lo que, por consiguiente, impidió tomar medidas a tiempo en las residencias.
Se supone que algo habremos aprendido. Pero... a lo mejor... cuando podamos al fin mirar hacia atrás, y veamos que todo haya pasado, aunque las cosas no vuelvan a ser en mucho tiempo como eran antes, y la memoria nos diga que lo que ha sucedido ha sido un escándalo, puede que nos demos cuenta de que no hemos aprendido nada. Será el momento de dar la batalla contra las inercias y las fuerzas reaccionarias, muy poderosas, que sin importarles nada de lo que ha pasado, seguirán buscando el negocio fácil y el beneficio rápido. Mientras tanto, conviene recordar algunas señales de alarma, anteriores a la actual crisis sanitaria. La fundamental ha sido la crisis de salud pública y sus consecuencias sanitarias y sociales. Además, nuestra inversión en educación y en I+D no ha recuperado todavía los niveles (que ya eran bajos) de antes de la crisis de 2008, y los laboratorios de investigación han estado cerrados durante el Estado de Alarma; o sea, la educación y la investigación continúan en un segundo plano. No menos importante: aunque la ciencia ha recuperado su sitio en el mundo frente al negacionismo, al igual que la necesidad de dotarnos de una capacidad industrial autónoma para el abastecimiento de los productos esenciales, en nuestro país mantenemos un modelo productivo de trabajos precarios de temporada.
Al otro lado del mundo, en los países asiáticos, estaban preparados cuando les llegó el virus. Y lo estaban porque vivieron el SARS y el MERS y desde entonces mantienen sistemas de control muy bien trabajados. Es más que probable que, para nuestra desgracia, después de este apagón planetario, como dice el maestro de columnistas, "la técnica digital le habrá doblado el codo al mundo analógico y la vida humana comenzará a funcionar definitivamente como una aventura virtual". Lo que no sabemos es si vamos a salir mejores de esta pandemia, como muchos se están preguntando, pero, al menos, ¿estaremos preparados para la próxima?
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Gaspar Llamazares Trigo es médico y analista político y Miguel Souto Bayarri es médico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela
"Los ancianos son vistos como vidas sin valor social. Eso es inmoral".