Unos 250 interinos han presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados del Tribunal Supremo por haberse pronunciado sobre la interinidad desoyendo lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según informa EFE.
La querella, fechada el pasado mes de junio y a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra cinco magistrados de la sección 4ª de la sala de lo contencioso administrativo, firmantes de sendas sentencias sobre la posibilidad de que los interinos se conviertan en fijos sin pasar por un proceso selectivo.
A comienzos de este año, la sala de lo contencioso reiteró que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley.
En su exposición de argumentos, la Sala aseguraba que su criterio no se opone a la directiva europea aplicable ni al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2024.
El TJUE avaló entonces convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
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Los 250 interinos que han presentado la querella señalan que estos cinco jueces, con un afán voluntarista, personal y ajeno a Derecho" y en contra de lo que manda la directiva europea aplicable y lo que establece el TJUE, "hacen su propio camino” en contra de lo que les resulta exigible.
Los querellados no han respetado "ni la legalidad que les vincula, ni las resoluciones vinculantes del TJUE en la materia objeto de controversia y, con pleno conocimiento de su actuación, dictan resolución injusta contraria a las mismas, anteponiendo su voluntad personal a la voluntad de la Ley", explica la querella de 68 páginas. Todo ello "sin duda configura el tipo de la prevaricación", añade el texto.
El pasado 7 de julio, la Comisión Europea dio luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, cuya cuantía redujo en 1.100 millones de euros por incumplimiento de algunos compromisos, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios. En concreto, descartó el desembolso de 627 millones por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público.
Unos 250 interinos han presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados del Tribunal Supremo por haberse pronunciado sobre la interinidad desoyendo lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según informa EFE.